Responsabilidad patrimonial..

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TEMA 7. 1. REGULACIÓN ACTUAL


Artículo 9.3 CE proclama responsabilidad de poderes públicos y art.
106.2 CE dispone que particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo casos de fuerza mayor, siempre que lesión sea consecuencia del funcionamiento de servicios públicos. //Art. 149.1.18ª reserva a favor del Estado para determinación del sistema de responsabilidad patrimonial de todas las AAPP. Desarrollado en arts. 139 a 146 de la Ley 30/1992. Su desarrollo reglamentario está constituido en Reglamento aprobado por RD 429/1993.//Las Corporaciones Locales, Ley de Bases del Régimen Local establece que: las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de actuación de sus autoriades, funcionarios o agentes.

II. REQUISITOS PARA LA EXIGENCIAS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN


A) IMPUTACIÓN DEL DAÑO A UNA AP

Administración puede responder tanto por resultados lesivos que se deriven de acción como de una omisión administrativa. En primer caso es origen de responsabilidad de actividad jurídica (acto administrativo) y en actividad de carácter material (la prestación de un servicio público).

Cuando el origen está en omisión, puede tratarse de inactividad material o formal. Ejemplo: omisión de deberes de inspección o deberes de vigilancia.

B) EXISTENCIA DEL DAÑO

Daño obliga a Administración a indemnizar al particular ha de ser real efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo. No son indemnizables los daños futuros, no hipotéticos o meramente posibles.

C) RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Responsabilidad de Administración requiere que el origen del daño esté conectado con organización administrativa. Que daño está causado por cualquier persona que actúe en nombre de la Administración, sea una autoridad, empleado público... La intervención de un tercero, culpa exclusiva del propio perjudicado puede dar origen a la existencia de responsabilidad concurrente o exoneración de responsabilidad de Administración.

Para que conducta indebida del perjudicado pueda tener virtualidad, bien para enervar relación de causalidad exigible (caso de ser única directa eficiente del evento dañoso), bien para concurrir como concausa (si existe pluralidad de causas con análoga influencia en la producción del daño) exige suficiente relevancia en el proceso generador del daño, y concurrencia conste de manera inequívoca.

JURISPRUDENCIA STS DE 3 DE Mayo DE 2011


Nos habla de la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere conforme art. 139 LRJAPAC:
a) efectiva realidad del 121 daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado.
b) que daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto.
c) Ausencia de fuerza mayor.
d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.

Jurisprudencia de esta sala insiste “no todo daño por administración ha de ser reparado, tendrá consideración de auténtica lesión resarcible, aquella que reúna calificación antijurídica, en el sentido de que particular no tenga el deber jurídica de soportar daños derivados de la actuación administrativa” También en reiterada jurisprudencia manifiesta viabilidad de nexo causal entre funcionamiento normal o anormal del servicio público y resultado lesivo. //Se repite jurisprudencia que apreciación del nexo causal entre la actuación de la administración y el resultado dañoso, o la ruptura de mismo, es una cuestión jurídica revisable en casación, tal apreciación ha de basarse siempre en hechos declarados probados por Sala de Instancia, salvo que hayan sido correctamente combatidos por haberse infrinjido normas, jurisprudencia o principios generales del derecho al valorarse las pruebas, o por haber procedido, al haber la indicada valoración de manera ilógica, irracional o arbitraria.

1) DAÑO No existe responsabilidad si no se ha llegado a producir daño aunque concursen todos los demás requisitos

2) ANTIJURICIDAD. EN GENERAL STS 18 DE Diciembre DE 2009


Aquí reiterada jurisprudencia entre la que se nincluye la invocada por Admi recurrente, de la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuricidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio publico y el resultado lesivo o dañoso producido. La consecuencia es antijuricidad del resultado o lesión lo relevante para declaración de responsabilidad patrimonial imputable a la administración.

STS 23 DE Noviembre DE 2010

no es antijurídico el daño que deriva de la anulación por Tribuanl de una resolución administrativa de otorgamiento de una administración de loterías por lo que no son reparables dichos daños.

3)DEBER JURÍDICO DE SOPORTAR EL DAÑO. OBLIGACIÓN DE SOPORTAR EL DAÑO SUFRIDO NO PEDE IMPUTARSE A LOS PERJUDICADOS CUANDO ESTOS NO TIENE EL DEBER JURÍDICO DE SOPORTARLO.

STS 29 Noviembre DE 2011


En sentencia TS de 18 de Mayo de 2010 se reproduce la doctrina contenida en STS de 4 Junio de 2002, que estima la pretención ejercitada. Se insiste en que “EN supuestos similaresal que ahora analizamos, se declara que obligación de sopotar individualmente el daño sufrido no puede imputarse a los perjudicados cuando estos no tienen deber jurídico de soportar los riesgos derivados de los inevitables fracasos penitenciarios sino deben ser compartios en virtud del principio de la solidaridad por el conjunto de la sociedad que sufraga el gasto público, ya que lesión causada al paticular se asimilaría a obligación pública.

EN CASOS DE CAÍDAS HAY QUE VALORAR LA CONDUCTA DEL PERJUDICADO. STS DE 24 Junio DE 2009


Exoneración de responsabilidad para administración cuando es conducta del propio perjudicado la determinante del daño producido, circunstancia que cabe consideraren el presente caso. Ninguna objeción se formula con eficacia casacional en el presente recurso por parte de la actora.





4) ANULACIÓN DE UN ACTO. NO BASTA ANULACIÓN DE ACTO PARA TENER DERECHO A INDEMNIZACIÓN STS 8 DE Junio DE 2011


El art. 142.4 de Ley 30/92 afirma que “anulación en vía adva o por orden jurisdiccional contencioso-advo de actos o disposiciones advas no presupone derecho a indemnización”, no basta anulación de acto solo procederá cuando anulado el mismo concurran todos los requisitos que ley exige para declarar responsabilidad patrimonial de admon,. Según art. 142.4 30/92 regla general es la que ha de mediar la anulación del acto para proceder declarar la responsabilidad patrimonial. Antijuricidad se refería a producción de determinados efectos en esfera patrimonial del admnistrado repecto de los cuales pudiera afirmarse que no existe deber jurídico de soportar. En consecuencia entablar acción de responsabilidad patrimonial frente a admon autora de ese acto, siempre que la ejercite dentro del año desde que se produjo el acto que motive la reclamción de la indemnización.

Nos encontramos con la STS 16 DE Septiembre DE 2009, que habla de la NECESIDAD DE VALORAR CRITERIOS DE DISCRECCIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN A LA HORA DE DICTARSE RESOLUCIONES POSTERIORMENTE ANULADAS QUE DIERON LUGAR A LA RECLAMCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

III ELEMENTOS SUBJETIVOS


A) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


Será responsable admon pública a la que sea imputable la lesión patrimonial, incluyendo las entidades que se citan en art. 2.2 30/92. En caso ded responsabilidad concurrente, diversas administraciones intervinientes responderán de forma solidaria (art. 140)

B) ÓRGANOS ADVOS:


30/92 “ los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro respectivo, el Consejo de Ministros si así lo dispone una ley o por órganos correspondientes de CCAA o entidades que interan Admón local. Cuando su norma de creación así lo determine, reclamación se resolverá por los órganos que correspondan de las entidades de Dº Público a que se refiere art. 2.2 de esta ley y art. 142.2

C) INTERESADOS


Derecho a indemnización aquel que hubiese sufrido el daño art. 139.1, quien está legitimado incoar el procedimiento de reclamación pudiendo también hacerlo e oficio, la propia admón art. 142.1

IV ELEMENTOS OBJETIVOS


A) ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD


Se implanta un sistema de responsabilidad objetiva explicado en art. 2.1 RPRP, dispone que las AAPP reconocerán el derecho a indemnización de los particulares: por lesiones que aquellos sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que sean consecuencia del funcionamiento normal o anormal de servicois públicos, salvo casos de fuerza mayor o daños que particualr tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.

B) PLAZO PARA RECLAMAR:


ley establece plazo de prescripción, no de caducidad, al señalar que derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse en su efecto lesivo art. 142.5

En la Regla general el plazo se computa a partir del día siguiente al del hecho de la manifestación de efecto lesivo. Sin embargo, hay casos especiales:




a) previsto art 142. 4 anulación de un acto o disposición por razón de su fondo o forma, derecho a reclamar prescribe al año de haberse dictado sts definitiva

.B)

hechos determinantes del daño han dado lugar a un proceso penal, el plazo no empieza a correr hasta que termine el mismo.
c) en casos de carácter o psíquico a las personas, el plazo a correr hasta la curación o la determinación del alcance del alcance de las secuelas (art. 142.5)
d) reglas de valoración: indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose valoraciones predominantes en el mercado art. 141.2

INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DEL ART 142.5 DE LA LEY 30/92, CUANDO SE INSTRUYE UN PROCESO PENALSOBRE LOS MISMOS HECHOS DETERMINANTES DE LA RESPONSABILIDAD ADVA. STS 16 NOV DE 2011.

Cuantía se calculará con referencia al día en que lesión se produjo sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento y de intereses por demora e pago art. 141.3

Indemnización podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte mas adecuado para lograr reparación debida y convenga al interés público siempre que exista acuerdo con el interesado art. 141.4

VALORACIÓN DE LOS DAÑOS


STS 7 DIC DE 2011. Aquí se afirma que sistema lega de valoración de daos y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, no es de aplicación obligada a los que dimanan del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sus criterios tienen valor orientativo y no vinculante en procesos de reclamación de responsabilidad patrimonial de AAPP.

STS 29 DE NOV DE 2011


Aquí abordamos la restante cuestión que suscitaba el motivo de casación, propone recurso que indemnización debiera reducirse en 2 conceptos o partidas y excluir otra tercera. Criterio genral de valoración de daños que recoge jurisprudencia indicada es cuestión de hecho excluida de control en vñia casacional fuera de la invocación de infracción de preceptos sobre prueba tasada o se trate de una valoración absurda o arbitraria o se haya omitido algún concepto indemnizatorio sin que se justifique la cantidad señalada como indemnización por conceptos tenidos en cuenta.

EN RELACIÓN A LOS DAÑOS MORALES ES PRECISA UNA CIERTA JUSTIFICACIÓN STS 24 DE NOV DE 2009


Aunque daño moral al no haber sido objeto, de un sistema de tasación legal, que nopuede calcularse directa o indirectamente mediante referencias pecuniarias, que aunque no esrevisable en casación modificar el quantum indemnizatorio fijado por la sala de instancia, salvo que concurran especialísimas circunstancias demostrativas de un ostensible y mnifiesto error del tribunal.

V. RESPONSAILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR ANULACIÓN DE ACTOS ADVOS


Al tiempo de examinar la eventual responsabilidad de Admon derivada de anulación de actos o resoluciones administrativas, legislador establece una específica regulación en art. 142.4 ley 30/92. Se constituye el punto de partida en el examen de la responsabilidad de las AA por actos declarados ilegales.


Este precepto señala que anulación en vía adva o jurisdiccional de actos advos “ no presupone” el derecho a indemnización. Para e TS este precepto solo dice que “no presupone”, que no se da por por supuesto el derecho a la indemnización lo que implica tanto como dejar abierta la posibilidad de que, no siendo presupuesto “sea o no supuesto del que sigan efectos indemnizaorios si concurren requisitos establecidos.

Jurisprudencia abre posibilidad a la declaración de responsabilidad patrimonial de la admon en los supuestos de anulación de actos y disposiciones advas, exigirá en todo caso un examen del caso concreto.

En años 80 TS recogíó lo que se denomina la “doctrina el margen de tolerancia”, el cual distinguía y graduaba supuestos según que la nulidad de los actos fuese manifiesta o simple.

Éste es el supuesto resuelto de la STS TS de 10 de Junio de 1986, que desestimó el recurso interpuesto pero TS anuló denegación y declaró el derecho de la recurrente a obtener la licencia. Otra STS considera que no da lugar a indemnización puesto que cuando la ilegalidad no es manifiesta es susceptible de la exoneración de la responsabilidad patrimonial de la admnistración; jusrisprudencia abunda en la tesis liberatoria de la responsabiliad patrimonial de no concurrir una gran desatención normativa, ausente en el marco de la compleja problemática urbanística en el recurso.

TRIBUNAL SUPREMO SE LE PODRÍA EFECTUAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:


Criterio de la culpa en el actuar de la Admon al dictar el acto no puede interpretarse como contrario a art. 106.2 CE, ya que este precepto no consagra un sistema objetivo o subjetivo de responsabilidad patrimonial, sino un derecho indemnización de configuración legal abstracto remitiendo al legislador términos en que puede ser exigido tal derecho. Pero, la doctrina del margen de apreciación resulta contraria a la propia doctrina del TS que interpreta responsabilidad prevista en art. 139 y ss 30/1992.

TS deja patente que no por ello la anulación de un acto advo da lugar siempre al derecho de indemnización sino que es necesario que se den los requisitos establecidos en la ley significa concurrencia de un daño, relación causal y que se trate de una lesión antijurídica que particular no tenga deber jurídico de soportar. En torno a este último requisito, lesión antijurídica va a girar el sistema de responsabilidad patrimonial por anulación de actos advos.

TS distingue entre potestades discrecionales o regladas a partir de STS 5 de Febrero de 1996, que trata del ejercicio depotestades discrecionales la admon puede optar entre diversas alternativas, indiferentes y jurídicamente sin más límite que la arbitrariedad. El art. 9 CE dice que si nose dispone de margen de apreciación, limitándose a ejecutar los dcitados del legislador. Grupo en el que se habrá discernir entre actuaciones enlas que la predefinición agotadora alcanza todos los elementos de proposición normativa y las que, impelen a la admon a alcanzar en el caso concreto la única solución justa posible mediante la valoración de circinstancias concurrentes, para cmprobar si a la realidad sobre la que actúa le conviene la proposición normativa delimitada de forma imprecisa. Si solución adoptada se produce dentro de los margenes de lo razonable, administrado queda compelido a soportar consecuencias perjudiciales que ara su patrimonio jurídico derivan de la actuación adva, desapareciendo antijuricidad de la lesión.


Añade que resulta posible tenga que compensar al afectado con cargo a los presupuestos público. En definitiva, para apreciar detrimento patrimonial supone para un administrado el funcionamiento de determinado servicio público resulta antijurídico ha de analizarse la índole de la actividad advay si responde parámetros de racionalidad exigibles. Si pese a su anulación, decisión adva refleja una interpretación razonable de las normas que aplica, enderezada a satisfacer fines para atribuirle la potestad que ejercita.

TS pasa delmargen de la tolerancia a margen de apreciación en ejercicio de potestades advas, significa desplazar el debate del análisis de la actuación de la admon al deber jurídico de soportar, la no responsabilidad objetiva ni automática derivada de la anulación de actos y disposiciones advas, mediante la aplicación de criterios subjetivas.

Responsabilidad no se comporta como un régimen de responsabilidad objetiva o resultado, desvinculado de la normalidad o anormalidad de los servicios píblicos, en el que baste la mera declaración de ilegalidad del acto, pues TS acoge, la doctrina de margen de apreciación.

Carácter objetivo de responsabilidad de admón al tiempo que la exonera de responder por haber actuado dentro de lo razonable. No puede afirmarse que el daño derivado de un acto contrario a derecho y anulado jurisdiccionalmente no sea antijurídico.

Margen de apreciación, división de opiniones encontrando autores que la critican por resultar contraria a responsabilidad objetiva declarada TS, y autores críticos con el sistema de la responsabilidad objetiva que la acojen favorablemente.

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN


PROCEDIMIENTO GENERAL:


El Reglamento de Procedimiento de AAPP en materia de Responsabilidad Patrimonial de 26 de Marzo de 1993, regula un “Procedimiento General” y un “Procedimiento Abreviado”. También regula “Procedimiento en caso de responsabilidad concurrente, así como “Procedimiento para exigir responsabilidad de autoridades y funcionarios”

FASES:


A) INICIACIÓN:


art. 142.1 procedimientos de responsabilidad patrimonial se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados”.

De oficio establece que el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concedíéndoles plazo de 7 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos e informaciones estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para reconocimiento del mismo art. 5.3 RPRP.

El escrito de reclamación, cuando expediente se inicia por los interesados, debe especificar lesiones producidas, la relación de causalidad, la evaluación económica de la responsabilidad y el momento en el que se produjo art. 6.1 RPRP.

B) INSTRUCCIÓN:a) Regla General:


órgano ante el que se tramite el procedimiento realizará los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos art. 7 RPRP. Art. 8 RPRP, prevé acuerdo indemnizatorio en que órgano competente, acordará con interesado la terminación convencional del procedimiento. Si interesado aceptare términos de la propuesta, pasará directamente a la fase de Terminación del procedimiento.


B) Práctica de pruebas:


en plazo de 30 días se procederá a practicar pruebas pertinentes. Sólo se rechazará mediante resolución motivada. Art. 9

C) Trámite de audiencia:


instruido el expediente y antes de redactarse propuesta de resolución, se pondrá aquél de manifiesto a interesados, por un plazo no inferior a 10 ni superior a 15 días. Dentro de dicho plazo, interesado propone órgano instructor una terminación convencional, fijando términos del acuerdo que estaría dispuesto a suscribir. Art. 11

D) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de C.A

En C. Valenciana, dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la C. Valenciana, regulado Ley 10/1994. Exige dictamen preceptivo en reclamaciones por cuantía superior a 15.000 euros.

Ley Orgánica reguladora del Consejo de Estado exige preceptividad de dictamen en relación con reclamaciones por importe superior a 50.000 euros.

C) TERMINACIÓN: Procedimiento admite 3 formas de terminación:

- normal:

se pronunciará necesariamente sobre la existencia o no de la relación de causalidad, y sobre la valoración el daño causado y cuantía de indemnización. Art. 13.2 RPRP

- anormal:

con arreglo a la ley, casos de desistimiento y renuncia y por caducidad.

- silencio

Art. 13 de la ley 30/92, con plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento para que, deba entenderse que la misma es contraria a conceder indemnización.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO


Tanto la Ley como RPRP contemplan la posibilidad de un Procedimiento Abreviado: “ a la vista de las actuaciones practicadas, el órgano instructor entienda que son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización” art. 14.1 RPRP.

El órgano instructor podrá acordar de oficio el procedimiento abreviado, antes del trámite de audiencia, regirá por lo dispuesto en Cap. III del RPRP y cuyas notas específicas son:


- plazo para trámite de audiencia será de 5 días como máximo.

- plazo máximo para emisión de dictáMenes es de 10 días.

- plazo para terminación del procedimiento por silencio advo es de 30 días desde su iniciación. Se entiende también aquí como silencio negativo.

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