Quórum de constitución reforzado en casos especiales limitadas

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Presentación Y Transmisión DE ACCIONES Y DE PARTICIPACIONES SOCIALES

  1. Formas de representación y de transmisión de las acciones

La LSC establece que las acciones podrán estar representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta, indicando que en uno y otro caso tendrán la consideración de valores mobiliarios (art. 92). En principio cualquier sociedad anónima puede optar libremente por uno u otro sistema haciendo constar en sus estatutos la modalidad escogida (art. 24 LSC) salvo las sociedades cotizadas que por razones de índole práctica están obligadas a representar sus acciones mediante anotaciones en cuenta (art. 496.1 LSC).

Las acciones representadas por medio de títulos pueden ser nominativas que son las expresan directamente el nombre d3e la persona a quien corresponde la acción o al portador en cuyo caso el titular será el simple poseedor del documento. La sociedad puede elegir entre una u otra forma de representación, salvo que se encuentre con alguno de los casos en que la LSC impone la nominatividad que son: cuando las acciones no estén íntegramente desembolsadas, cuando su transmisibilidad esté sujeta a restricciones, cuando lleven aparejadas prestaciones accesorias o cuando así lo exijan disposiciones especiales en atención al objeto a que se dedican las correspondientes sociedades (bancos, sociedades de seguros, deportivas, sociedades profesionales, etc…)

Las acciones representadas por títulos nominativos deben figurar en un libro -  registro llevado por la sociedad en el que se inscribirán las sucesivas transferencias y la constitución de derechos reales u otros graváMenes sobre ellas (art. 116 LSC). La inscripción no tiene efectos constitutivos, al no exigirse para la valida transmisión de las acciones sino de mera legitimación pues la sociedad solo puede considerar accionista y permitir el ejercicio de los derechos atribuidos por la acción a quien se halle regularmente inscrito en dicho libro (art. 1162 LSC).

La segunda modalidad de representación de la acción es la anotación en cuenta; sistema regulado con carácter general por la ley de mercado de valores (arts. 5 a 12). En este caso el derecho de participación en la sociedad anónima se representa mediante su anotación en un registro contable informatizado de cuya gestión se encarga una entidad especializada. La legitimación para el ejercicio de los derechos correspondientes a la condición de socio viene aquí determinada por la


inscripción en el registro, presumíéndose titular legitimo a la persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable.

  1. LA Acción COMO OBJETO DE DERECHO REALES


Copropiedad de la acción y de la participación social

En caso de copropiedad sobre una o varias o acciones o participaciones los copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones (como podría ser la obligación de desembolso o las eventuales prestaciones accesorias) se deriven de esta condición (art. 126 LSC).

  1. Usufructo de acciones y de participaciones sociales


Respecto al usufructo, la LSC regula principalmente la posición jurídica del usufructuario y del nudo propietario frente a la sociedad:

  • Parte del principio de que en caso de usufructo la calidad de socio reside en el nudo propietario pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo. Salvo disposición contraria de los estatutos el ejercicio de los demás derechos del socio correspondiente al nudo propietario (art. 127.1).
  • El ejercicio del derecho de suscripción preferencia en los casos de aumento de capital corresponde en principio al nudo propietario pero el artículo 129 de la LSC ha establecido una serie de matizaciones respecto a este punto:
  • Si el nudo propietario no hubiere ejercitado o enajenado el derecho de suscripción preferente diez días antes de la extinción del plazo fijado para su ejercicio estará legitimado el usufructuario para proceder a la venta de los derechos o a la suscripción de las acciones o participaciones.
  • Si el propietario ejercita el derecho de suscripción preferente o enajenación ese derecho el usufructo se extiende sobre las nuevas acciones o participaciones o sobre el importe obtenido por la enajenación.
  • Si durante el usufructo se aumentase el capital con cargo a los beneficios o reservas constituidas durante el mismo las nuevas acciones o participaciones corresponderán al nudo propietario pero se extenderá a ellas el usufructo.
  • En la sociedad anónima el usufructuario tendrá los mismos derechos en los casos de emisión de obligaciones convertibles en acciones de sociedad.

Prenda de acciones y embargo de acciones y participaciones


En caso de prenda de acciones o de participaciones corresponderá a su propietario salvo disposición contraria de los estatutos, el ejercicio de los derechos de socio quedando obligado el acreedor pignoraticio a facilitar el ejercicio de estos derechos (art. 132.1 LSC). Si el propietario incumpliese la obligación de desembolso pendiente, el acreedor pignoraticio podrá cumplir por sí esta obligación o proceder a la realización de la prenda (art. 132.2 LSC). Las normas sobre la prenda de acciones se aplicaran por analogía al caso del embargo (art. 133 LSC).

NEGOCIOS SOBRE LAS PROPIAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES


Adquisición originaria de acciones y de participaciones propias


En este punto la regla general es que las sociedades de capital no podrán asumir o suscribir sus propias participaciones o acciones ni las creadas o emitidas por su sociedad dominante (art. 134 LSC). No obstante la infracción de esta prohibición conlleva consecuencias distintas  según se trate de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima:

En la sociedad de responsabilidad limitada la adquisición originaria de participaciones propias o de participaciones o acciones de la sociedad dominante será nula de pleno derecho (art. 135).

En la sociedad anónima las acciones suscritas infringiendo la prohibición del articulo 134 pasan a ser propiedad de la sociedad suscriptora (art. 136). Además, la LSC establece una norma especial con el fin de determinar las personas sobre las que recae la obligación de desembolsar las acciones suscritas y distingue los siguientes casos:

  • Cuando se trate de suscripción de acciones propias la obligación de desembolsar recaerá solidariamente sobre los socios fundadores o los promotores y en caso de aumento de capital social sobre los administradores.
  • Cuando se trate de asunción de participaciones sociales o de suscripción de acciones de la sociedad dominante la obligación de desembolsar recaerá solidariamente sobre los administradores sociales adquirente y los de la sociedad dominante (art. 136).
  • En el caso de que la asunción o suscripción haya sido realizada por persona interpuesta los administradores promotores y en su caso los administradores responderán solidariamente del desembolso de las acciones suscritas (art. 137). Con ello se garantiza la correcta integración del capital evitándose que la liberación de acciones se realice con cargo al patrimonio social.

En cuanto a las consecuencias de infracción dispone el artículo 139 LSC que las participaciones y las acciones adquiridas por la sociedad anónima de forma originaria infringiendo la prohibición absoluta prevista en el artículo 134 de la Ley deberán ser enajenadas en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de la primera adquisición. Transcurrido este plazo sin que hubiera tenido lugar la enajenación los administradores procederán de inmediato a convocar junta general para que acuerde la amortización de las acciones propias con la consiguiente reducción del capital social.

Adquisición derivativa de acciones y de participaciones propias


En relación con los supuestos de adquisición derivativa de acciones  y participaciones propias o de la sociedad dominante la LSC también establece una regulación diferenciada para las adquisiciones realizadas por sociedad de responsabilidad limitada o por sociedad anónima:

Adquisiciones derivativas condicionadas


A diferencia de la adquisición original la LSC admite la adquisición derivativa de sus propias acciones y las participaciones creadas o las acciones emitidas por su sociedad dominante, bajo ciertos límites y requisitos (art. 146).

  • La adquisición deberá haber sido autorizada mediante acuerdo de la junta general de la sociedad (para la adquisición de acciones de la sociedad dominante la autorización deberá proceder tanto de junta general de la sociedad filial adquirente como de la dominante) por medio de acuerdo que contenga las menciones que exige la Ley en cuanto al número de acciones el precio y el plazo en que deberá llevarse a cabo la adquisición que no podrá exceder .

de cinco años.

  • El valor nominal de las acciones adquiridas, sumándose al de las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales, y en su caso. La sociedad dominante y sus filiales no podrán ser superior al veinte por ciento del capital social. Cuando las acciones estén admitidas a cotización en su mercado de valores ese límite se reduce al diez por ciento (art. 509 LSC).
  • Que la adquisición se haga con medios libres es decir que no produzca el efecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles.
  • Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas ya que será nula la adquisición por la sociedad de acciones propias parcialmente desembolsadas, salvo que la adquisición sea a título gratuito y de las que lleven aparejada la obligación de realizar prestaciones accesorias.
  • Adquisiciones derivativas libres. En ciertas circunstancias la Ley autoriza que una sociedad adquiera sus propias acciones o las participaciones a acciones de su sociedad dominante sin la necesaria observancia de los límites y requisitos ya indicados (art. 144 LSC). La libre adquisición de acciones queda autorizada en los siguientes casos:
  • Cuando las acciones propias se adquieran en ejecución de un acuerdo de reducción del capital adoptado por la junta general de la sociedad.
  • Cuando las acciones formen parte de un patrimonio adquirido a titulo universal
  • Cuando las acciones que estén íntegramente liberadas sean adquiridas a título gratuito.
  • Cuando las acciones integralmente liberadas se adquieran como consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad frente a su titular.

Las acciones o participaciones adquiridas conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 deberán ser enajenadas en un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de adquisición, salvo que previamente hubieran sido amortizadas mediante reducción del capital social o que  sumadas a las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales y en su caso la sociedad dominante y sus filiales no excedan del veinte por ciento del capital social o del diez por ciento si se trata de acciones admitidas a negociación bursátil (art. 145 LSC).

CONVOCATORIA

La competencia para convocar junta es de los administradores lo cual harán siempre que lo consideren conveniente para los intereses de la sociedad y en todo caso en las fechas o periodos que determinen la ley a los estatutos.

Convocatoria por minoría


Los socios que represente al menos un cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se convoque junta especificando los asuntos a tratar en el orden del día de la misma debiendo los administradores acceder a tal petición realizando la pertinente convocatoria en el plazo de dos meses a partir de requerimiento notarial recibido. Los administradores podrán aprovechar para incluir otros asuntos distintos a los propuestos por los socios solicitantes pero en todo caso habrán de respetar los asuntos contenidos en el requerimiento original.

Convocatoria judicial


Si los administradores desatienden la solicitud anterior, podrán entonces el juez de lo mercantil del domicilio social realizar la convocatoria. Asimismo, cuando no convoquen dentro de los plazos prestablecidos, junta general ordinaria u otras juntas generales, de acuerdo con lo previsto en la ley o en los estatutos de la sociedad podrá igualmente convocar el juez, a petición en este caso de cualquier socio.

En los casos de convocatorio judicial se prevé la audiencia de los administradores con el objeto de que de acuerdo con su testimonio el juez pueda apreciar si existían o no causas fundadas para no convocar en plazo o en su caso la regularidad del requerimiento efectuado por la minoría.

Si finalmente procede la convocatoria judicial, el juez resolverá en el plazo de un mes desde que fuera formulada la solicitud designando libremente en el caso de acordar convocatoria al presidente y al secretario de la junta. Los gastos de celebración de la junta correrán en cargo de la sociedad.

Convocatoria en caso especial


Si el órgano de administración no pudiese funcionar adecuadamente (muerte del administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, etc.) .


cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. En estos casos especiales y a este único efecto se flexibiliza el régimen de actuación del órgano de administración, permitíéndose que cualquiera de los administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo pueda convocar junta general con ese solo objeto.

Forma y plazo de la convocatoria

Se ha flexibilizado la forma de convocatoria, permitiendo que esta se realice mediante anuncio publicado en la web de la sociedad, siempre y cuando la referida página cumpla con las garantías previstas en el art. 11 bis del TRLSC. Esta posibilidad supone un importante ahorro de costes para las sociedades ya que en los supuestos en que no se pueda acudir a este mecanismo de publicación, el TRLSC sigue exigiendo que la convocatoria se publique en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia en que este situado el domicilio social.

Si se contempla en los estatutos sociales se pueden sustituir las formas estudiadas por una convocatoria realizada a través de cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al afecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. Esta posibilidad resulta poco operativa para aquellas sociedades cuyo capital social se encuentre repartido entre un ingente número de socios, aunque por el contrario resultara muy útil para sociedades de dimensión modestas.

Los estatutos podrán reforzar los mecanismos de publicidad previstos en la ley imponiendo a la sociedad la gestión telemática de un sistema de alerta a los socios de los anuncios de convocatoria insertados en la web de la sociedad.

Los plazos entre la convocatoria y fecha de celebración varían según el tipo social, siendo al menos de 1 mes para la SA y de 15 días para las SRL. Si la convocatoria se comunicara individualmente a cada socio el plazo se computara desde la fecha en que se envió la última de las comunicaciones.


ASISTENCIA, Presentación Y VOTO

Asistencia


Todos los socios tienen derecho a asistir a la junta sin que exista posibilidad de limitación a través de los estatutos en la SA se podrán establecer dos tipos de limite en función, bien del número mínimo de acciones poseídas, bien del tiempo previo en el que al accionista se le exige legitimar su condición frente a la sociedad

No obstante en ambos casos existe4n límites legales que evitan que de facto se pueda impedir la asistencia a la mayor parte de los accionistas. Así nuca se podrán exigir porcentajes superiores al uno por mil de capital social ni demandar legitimaciones anticipadas con antelaciones superiores a 5 días.

Para los administradores de la sociedad es un verdadero deber relacionado sin duda con su condición orgánica de representación y gestor de la sociedad. Además los estatutos podrán permitir u ordenar la asistencia de técnicos y directivos y el propio presidente de la junta podrá autorizar la asistencia de aquellas personas que estime convenientes aunque la propia junta de no está de acuerdo puede revocar la autorización referida. En el caso de la SRL esta facultad del presidente puede quedar sin efecto mediante disposición estatutaria ad hoc.


Representación

Los socios pueden asistir a la junta en persona o mediante representación siendo esta posibilidad especialmente frecuente en las grandes sociedades anónimas en las que la dispersión del accionariado permite a administradores y entidades depositarias de los títulos hacerse con múltiples delegaciones de pequeños accionistas. Esto exige un control previo que garantice al menos que el poderdante conoce el alcance y contenido concreto de la representación evitando paradojas como la representación en contra de sus propios intereses. El régimen jurídico de la representación se encuentra en los arts. 183 y ss. Del TRLSC.

Representación

Los socios pueden asistir a la junta en persona o mediante representación siendo esta posibilidad especialmente frecuente en las grandes sociedades anónimas en las que la dispersión del accionariado permite a administradores y entidades depositarias de los títulos hacerse con múltiples delegaciones de pequeños accionistas. Esto exige un control previo que garantice al menos que el poderdante conoce el alcance y contenido concreto de la representación evitando paradojas como la representación en contra de sus propios intereses. El régimen jurídico de la representación se encuentra en los arts. 183 y ss. Del TRLSC.

El art. 183 evidencia el carácter más cerrado de la SRL, señalando que salvo que los estatutos contemplen otra posibilidad los socios solo podrán conferir representación voluntaria para asistir a la junta en favor de cónyuge, ascendiente, descendientes, otro socio o persona con poder general para administrar todos sus bienes en territorio nacional otorgado en documento público. Además el poder ha de ser escrito y especial para cada junta salvo que conste en documento público. La representación tampoco podrá fraccionarse comprendiendo necesariamente la totalidad de las participaciones del socio representado.

En la SA y salvo disposición estatutaria en contra todo accionista podrá conferir representación voluntaria para asistir a junta en favor de cualquier persona aunque no revista la condición de accionista. El poder tienen que ser especial para cada junta y ha de revestir forma escrita o en su defecto y en consonancia con la creciente fuerza que las nuevas tecnologías están adquiriendo en la celebración de las juntas de la sociedades anónimas de grandes deméntesenos conferirse a través de medios de comunicación a distancia que en todo caso han de garantizar la identidad del accionista poderdante.

En los supuestos en que sean los propios administradores de la SA o las entidades que se encarguen del depósito de los títulos o del registro de las anotaciones en cuenta los que soliciten la representación para sí, o para un tercero o en todo caso cuando el asistente ostente la representación de más de tres accionistas el poder ha de cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

  • Incluir en el propio documento o mediante anejo el orden del día de la junta.
  • Solicitud de instrucciones al representado en relación con el sentido del voto que desea ejercer para cada uno de los asuntos a tratar en la junta.
  • Indicación del sentido del voto del representante en caso de no recibir instrucciones concretas.

Las instrucciones recibidas esenciales para salvaguardar el derecho del accionistas minoritario que delega en muchos casos por mera inercia solo pueden desatenderse excepcionalmente en el supuesto de que surjan circunstancias inesperadas que pudieran provocar de mantenerse el sentido original del boto un perjuicio a los intereses del propio representado. Tal situación ha de serle comunicada de inmediato al representado, explicándole por escrito las razones de la desobedecía.


Mayorías EN LA Adopción DE ACUERDOS


Mayoría en la SA


En la SA con carácter general se exige únicamente la mayoría ordinaria de los votos de los accionistas que concurran a la junta. Únicamente en aquellos casos en que se sometan a votación los acuerdos de especial trascendencia relacionados en el art. 194 del TRLSC, y siempre que los mismos hayan de tratarse en segunda convocatoria al no haberse alcanzado el quórum exigido para la primera (50% del capital social) se exigirá una mayoría reforzada consistente en el voto favorable de los dos tercios del capital social asistente a la junta.

Los estatutos podrán incrementar las mayorías referidas aunque a pesar de no decirse nada expresamente en la norma no parece que puedan imponer la unanimidad o sus aledaños ya que tal exigencia provocaría de hecho la imposibilidad de adoptar acuerdo alguno en muchas SA atribuyendo indirectamente un especia de derecho de voto a la minoría que sería incompatible con la proporcionalidad entre el capital social poseído y el derecho de voto atribuido.

Acta

El acta de junta es el documento que recoge lo acontecido en la reuníón tanto las deliberaciones como los acuerdos adoptados. El acta ha de ser aprobada por la propia junta una vez que finalice la sesíón o en su defecto por su presidente y dos socios representantes de la mayoría y de la minoría en el plazo de 15 días. Los acuerdos sociales solo podrán ejecutarse a partir de la fecha de la aprobación del acta.

Resulta posible solicitar intervención notarial para redactar el acta lo cual puede ser muy útil cuando se prevean juntas especialmente conflictivas. Podrán solicitarlo los administradores de la sociedad y resultara obligatorio cuando lo pidan en la SA, accionistas que representen un 1% del capital social, en la SRL, socios que representen un 5%. En caso de acta notarial no será necesaria la aprobación de la misma.

Resulta posible solicitar intervención notarial para redactar el acta lo cual puede ser muy útil cuando se prevean juntas especialmente conflictivas. Podrán solicitarlo los administradores de la sociedad y resultara obligatorio cuando lo pidan en la SA, accionistas que representen un 1% del capital social, en la SRL, socios que representen un 5%. En caso de acta notarial no será necesaria la aprobación de la misma.


EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Es la estructura más frecuente en las grandes sociedades de capital exigíéndose legalmente además en algunas sociedades que por razón de su objetivo social son consideradas especiales han de contar con un mínimo de 3 miembros y en la SRL con un máximo de 12.

Sistema de nombramiento

Este sistema tiene por objetivo garantizar en la sociedad anónima la presencia en el consejo de socios que representen a una minoría del capital social. De esta forma permite que accionistas que agrupen un porcentaje de capital igual o superior al que resulte de dividir la cifra de capital social entre el número de miembros del consejo puedan designar a los que superando fracciones enteras se deduzcan de la correspondiente proporción.

Así en una sociedad con un capital social de 10 millones de euros y un conejo de administración de 10 miembros los socios consiguen agrupar 2.200.000 euros tendrán derecho a designar de forma directa dos vocales en el consejo de administración decidiendo los demás por el sistema ordinario de votación del capital social restante en la junta.

Para elección de resto de consejeros pues de alguna forma permanece vinculado a sus consejeros para todo el periodo durante el cual estos fueron nombrados.

El principio de revocación ad nutum que rige en relación con el cese de administradores por la junta resulta en este supuesto excepcionado exigíéndose una justa causa que motive el apartamiento del cargo pues de otra forma resultaría muy fácil para la mayoría dejar sin efecto la representación proporcional de los socios minoristas, bastaría con una convocatoria de la junta para cesar al administrador o administradores que hubieren designado.

En la práctica este sistema no tiene casi vigencia pues en las grandes sociedades anónimas la juntas son controladas de forma casi absoluta por porcentajes muy inferiores a los que por aplicación de la norma legal se demandaría para designar un solo consejo en virtud de este mecanismo.


El sistema de representación proporcional una vez elegido el consejo como estructura del órgano de administración de la sociedad no podrá prohibirse vía estos estatutos, aunque una eventual reducción del número de consejeros complicaría sensiblemente las expectativas de minoría.

  • Cooptación

Es un sistema previsto para evitar situaciones de posible paralización en caso de que en el consejo se produzcan vacantes anticipadas. Se permitiría que el propio consejo nombrarse a los nuevos consejeros facilitando así continuidad en la actuación del órgano. Este mecanismo solo cabe para la SA y exige que se cumplan 4 presupuestos:

  1. Que el administrador o administradores cesen por cualquier circunstancia de forma anticipada.
  2. Que en el nombramiento inicial no se previeran suplentes
  3. Que el nuevo o nuevos consejeros sean accionistas de la sociedad
  4. Que la junta en su primera reuníón tras el nombramiento o nombramientos efectuados por el consejo, ratifique los mismos en cuyo caso la vigencia de los cargos se extendería por el resto del plazo que les restase a los administradores cesantes.

Organización y funcionamiento

En la SRL habrán de ser los estatutos necesariamente los que regulen las normas mínimas de funcionamiento del consejo, en la SA y a falta de disposición estatutaria ad hoc, podrá ser el propio consejo el que establezca su propio reglamento pudiendo además designar a su presidente y aceptar las dimisiones de sus consejos.

El consejo será convocado por su presidente o directamente por un tercio de los miembros del consejo siempre que el presidente no hubiese atendido una solicitud previa a tal efecto en el plazo de un mes.

En la SRL el quórum de constitución del consejo  depende de lo dispuesto en los estatutos aunque como mínimo habrán de concurrir a la reuníón la mayoría de los vocales.

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