Prohibición de libertad de expresión

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Contenidos del artículo 20 de la Constitución Española:


Con la Constitución de 1978 se cierra una etapa histórica caracterizada por la falta de reconocimiento efectivo de las libertades comunicativas. Los constituyentes, deseosos de incorporar a nuestro país al club de las democracias avanzadas, incluyeron dentro del catálogo de derechos fundamentales un reconocimiento muy extenso de estas libertades y las dotaron de las máximas garantías. En el artículo 20 de la Constitución Española nos encontramos con un reconocimiento de la libertad de comunicación. +En su primer apartado hay cuatro derechos subjetivos que tienen que ver con la comunicación: -
El primero es el que llamamos libertad de expresión, que es el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.


El segundo es el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.


El tercero es el derecho a la libertad de cátedra, que es la libertad de comunicación de los docentes.


El cuarto es el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, se recogen también dos derechos instrumentales de los profesionales de la información: la  cláusula de conciencia (derecho a irse de un medio cuando haya un cambio de línea ideológica con una indemnización) y el secreto profesional. +En el segundo apartado de este artículo se recoge la prohibición de la censura previa.  +En el tercer apartado se recoge un mandato al legislador sobre la regulación de los medios públicos, como el acceso a todos los grupos políticos y sociales significativos. +El cuarto apartado recoge los límites de ese derecho a la información, como el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen o la protección de la juventud y de la infancia. +Por último, el apartado quinto recoge la prohibición del secuestro administrativo.

La distinción entre las libertades de expresión y de información:


A la hora de considerar la relación entre las libertades de expresión e información es posible optar por una visión dualista, que va a ambas libertades como distintas y autónomas, o por una visión monista, que entiende que la libertad de expresión tiene un carácter genérico, dentro del cual se pueden insertar la opinión y la información. Nuestra Constitución adopta la visión dualista y reconoce ambas libertades de forma autónoma, defendiendo que la diferencia entre ellas está en el mensaje. +La libertad de expresión se refiere a la comunicación de pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio de difusión. Estamos hablando de comunicar juicios de valor. +La libertad de información se refiere a la comunicación de información veraz mediante cualquier medio de difusión. Estamos hablando de comunicar hechos que sean noticiables (que sean de interés público) y hechos veraces (contrastados). (Ej. De José María García, que transmitía hechos reales pero con una dosis de opinión propia, mediante palabras despectivas). Por tanto, la libertad de expresión conllevaría un matiz más subjetivo, mientras que la libertad de información conllevaría un matiz más informativo. Sin embargo, en su ejercicio práctico, las libertades de expresión e información no son siempre fácilmente distinguibles.
Los ribunales a la hora de juzgar los conflictos en los que están involucradas estas libertades se encuentran a veces con grandes dificultades para enmarcar las manifestaciones concretas en una u otra libertad, pero han de hacerlo porque los criterios para resolver los conflictos no son los mismos cuando estamos ante transmisión de pensamientos, ideas y opiniones, y cuando estamos ante la transmisión de hechos veraces.


El derecho a comunicar información veraz:


 En el artículo 20.1 de la Constitución Española se reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. En realidad, el alcance del derecho a comunicar y el derecho a recibir información es muy distinto. +El derecho a comunicar información: titulares, objeto y contenidos; -

Los titulares son todas las personas, no solo los periodistas;

Es un derecho que inicialmente tienen todas las personas, pero que especialmente sirve para salvaguardar la actuación de los periodistas y empresas de comunicación. Por tanto, cualquier persona puede ser titular de la libertad de información, pero el Tribunal Constitucional ha matizado esta afirmación al declarar que la información alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través de la prensa.

-El objeto:

El objeto del derecho es el mensaje que se comunica, es decir, la información veraz. Esto significa que la Constitución solo protege bajo la libertad de información la transmisión de mensajes de contenido fáctico cuando esos mensajes cumplan con dos requisitos: relevancia pública y veracidad. Aunque esto representa un terreno bastante subjetivo, ya que para unos tendrá relevancia pública una cosa y para otros otra.

La relevancia pública hace referencia a la transmisión de hechos noticiables cuyo conocimiento puede tener interés para el público. Aquí el TC ha sido bastante favorable al ejercicio de la libertad de información y ha comparado la relevancia pública con todo aquello que tenga interés para el público. Con este criterio todo aquello que tiene audiencia tiene relevancia pública, pero el Tribunal Constitucional no lo aplica al 100%. Por una parte nos encontramos con la relevancia objetiva que hace referencia a la importancia del hecho en sí por su conexión con la formación de la opinión pública (ej. Asuntos políticos) o por despertar indudable interés en la sociedad (ej. Sucesos). Por otra parte nos encontramos con la relevancia subjetiva, que hace referencia a la importancia de las personas implicadas en los hechos (ej. El Rey cuando va a comprar el pan).

La veracidad no es un sinónimo de verdad o certeza. El TC interpreta este requisito como el cumplimiento de una labor de búsqueda de la verdad de la noticia y la comprobación de la información difundida, de tal manera que lo que se transmita como hechos o noticias haya sido previamente contrastado con datos objetivos o con fuentes informativas fiables. Sobre la veracidad el TC ha dicho muchas cosas, es posible establecer una serie de criterios generales y para cada caso tendremos que buscar argumentos concretos: +Un criterio general es que no se les puede exigir a los informadores que hagan una comprobación exhaustiva de las informaciones, sino una comprobación razonable. +Otra regla es que cuando la fuente de la que proviene la información es muy fiable, la labor de contraste se puede reducir al mínimo, basta con comprobar que la información proviene de esa fuente. +Otro criterio es que la veracidad la tenemos que comprobar en función de la urgencia con la que se haya dado la noticia. Cuanto mayor urgencia, menos necesidad de contrastar. (Ej. Un atentado imprevisto). +El Tribunal Constitucional también dice que hay que tener en cuenta cuál es el medio de comunicación, no es lo mismo la radio, que la televisión o la prensa. +Otro criterio que ha ido estableciendo el Tribunal Constitucional es que cuando la información que se vaya a difundir afecte al derecho al honor de terceras personas el nivel de contraste debe ser mucho mayor. ((IMPORTANTE: Siempre que estemos ante un conflicto entre la libertad de información y el derecho al honor, el criterio clave es la veracidad. Otra cosa diferente es que a lo mejor la información sea veraz y no afecte al honor de esa persona)).


-Contenidos del derecho:

Si nos preguntamos sobre el contenido del derecho nos estamos preguntando a qué da derecho el derecho a comunicar información veraz. En este sentido podemos distinguir tres contenidos principales:
+En primer lugar, como contenido principal está el derecho a la transmisión de mensajes informativos, sin obstáculos ni restricciones por parte de los poderes públicos o de los particulares. +En segundo lugar, aunque no aparece expresamente en la Constitución Española, del reconocimiento del derecho a transmitir información se deriva el derecho a obtener información.
Frente a los poderes públicos, este derecho tiene un alcance más amplio y se configura no solo como un derecho de libertad, sino también como un derecho de prestación, que se concretaría en la obligación de los poderes de proporcionar acceso a la información que sea solicitada. Sin embargo, la libertad de investigación se encuentra limitada por el derecho a la intimidad de las personas o para proteger la seguridad del Estado. (Ej. Pacientes de un hospital). +En tercer lugar, del derecho a la libertad de información se deriva también otro contenido subjetivo no expresamente citado en la Constitución, que es el derecho a crear los medios para comunicar la información. El Tribunal Constitucional ha reconocido que el derecho a crear medios forma parte del derecho a crear información veraz.

El derecho del público a la información:


La Constitución Española reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Esto significa que estamos ante un doble derecho, por una parte ejercido por quienes transmiten la información y, por otra parte, ejercido por los destinatarios de esa información.
El derecho del público a la información no otorgaría a los individuos ninguna facultad exigible ante los poderes públicos. Por tanto, no cabe entender que el derecho a recibir información otorgue a todas las personas la facultad de reclamar a los medios de comunicación y a los periodistas que todas las informaciones que se transmitan sean veraces, que se elaboren y se transmitan determinadas informaciones o que se pueda acceder a un determinado medio. “Es un derecho que no te da derecho a nada”.

La dimensión democrática de las libertades comunicativas


Su contribución a la opinión pública libre: Las libertades comunicativas tienen una dimensión democrática, que significa que cuando alguien está ejerciendo unas libertades no lo hace solo por su propio beneficio sino también destinado a satisfacer una necesidad general de toda la sociedad. La opinión pública se forma a través de las propias lecturas de una persona en su casa pero también influyen mucho los medios de comunicación. Esto significa que las libertades de expresión y de información son básicas para que pueda haber una democracia. Según el Tribunal Constitucional, la libertad en la expresión de las ideas y pensamientos, así como la difusión de noticias, es una premisa necesaria de la opinión pública libre. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos,  ha de ser también informado ampliamente para que pueda contrastar opiniones. El problema está en que esta impecable construcción teórica está basada en un dogma que la realidad no se cansa de relativizar, sino de desmentir por completo: el dogma de la autonomía de la opinión pública. La autonomía de la opinión pública está en entredicho en una sociedad dominada por unas élites sociales y económicas que cuentan con instrumentos de comunicación muy eficaces. Aunque esto no quiere decir que la opinión pública haya dejado de existir. En la sociedad actual la opinión pública es una opinión prefabricada o dirigida mediante unos medios de comunicación de masas tras los cuales actúan grandes grupos de interés de carácter económico.

El derecho a crear medios de comunicación y sus límites:


La libertad de creación de medios de comunicación es fundamental para garantizar la existencia de la libertad de información, tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo:

-La libertad de creación de medios de comunicación es necesario para el ejercicio del derecho subjetivo a comunicar libremente información veraz (libertad de expresión de ideas y opiniones en general). 

-Desde el punto de vista objetivo del derecho, tampoco podremos hablar de opinión pública libre si no existe libertad para crear medios de comunicación.

Por tanto, aunque la libertad de creación de medios no está recogida expresamente en la Constitución Española, el Tribunal Constitucional ha entendido que forma parte del contenido de la libertad de información. Esto tiene una consecuencia muy importante de cara a la protección. Esta libertad de creación de medios puede defenderse a través de un sumario ante los tribunales ordinarios y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que se encuentra en la sección 1ª del Capítulo 2º del Título 1º de la CE.

No obstante, la libertad de creación de medios, como cualquier otro derecho, también tiene una serie de limitaciones, aunque siempre justificadas por la protección de otros valores, bienes o derechos. El Tribunal Constitucional, además, señala que la libertad de creación de medios, al ser un derecho instrumental, goza de una protección menos intensa que las libertades a las que sirve. Cada uno de los diversos medios de comunicación tendrá determinadas limitaciones específicas derivadas de su propia naturaleza.

El legislador debe fijar las reglas para cada caso ponderando los diversos derechos e intereses en juego y, posteriormente, el Tribunal Constitucional podrá revisar dicha ponderación. Por tanto, la regulación de la creación de medios de comunicación será diferente según el tipo de medio de que se trate. Otro aspecto a tener en cuenta es el reparto competencial.
Corresponde al Estado dictar las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, pero más allá de esas normas básicas estatales puede haber un margen para que las Comunidades Autónomas dicten una legislación de desarrollo. 

Dentro de los distintos tipos de medios de comunicación (o de empresas informativas en general) distinguimos dos grandes grupos
: +Empresas sometidas a un régimen de libre creación, es decir, solo tienen que cumplir requisitos de tipo administrativo derivados de su naturaleza empresarial. Por ejemplo, empresas editoras de prensa periódica, empresas editoriales en general, agencias informativas, etc. +Medios de comunicación que tienen que tener una licencia para poder operar, es decir, tienen que tener una autorización por parte de los poderes públicos. Por ejemplo, empresas de comunicación audiovisual que utilicen ondas hertzianas terrestres.


Las garantías del pluralismo: diferencias entre los medios públicos y privados:


Se debe garantizar el pluralismo en los medios de información. Dentro del pluralismo tenemos que diferenciar dos conceptos:
+Pluralismo interno:
Se lleva a cabo dentro de un medio de comunicación. Esto generalmente se aplica a los medios de comunicación públicos, que tienen que estar gestionados de forma que se garantice el pluralismo de la información. +Otro concepto es el pluralismo externo, que consiste en la existencia de diversos medios de información y se refiere a los medios privados. Los medios privados no tienen por qué llevar a cabo un pluralismo interno.

En los medios públicos:


+El legislador tiene que regular los medios de comunicación públicos para conseguir un pluralismo político y social. +Tiene que garantizarse el acceso a grupos sociales y políticos significativos para que puedan también estar presentes para exponer sus ideas. +También hay que garantizar un pluralismo lingüístico.
Por ejemplo, RNE y TVE tienen desconexiones territoriales con programas en las lenguas propias de cada regíón (Cataluña, Galicia, País Vasco).

La normativa que se aplica para garantizar este pluralismo es la Ley General de Comunicación Audiovisual, que es una ley general tanto para medios públicos como para medios privados pero hace especial hincapié en los medios públicos. Además de esta, también hay otra ley específica para la radio y la televisión del Estado, que solo se aplica a la radio y televisión que son propiedad del estado, como RTVE.
-En esta Ley (17/2006) se crea un órgano para garantizar la independencia del pluralismo en la radio y la televisión. -Debe existir una mayoría cualificada para nombrar al presidente de la corporación. -El Consejo de Administración de la Corporación nombrará como Presidente al consejero designado para tal cargo por el Congreso de los Diputados.

Para garantizar el pluralismo se establecen una serie de instrumentos en estas leyes: -

Una vigilancia externa de tipo parlamentario

Existe una comisión mixta (diputados y senadores) que es la comisión de control de la cooperación de RTVE. Pueden hacer preguntas, sugerir, criticar, etc, y a esta comisión acude periódicamente el presidente de la corporación. -

Organización interna:

en RTVE hay un Consejo de Administración y un Presidente, y una serie de consejos de informativos.

Medios privados:


Aquí hay un conflicto entre el principio del pluralismo y la libertad de información.
Cada medio tiene libertad para informar como quiera. Hay libertades para crear medios, para comprarlos, para venderlos…pero esto choca con intentar garantizar un cierto pluralismo. El pluralismo se intenta garantizar evitando concentraciones y que todos los medios sean de un mismo propietario. En España, en el caso de la prensa escrita, no hay ninguna norma para evitar la concentración. Dentro de los medios privados hay dos tipos de pluralismo:

+El pluralismo externo

Consiste en evitar concentraciones y que todos los medios sean de un mismo propietario. En el caso de la prensa escrita, no hay reglas. Sin embargo, en el caso de los medios audiovisuales se deben cumplir las reglas de la Ley General de la Comunicación Audiovisual.

+El pluralismo interno

Se prohíbe todo tipo de publicidad política, aunque cuando llegan los períodos electorales todos los medios de comunicación privados tienen que cumplir con el pluralismo político a través de entrevistas, reportajes, programas, etc. Deben invitar a candidatos de todos los partidos políticos e informar sobre la campaña de todos los partidos políticos, sin excepción.


El conflicto con los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen: En el artículo 20.1 de la Constitución se reconocen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Sin embargo, estas libertades tienen su límite en el respeto a tres derechos citados expresamente en el artículo 20.4 de la Constitución Española: +Derecho al honor:
El Tribunal Constitucional ha reconocido dos aspectos en el honor que configurarían el concepto constitucional de honor. En este sentido, nuestro Tribunal Constitucional se diferencia de la jurisprudencia europea. Esos dos aspectos son: -

Aspecto objetivo



se refiere al reconocimiento o a la consideración social (reputación). Cómo nos ven los demás. Qué reputación tenemos ante los demás. Atentaríamos contra el honor de una persona cuando atentamos contra la consideración social de esa persona. -

Aspecto subjetivo

Se refiere al sentimiento de autoestima, es decir, la propia consideración que tenemos de nosotros mismos. Este aspecto es imposible de concretar, ya que una persona puede mentir (Ej. Si alguien nos dice que hemos herido sus sentimientos). Por ello, el Tribunal Constitucional solo tiene en cuenta el aspecto objetivo. +Derecho a la intimidad:
se refiere al ámbito privado de una persona y de sus actos, vinculado con su dignidad, que se reserva frente a la acción o el conocimiento de otras personas. Hay un doble sentido de lo que es la intimidad. Se puede atacar la intimidad de una persona dando a conocer datos de esa persona que quería que estuvieran en secreto; o a través de acciones, como ciertos registros corporales. En España está reconocido el derecho a la intimidad personal y familiar, es decir, cuando afectas a un miembro de la familia, afectas a toda en general. Por ejemplo, se publicó un vídeo de la agonía de la muerte de Paquirri e Isabel Pantoja lo denunció a través del derecho a la intimidad familiar. +Derecho a la propia imagen:
Hablamos de la imagen en sentido físico y, por extensión, otras carácterísticas físicas que permiten identificar a la persona, como la voz. En principio, la imagen es únicamente de la persona y solo se puede publicar cuando ella nos lo autorice.

En términos generales, hay dos factores a tener en cuenta para precisar el objeto de estos derechos: -

Usos sociales

Para saber qué es lo que afecta al honor de una persona debemos conocer el aspecto social. Por ejemplo, no es lo mismo en un ámbito urbano que en uno rural. -

La actuación de las propias personas

Por ejemplo, en el caso de una persona famosa que habla sobre su intimidad, si hay un medio que revela algún dato relativo a esa información que ella ha revelado, no será considerado como una vulnerabilidad a su derecho a la intimidad.


Lesiones del derecho al honor derivadas del ejercicio de las libertades comunicativas:


Se puede lesionar el derecho al honor de dos maneras:
+Mediante la imputación de hechos, acusándole de haber ejecutado ciertos hechos. Para atentar contra el derecho al honor los hechos que se imputan tienen que ser desmerecedores para la consideración social; y esos hechos que se imputan tienen que ser falsos o no veraces (aquellas informaciones que no están suficientemente contrastadas).
Libertad de información. +Mediante la manifestación de juicios de valor u opiniones sobre una persona.
Para atentar contra el derecho al honor los juicios de valor deben ser insultantes, vejatorios, infamantes e innecesarios para la expresión de una idea u opinión. Libertad de expresión. Por ejemplo, cuando haces un artículo periodístico en el que criticas la corrupción de los políticos, que puede ser incluso hiriente.

Planteamiento del conflicto entre libertades comunicativas y derecho al honor:


+Cuando estemos ante un conflicto entre la libertad de información y el derecho al honor de una persona, el elemento clave para resolver ese conflicto es la veracidad.
Si la información es veraz, no hay lesión del derecho al honor. +Cuando estemos ante un conflicto entre la libertad de expresión (opinión) y el derecho al honor de una persona, el elemento clave para resolver ese conflicto es la intención (las formas); si es desprestigiar o vejar.

Protección del derecho al honor (EXAMEN):



Hay tres vías a través de las cuales se puede proteger el derecho al honor: +Una primera vía es el derecho de rectificación.
+Podemos acudir a la vía penal, donde acusamos a la persona de un delito, que puede ser: -

Delito de injuria:

acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Los juicios de valor SIEMPRE son injurias. -

Delito de calumnia:

imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o cuando no se ha contrastado bien la información. Si acudimos a la vía penal, además de poner multa también nos tienen que indemnizar. +También podemos acudir a la vía civil:
Donde decimos que nos han ocasionado un daño porque han lesionado nuestro honor y queremos una reparación. En la vía civil solo se pide la reparación, normalmente en términos económicos. Dentro de la protección civil del derecho al honor, se considera intromisión ilegítima la imputación de hechos o la manifestación de  juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Injuria y calumnia (EXAMEN):


Los delitos de injuria y de calumnia pertenecen a la categoría de delitos privados.
Este tipo de delitos solo son perseguibles mediante una querella del ofendido. Sin embargo, hay una serie de excepciones:
-Ofensas contra funcionarios públicos, autoridades o agentes de la autoridad sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. -Injurias o calumnias contra el Rey y la familia real, órganos del estado, los ejércitos o las fuerzas de seguridad. -Cuando hablamos de injurias y calumnias la publicidad es una circunstancia agravante. -Cuando el delito consista en la imputación de hechos se aplica la “exceptio veritatis”, donde la persona puede demostrar la verdad de los hechos imputados. -

Retractación

Pena inferior. -

Perdón del ofendido

Extingue la responsabilidad.


Derecho de rectificación:


Está regulado por una ley orgánica, que lo define como el derecho de toda persona natural o jurídica a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación puede causarle perjuicio. (Solo puedes rectificar una información cuando te alude a ti personalmente, no en el ámbito colectivo). Esto es lo que dice la ley, pero el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación muy amplia. Lo reconoce como el derecho a dar la propia versión de los hechos (derecho de réplica) sin necesidad de probar la veracidad de la misma o la falsedad de la información difundida: no tienes que demostrar que los hechos sean inexactos, basta con decir que quieres dar la propia versión. El procedimiento para ejercerlo es el siguiente: -
Se manda un escrito al director del medio de comunicación con la rectificación que se pretende (de extensión similar a la información) en un plazo de 7 días naturales. -
El medio tiene la obligación de publicar la rectificación íntegra y gratuitamente dentro de los tres días siguientes a su recepción, en función de la periodicidad del medio. Los requisitos marcados por la ley son que el texto debe tener una relevancia semejante y debe aparecer sin comentarios o apostillas. -
Si no se produce la rectificación en las condiciones exigibles, la persona afectada puede acudir a los tribunales. Hay una acción judicial de rectificación ante el juez en la que presentaría la demanda dentro de los siete días hábiles siguientes.

El conflicto entre la libertad de información y el derecho a la intimidad:


Cuando exista un conflicto entre la libertad de información y el derecho a la intimidad, la clave para resolver ese conflicto es la relevancia pública.
La libertad de información prevalece cuando los hechos que se transmiten tienen relevancia pública.
Otras cuestiones relativas a la intimidad son: No hay lesión de intimidad cuando la obtención y la divulgación de una determinada información se haga con el consentimiento del titular. No es necesario que las informaciones a las que se accede o que se divulgan afecten al honor, basta que sean informaciones íntimas, aunque a veces también se puede producir la lesión de los dos derechos conjuntamente.

Protección de la intimidad:


Este derecho se protege legalmente en algunos casos y civilmente en otros: +Dentro de la protección penal, existe un descubrimiento y revelación de secretos (ej. Cuando un hombre difunde un video íntimo que tiene con su mujer). Hay diferentes formas de acceso para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad: -Apoderarse de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento personal. -Interceptar las telecomunicaciones de una persona o de grabar el sonido o la imagen de una persona. -Acceder a datos reservados contenidos en archivos informáticos, de apoderarse de ellos o de utilizarlos o modificarlos. ((Divulgar la imagen de una persona es algo ilícito pero solo es delito cuando se divulga con el objetivo de vulnerar el derecho a la intimidad)). -También se produce el descubrimiento y revelación de secretos a través de la difusión, revelación o cesión a terceros de los datos obtenidos legalmente.
El perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal, no se le puede condenar por mucho que quiera el juez. No exige una querella pero sí una denuncia. +Dentro de la protección civil, que abarca muchas más situaciones que la protección penal, existen una serie de intromisiones ilegítimas:
-El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas (ej. Cámara en un vestuario femenino, aunque no se use, solo el emplazamiento). -La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción. -La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación de contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. -La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

Protección del derecho a la imagen:


Estamos hablando de rasgos físicos de una persona y que permitan identificarla, y captar la imagen de una persona puede hacerse en situaciones que afecten a su intimidad o no. +La protección penal se basa en el descubrimiento y revelación de secretos.

Solo se protege el derecho a la imagen penalmente cuando hay vulneración del derecho a la intimidad

Es decir, solo es delito la grabación del sonido o de la imagen de una persona cuando se hace para descubrir secretos o vulnerar su intimidad. +La protección civil incluye una serie de intromisiones ilegítimas:
-La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo las excepciones recogidas en el artículo 8.2: a)Personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. B)Caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. C)Información gráfica sobre un suceso público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que les ejerza. -La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.


Protección de datos personales:


El derecho a la protección de datos no está recogido expresamente en la Constitución y está regulado por la ley orgánica 15/1999.
Un dato de carácter personal es cualquier información que permita identificar a una persona o hacerla identificable.
El derecho fundamental a la protección de datos reconoce al ciudadano la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos.
Los titulares activos del derecho a la protección de datos personales son todas las personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, y este derecho podemos ejercerlo frente a los poderes públicos y los particulares. Por ejemplo, contra las compañías de teléfono, contra los buscadores, contra los medios de comunicación y contra cualquier tipo de empresa.

El objeto

Este derecho es aplicable sobre cualquier información concerniente a personas físicas (no es necesario que los datos estén sometidos a un tratamiento informático) y tampoco es necesario que sean datos íntimos, aunque hay datos que tienen una protección mayor, como los referentes a la ideología, la religión, el origen racial, la salud o la vida sexual.
Los derechos que se reconocen son: -Derecho a la información y derecho a prestar consentimiento. -Tutela de los derechos: reclamaciones y denuncias.

Protección de datos vs libertad de información:


El Tribunal Constitucional reconoce la prevalencia de la libertad de información siempre que se cumplan tres requisitos:
Que la información tenga relevancia pública; que la información sea veraz; y que la personalización de la información sea necesaria; es decir, que sea imprescindible la inclusión de los datos personales de la persona para que la información sea comprendida correctamente.
Una directiva europea dice que cuando la finalidad del tratamiento de los datos sea exclusivamente periodística o de expresión artística o literaria, los estados miembros establecerán exenciones y excepciones. Al fin y al cabo estamos hablando de la protección a la intimidad, pero por otra vía. Esto está recogido en una ley específica y tiene unas garantías específicas que no son las mismas que las del derecho a la intimidad. Hay muchas personas que si no están tremendamente interesadas en conseguir una indemnización económica, al acudir a un proceso judicial que siempre es más largo y más costoso, acuden de manera mucho más frecuente a la agencia de protección de datos. Este procedimiento se está utilizando cada vez más contra los medios de comunicación.

La protección de la juventud y de la infancia:


El derecho a la protección de la juventud y de la infancia incluye los siguientes casos: +Normas relativas a la publicidad: -
Por una parte, hay normas que se refieren a publicidad dirigida a menores. Según el Artículo 3.B)
, es ilícita la publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las carácterísticas de los productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre las capacidades necesarias en el niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros. -Por otra parte, hay normas específicas sobre la publicidad de juguetes.
Existe un código deontológico sobre publicidad infantil firmado por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. +Regulación de la pornografía.
Existen una serie de restricciones de acceso (ej. Un menor no puede ir a comprar una revista pornográfica); una penalización de la difusión, venta o exhibición de pornografía a menores; y una penalización de la utilización de menores en material pornográfico (no se puede utilizar a menores para hacer pornografía). +Ley del Cine, donde está la clasificación por edades. En las salas de cine hay una serie de películas que están recomendadas para ciertas edades. +Normas concretas que están recogidas en la Ley Orgánica de protección del menor: protección reforzada del derecho al honor, a la intimidad y a la imagen de los menores mediante la intervención del Ministerio Fiscal; y también hay una regulación sobre la información que va dirigida a menores. +El artículo 7 de la Ley General de Comunicación Audiovisual dice que los menores tienen el derecho a que su imagen y voz no sean utilizadas en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal. +También dice que está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores; concretamente, la emisión de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita.

La seguridad nacional y la defensa del Estado: los secretos oficiales:


 otra de las limitaciones a las libertades comunicativas viene dada también por los secretos oficiales. Tenemos una ley muy antigua, concretamente de 1968, que se modificó en 1978 para adaptarla a la Constitución.
Los únicos que pueden declarar una materia clasificada son El Consejo de Ministros, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Algunas materias que están clasificadas genéricamente por la propia ley son los gastos reservados (por ejemplo, la policía tiene que pagar confidentes y ese dinero no puede ser público, es secreto) y todas las actividades del Cuerpo Nacional de Inteligencia (si yo cuento cosas sobre el cuerpo nacional de inteligencia puedo estar atentando contra los secretos oficiales).
Las limitaciones son las siguientes: -Datos o documentos concretos, no materias generales. -La declaración debe ser previa. -La declaración debe ser pública o, al menos, debe ser reconocible (anotación o tampón). En algunos casos la ley de secretos oficiales advierte previamente a los medios de comunicación para que tengan cuidado. Hay una norma llamada el error insalvable sobre el carácter secreto que exime de la sanción; es decir, si puedes demostrar que tuviste un error insalvable que no lo sabías y que no tenías ninguna forma de saberlo, eso te eximiría de la sanción. La declaración de secretos tiene que tener una motivación expresa y una justificación, que tiene que tener una finalidad constitucional legítima:

La seguridad o la defensa del Estado


Derechos y bienes jurídicos tenidos en cuenta en las actuaciones judiciales: secretos judiciales; Según el principio general, las actuaciones judiciales son públicas, salvo excepciones. Centrándonos en el proceso penal, hay dos fases:

+Fase de instrucción


La regla general que hay que aplicar es la del secreto del sumario, es decir, el sumario es secreto para no perjudicar a la propia investigación. El juez instructor puede ir tomando distintas decisiones sobre lo que sea más conveniente. En algunos casos puede decretar el secreto del sumario incluso para las partes implicadas. Si se publica una determinada información sobre sumarios declarados secretos se está cometiendo un delito de revelación del secreto sumarial, pero esto no afecta a la veracidad. Mientras un delito está siendo investigado y el sumario es secreto sí que se puede informar sobre ese delito. ¿Qué pasa si se publica una información que está contenida en el sumario? En la práctica no pasa absolutamente nada porque resulta muy difícil de demostrar. El delito lo comenten los funcionarios judiciales al dar la información a los periodistas; mientras que los periodistas solo cometerían el delito de inducción, algo muy difícil de demostrar. El hecho de que una información haya sido sacada del sumario como secreto, ¿convierte a esa información como ilegítima? El Tribunal Constitucional dice que no tiene nada que ver una cosa con la otra.

+Fase de juicio oral:
Mientras que en la fase de instrucción la regla general es el secreto, en la fase de juicio oral el juicio es público.
Pero esto no quiere decir que un periodista tenga derecho a grabar imágenes, pero sí que se puede acceder a la sala, salvo excepciones. Estas pueden venir dadas por la necesidad de proteger los derechos fundamentales de algunas personas, como los menores. El gran debate existente es el debate sobre el problema de los juicios paralelos.
Tenemos una investigación o un juicio en el que, por una parte, una persona es juzgada por un juez y, por otra parte, los medios hacen debates, encuestas, entrevistas, programas, etc, sobre el caso de esa persona. Por tanto, es un juicio paralelo. Se juzga a esa persona a través del juzgado y los medios lo hacen por otro lado pero sin garantías.

Publicación de las sentencias:


Las sentencias en España se dictan en público pero no son públicas. Entonces tú puedes acceder a la sentencia porque estás presente allí en el proceso o porque una de las partes te transmite a ti la sentencia. Las sentencias, una vez firmadas por el juez o por todos los Magistrados que las hubieran dictado, serán depositadas en la Oficina judicial y se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las mismas.
Sin embargo, el acceso al texto de las sentencias podrá quedar restringido cuando pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas. También podría restringirse el acceso a las sentencias para evitar que puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes. Si quieres publicar la sentencia en el momento de producirse, tienes la justificación de la relevancia pública;
Sin embargo, si la quieres publicar años después, ya no tienes esa disculpa. Las sentencias se hacen públicas de manera anonimizada, ya que el organismo oficial que publica las sentencias lo hace con nombres ficticios que hay que investigar para encontrar a la persona real.


Publicación de antecedentes penales:


El registro en el que están los antecedentes penales de una persona es el Registro Central de Penados, pero este registro no es de carácter público. Los antecedentes penales forman parte de la intimidad de las personas pero hay veces que se pueden convertir en un dato de relevancia pública. El Tribunal Constitucional admite su publicación cuando es relevante para transmitir una información veraz; de lo contrario, lesiona el honor y la intimidad de las personas. Hay profesiones para las que es necesario aportar un certificado de carencia de antecedentes penales para poder entrar a formar parte de ellas, pero siempre de forma voluntaria. Por ejemplo, esto se requiere para ser abogado, notario, guardia civil o policía nacional.

Colisión con otros bienes o derechos de los límites de las libertades comunicativas;


 las informaciones pueden entrar en conflicto con:

+Derecho a la vida y a la integridad física. El discurso del odio pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra individuos por motivos de su pertenencia a una raza, género, edad, nacionalidad, religión, orientación sexual, ideologías políticas, estatus, etc. Por ejemplo, Trump dice que los extranjeros son violadores y los ciudadanos se lo creen. Además, también hay informaciones que se publican y pueden poner en peligro la vida de personas.
Por ejemplo, la revista ‘Interviú’ publico los nombres y apellidos de uno de los jefes de la lucha antiterrorista y acabó siendo asesinado por ETA.

+El orden constitucional


Informaciones que incitan a la destrucción del orden constitucional. Estas informaciones son atentados contra la dignidad o el prestigio de las instituciones.

+Derechos de participación política


Límites a las libertades comunicativas en los períodos preelectorales.

+La propiedad intelectual


Páginas web que incluyen links a sitios de descarga: ¿libertad de información o colaboración con el pirateo?

+Los sentimientos religiosos


Escarnio de las religiones o de quienes no profesan religión alguna.

Garantías objetivas: La prohibición de la censura previa y del secuestro administrativo de publicaciones, grabaciones y otros medios de información: En cuanto a la noción de censura, una cosa es lo que consideramos censura en el lenguaje común (cualquier tipo de restricción de las libertades comunicativas) y otra cosa es su significado en el lenguaje constitucional. En este caso, tiene que ser una medida preventiva (se impone antes de que se realice la comunicación). Lo que hace es someter a cualquier obra de creación literaria, artística, científica o técnica a un control previo por parte de una autoridad pública y, como consecuencia de ese control, esa autoridad puede decidir si autoriza o prohíbe la difusión de ese contenido. La censura está prohibida en todos los casos. ((CASOS: Cuando ese control lo lleva a cabo un poder privado (director del periódico que decide si publicar un artículo o no, eso no es censura). Imaginemos que al director del periódico lo llama el propietario, eso tampoco es censura. El hecho de que los medios de comunicación se autolimiten y decidan no publicar noticias perjudiciales para sus anunciantes, eso se puede considerar autocensura (ej del Corte Inglés).))

El secuestro es la retención de una publicación impresa, sonora o audiovisual por parte de una autoridad pública, sobre la base de una supuesta infracción de la legalidad. La autoridad que ordena la retención puede ser gubernativa o administrativa (en España actualmente ya no cabe) y judicial.

Una medida cautelar es una medida provisional tomada por un juez para evitar que se puedan vulnerar derechos de personas implicadas. Se prohíbe el secuestro gubernativo, no el judicial (es una medida cautelar), excepto en estado de excepción o sitio. Las medidas cautelares en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información dice que cuando en una página web haya una información que vulnere los derechos de autor, cabe bloquear ese contenido por parte de una autoridad administrativa. Si está declarado un estado de excepción o de sitio, ahí la autoridad administrativa sí que podría secuestrar publicaciones. Por ejemplo, el gobierno podría secuestrar directamente un reportaje de un periódico, un programa de televisión, etc.

Cláusula de conciencia:


 Está recogida en el artículo 20 de la Constitución Española y hay una Ley Orgánica que regula la cláusula desde 1997. La cláusula de conciencia significa la posibilidad que tienen los periodistas a abandonar su puesto de trabajo por motivos ideológicos, es decir, si no están de acuerdo con la línea ideológica que impera en el medio de comunicación, y se pueden ir teniendo derecho a una indemnización. Este derecho puede ejercerlo, según la ley, si tiene una relación contractual laboral (ahí está la duda de los falsos autónomos - freelance). En este caso no sabemos si se puede aplicar la cláusula de conciencia o no porque aún no hay ninguna sentencia. En principio quien puede hacerlo es quien trabaja para un medio privado (porque los medios públicos, en teoría, son neutrales, no tienen ideología preferente).
Los hechos que pueden provocar el abandono de la empresa pueden ser: +El cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica, es decir, que el medio de comunicación en el que estás trabajando cambie la orientación informativa. Por ejemplo, un periódico que no sea sensacionalista empiece a hacer un tipo de periodismo sensacionalista (para ello no es necesario que haya un cambio de propiedad del medio). O que el medio cambie la línea ideológica. +Otra posibilidad es cuando se produce un traslado de un profesional de un medio a otro medio (dentro de un mismo grupo), que sea incompatible con las propias ideas del periodista.
La Ley incluye también un último supuesto que es el derecho a que un periodista pueda negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.

Secreto profesional:


Es el derecho de los periodistas a no desvelar sus fuentes de información frente a la propia empresa, frente a los poderes públicos o frente a terceras personas. Frente a la propia empresa es relativo. Por ejemplo, tú puedes ir al director de tu periódico y decir que tienes una buena noticia pero que la fuente es anónima. El director te dirá que le digas la fuente o que si no, no publicará nada. Pero no te puede obligar a decir la fuente.
El principal objetivo es garantizar el libre flujo de la información  y en España no tenemos una ley que regule el secreto profesional. Una de las cosas dudosas es quiénes pueden ser titulares de este derecho al secreto profesional. Un periodista no tiene porqué declarar sus fuentes ante la policía ni ninguna autoridad pero la única duda que se plantea es en el ámbito de la justicia.
El secreto profesional exime a los periodistas de denunciar los hechos directivos, cosa que un ciudadano normal tiene la obligación de denunciar. Un periodista tendría la obligación de revelar sus fuentes a petición de un juez cuando estamos ante delitos muy graves (delitos contra la vida o contra la seguridad del Estado).
Cuanto más grave sea el delito, más posibilidades tenemos de que el juez nos obligue a proporcionar las fuentes de información. El otro criterio es la utilidad del conocimiento de la fuente para el esclarecimiento de los hechos o incluso para evitar la comisión de nuevos delitos. Si el periodista se niega, puede estar incurriendo en un delito de obstrucción a la justicia o de encubrimiento. Pero si el periodista no revela sus fuentes, ¿puede registrar el juez la vivienda del periodista? Solo estará justificada esta medida si lo que se investiga es un delito muy grave y si la información que se va a obtener es una información muy útil.

El dilema entre el secreto profesional y la veracidad

Si tienes una información que solo se basa en fuentes anónimas tienes que estar muy seguro de la veracidad de esa información.

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