Principios que informan el procedimiento administrativo

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TEMA 11

El procedimiento administrativo. - Concepto y principios generales. - Clases. - Los interesados. - La estructura del procedimiento administrativo.

La Constitución española de 29 de Diciembre de 1978, establece en su artículo 149.1.18, que el Estado tiene competencia exclusiva en el procedimiento administrativo común.
Así pues, se crea la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Esta ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las administraciones públicas. Se entiende por administración pública, las administraciones del estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las administraciones públicas.

Las administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación; con sometimiento pleno a la constitución, a la ley y al derecho. Las diferentes clases de procedimientos administrativos que nos podemos encontrar son: el procedimiento administrativo común, reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales; y el procedimiento sancionador.

El título III de la 30/92, trata de los interesados, comprendiendo los artículos 30 al 34.

Tendrán capacidad de obrar antes las administraciones públicas, además de las personas con arreglo a las normas civiles, los menores de edad, exceptuando a los menores incapacitados.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo, quienes lo promuevan como titulares; los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte y aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento; los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representantes, pudiendo actuar en representación de otra cualquier persona con capacidad de obrar, debiendo acreditar la representación, exceptuando los actos y gestiones de mero trámite.

En el título VI de la 30/92, de las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos, nos encontramos la siguiente estructura:

  • Capítulo I: iniciación.
  • Capítulo II: ordenación.
  • Capítulo III: instrucción.
  • Capítulo IV: finalización.
  • Capítulo V: ejecución.

Con respecto a la iniciación podemos decir que podrá iniciarse los procedimientos de oficio o a solicitud de la persona interesada.

La solicitudes que se formulen deberán contener: el nombre y apellidos del interesado;
Lugar para las notificaciones; hechos; lugar, fecha y firma; órgano al que se dirige. Cuando la solicitud no reúna los requisitos, se requerirá al interesado para que subsane en un plazo de 10 días.

La ordenación del procedimiento está sometido al criterio de celeridad y se impulsará de oficio en todos sus trámites, guardando el orden riguroso de incoación.

Durante la instrucción los actos necesarios se realizaran de oficio, estos son: la prueba cuando no tenga por ciertos los hechos alegados, concediendo un plazo no superior a 30 días i inferior a 10 días. Se solicitaran informes que sean preceptivos. Se realizará un trámite de audiencia por un plazo no inferior a 10 días ni inferior a 15 días, para alegar y presentar documentos y justificaciones.

Pondrán fin a l procedimiento: la resolución, el desistimiento, la renuncia y la declaración de caducidad.

Por último se procederá a la ejecución, puesto que los actos de las administraciones públicas son inmediatamente ejecutivos. Previo apercibimiento se podrá proceder a la ejecución forzosa por los siguientes medios: apremio sobre el patrimonio; ejecución subsidiaria; multa coercitiva y compulsión sobre las personas.

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