Principio de personalidad en derecho penal

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(3. Límites del Derecho penal.
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL

El principio de legalidad es el Principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio De la potestad punitiva e incluye una serie de garantías para los ciudadanos Que genéricamente pueden reconducirse a la imposibilidad de que el Estado Intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley.

El contenido esencial del Principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse Ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la Ley, lo que coincide propiamente con el denominado principio de legalidad de los delitos y las penas.

La ley debe reunir una serie de Requisitos que generalmente se resumen en la necesidad de que sea escrita, Previa a la realización de los hechos que se pretende sancionar y estricta, Esto es, que establezca claramente las carácterísticas del hecho punible.

El principio de legalidad Contiene garantía criminal y garantía penal. Esas garantías actúan en el Momento de la definición legal de los delitos y las penas y en el de la Decisión sobre la responsabilidad penal y la pena aplicable. A ellas se han Añadido otras como la garantías procesal y jurisdiccional y garantía de Ejecución.

Se trata de que el Estado actúe Con total sometimiento al Imperio de la ley y dentro de sus límites, pero También de que los ciudadanos conozcan en todo momento cuáles serán las Consecuencias de su conducta y el modo en que dichas consecuencias les van a Ser aplicadas. (Art.9 CE). Ahora bien, (Art. 25.1 CE) nadie puede ser condenado O sancionado por acciones que no se consideraban delito en el momento de Constituirse el delito.

Las restantes garantías del Principio de legalidad se asientan en otros preceptos constitucionales o de Rango inferior.

1. PRINCIPIOS DE LA LEGALIDAD DE LOS DELITOS Y LAS PENAS

No cabe calificar de delito a las Conductas que no se encuentran definidas como tales por la ley, incluso aunque Sean desvaloradas socialmente o consideradas deshonestas o inmorales (garantía Criminal); a las conductas delictivas no pueden aplicárseles penas distintas de Las que están previstas en la ley (garantía penal).

ØLa reserva de la ley.

La ley penal debe ser escrita, se está expresando que El D. Penal es exclusivamente Derecho positivo, lo que excluye la posibilidad De que mediante la costumbre o los principios generales no escritos se Establezcan delitos y penas. En el Ordenamiento constitucional español no Existe duda de la definición de que la definición de delitos y las penas está Monopolizada por el poder legislativo, entendíéndose por tal las Cortes Generales. (Art 53.1)

La doctrina mayoritaria ha mantenido que todas las Normas penales, por el hecho de serlo, afectan algún derecho fundamental. Una Ley penal no desarrolla un derecho fundamental porque lo proteja como bien Jurídico, sino porque imponga una pena cuya aplicación suponga la restricción De un derecho fundamental y por tanto afecte a su ejercicio.

La ley penal expresa los intereses que la sociedad Considera más importantes para la convivencia, destinando a su protección el Instrumento más grave del que dispone. La legitimación exclusivamente atribuida Al legislador para elaborar la ley penal debe ejercerse con el máximo consenso Posible en torno a su elaboración y promulgación, lo que resulta favorecido por La exigencia de la mayoría cualificada propia de las LO.

ØEl principio de taxatividad y la seguridad Jurídica.

Para que realmente la ley cumpla con la función de Establecer cuáles son las conductas punibles debe hacerlo de forma clara y Concreta, sin acudir a términos excesivamente vagos que dejen de hecho en la Indefinición el ámbito punible.

La exigencia de clara determinación de las conductas Punibles se expresa en el denominado principio de taxatividad o mandato de Certeza, cuyo cumplimiento plantea uno de los grandes problemas. Efectivamente El legislador no puede recoger todos los matices con que se expresa la realidad Y debe acudir frecuentemente a términos amplios que deben ser concretados por Los jueces en su tarea interpretativa.

Una técnica legislativa correcta debe huir tanto de los Conceptos excesivamente vagos en los que no es posible establecer una Interpretación segura, como de las enumeraciones excesivamente casuísticas que No permiten abarcar todos los matices de la realidad.

ØProhibición de retroactividad.

La ley debe ser previa a los hechos que se pretende Sancionar, es decir, debe haber sido promulgada con anterioridad a la comisión De tales hechos. La ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos Anteriores a su entrada en vigor.

ØLa prohibición de analogías. La analogía <<in bonam partem>>

La aplicación de la ley requiere que el intérprete Establezca el sentido de las normas para determinar qué supuestos se encuentran Recogidos por éstas. Por tanto, el juez, no puede desbordar los límites de los Términos de la ley y aplicarla a supuestos no previstos, porque con ello violaría Claramente el principio de legalidad.

Lo anterior viene expresado por la denominada prohibición De analogía.

El principio <<non bis in ídem>> consiste en la prohibición de que un mismo Hecho resulte   sancionado más de una Vez.

2.GARANTÍA JURISDICCIONAL

Al enunciar las garantías Contenidas en el principio de legalidad exige que las penas se impongan por el órgano competente y tras el proceso legalmente establecido.

Art 3.1 Cp. <<No podrá Ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme Dictada por el Juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes Procesales>>. El artículo contiene las siguientes exigencias:

-Para ejecutarse una pena debe haberse seguido un Proceso legal, porque de ningún otro modo puede alcanzarse una sentencia.

-Para ejecutarse una pena, debe decidirlo un órgano judicial, único legitimado para dictar sentencias.

-Hasta que la sentencia no es firme, no puede Ejecutarse la pena, esto es, la pena no empieza a cumplirse.

Por último, no se cumplirá la Pena mientras la sentencia no sea firme, lo que significa que hasta ese momento El reo no estará ejecutoriamente condenado y se le presumirá inocente.

3.PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN

El principio de legalidad impone Que la ejecución o el cumplimiento de las penas se lleve a cabo con total Sumisión a lo establecido en las leyes.

Las normas que rigen para la Ejecución de las penas privativas de libertad están contenidas en la Ley Orgánica General Penitenciaria y su reglamento.

4.LAS LEYES PENALES EN BLANCO

La estructura de las normas Penales se compone de dos partes: la definición del supuesto de hecho punible y El establecimiento de la consecuencia jurídica o sanción. Se dice que nos Encontramos ante una ley penal en blanco cuando parte de esta estructura no se Contiene en la propia ley.

La problemática que plantean las Leyes en blanco frente al principio de legalidad , aparece cuando la remisión Se lleva a cabo respecto de una disposición de rango inferior al de la propia Ley penal, generalmente un reglamento. En tales casos, parte de la definición Se contiene en una disposición que, completando la ley penal, no ha sido Dictada por el poder legislativo, con lo que puede resultar infringida la Reserva de la ley.

También se ha dicho que la ley Penal en blanco que se remite a un reglamento puede proporcionar mayor seguridad Jurídica que la utilización del CP. De conceptos vagos e indeterminados, a Interpretar por el juez. El TC se ha pronunciado ante esta técnica legislativa; Admite la colaboración reglamentaria en la normativa sancionadora, es decir, Remisión de reglamentos. Pero a su vez establece límites a la técnica de Remisión. Concretamente el TC exige <<queden suficientemente determinados Los elementos esenciales de la conducta>> de tal manera que solo sean Infracciones las acciones y omisiones subliminales en la norma con rango de Ley.

FUENTES INDIRECTAS DEL DERECHO PENAL


La sumisión a la ley escrita (positiva) comporta también como consecuencia fundamental la imposibilidad de Considerar a la costumbre, los PPGGDD y la jurisprudencia como fuentes directas Del Derecho penal.

La costumbre y los PPGGDD tienen Reconocido el carácter de fuente de producción de normas (de manera subsidiaria En la ley), por ello no es válido para las normas penales en virtud de la Reserva absoluta de ley que opera sobre las mismas; por tanto, en Derecho Penal, ni la costumbre ni los PPGGDD son fuente de producción de normas, esto Se debe a que no pueden establecer delitos ni penas.

La costumbre desempeña un papel Importante en la interpretación y aplicación del derecho, porque también en este Sector del derecho se acude a la utilización de conceptos indeterminados que Deben ser dotados de comportamiento teniendo en cuenta los comportamientos Sociales. Sin embargo, por muy acostumbrada que sea la realización de un hecho Definido por la ley como delito, dicha ley no podrá considerarse derogada por La costumbre. (se trataría de una costumbre “contra legem”).

Los PPGGDD desempeñan también una Función en la aplicación del Derecho penal, aunque no tengan carácter de fuente Directa. Entre ellos, el principio “in dubio pro reo” (en caso de duda debe Resolverse en favor del reo).

En cuanto a la jurisprudencia, tampoco fuente directa Del Derecho puede atribuírsele la función complementadora y de apoyo a la Interpretación. En ocasiones esta jurisprudencia es la que ha motivado la Modificación de la ley penal a través de la reiteración de fallos.


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