Principio de congruencia penal

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El Principio acusatorio constituye otra de las garantías esenciales del proceso penal que la doctrina del TC ha elevado a derecho fundamental, implícito en el «derecho a un proceso con todas las Garantías» del art.
24.2 de la CE.

Por Un lado, los principios de legalidad y de oportunidad nos determinan las Condiciones a través de las cuales se iniciará y finalizará el proceso penal; Por otro, el binomio Acusatorio-inquisitivo indican mediante qué distribución de roles y bajo qué condiciones se realizará el Enjuiciamiento del objeto procesal penal.

El Principio acusatorio rige en un determinado proceso penal cuando las fases de instrucción y de juicio oral se Encomiendan a dos órganos jurisdiccionales distintos, prohibíéndose:

1.Al órgano decisor realizar las funciones de la parte acusadora. Ésta, mediante la Deducción de la pretensión penal, vinculará la actividad decisoria del Tribunal;

2.Al órgano de la 2ª instancia la posibilidad de agravar más al recurrente de lo que Ya lo estaba en la primera;

3.NOTAS ESENCIALES  (F12, S12)


A)Atribución De la instrucción y del juicio oral a dos distintos órganos jurisdiccionales


La actividad instructora comporta una labor Esencialmente inquisitiva.
Por Tanto, para prevenir el prejuzgamiento y evitar que el acusado sea juzgado por Un órgano falto de imparcialidad, la fase instructora Se debe encomendar a un órgano Unipersonal (juez de instrucción, ministerio fiscal) al que se le ha de Vedar expresamente la posibilidad de entender de la fase de juicio oral.
Ésta, en cambio,  ha de ser conferida a Otro órgano jurisdiccional, normalmente colegiado.

Esta nota del Principio acusatorio se encuentra implícitamente Consagrada en el art. 6.1. CEDH.
Conforme a la interpretación Jurisprudencial efectuada por el TEDH, El derecho a ser juzgado por «un tribunal Independiente e imparcial», conlleva, en las infracciones graves:

A)La prohibición de que el juez instructor Pueda entender del juicio y pronunciar la sentencia

B)Ningún magistrado o miembro del MF que haya Realizado funciones instructoras pueda formar parte siquiera del Tribunal Sentenciador.

El TEDH ha venido Interpretando dos aspectos concretos de la exigencia de la imparcialidad Contemplada en el art. 6.1:

1.El tribunal debe ser SUBJETIVAMENTE IMPARCIAL à ningún miembro Del tribunal debe tener ningún Prejuicio o predisposición personal.

2.El Tribunal debe ser también imparcial Desde un punto de vista OBJETIVO à debe ofrecer suficientes garantías como para excluir cualquier duda legítima A este respecto.

Como puede Observarse, la violación Del principio acusatorio, implícito en el derecho a un proceso «con todas las garantías»  del art.

24.2º

CE, conlleva, al propio tiempo, la vulneración del Derecho al juez legal imparcial.

B)Distribución de las funciones de acusación Y decisión(F07)


(Nemo iudex sine acusatore). La fase instructora puede iniciarse Incluso por el propio órgano jurisdiccional (arts. 303 y 308), mientras que la fase del juicio oral ha de iniciarse Por una parte legítima y distinta a la del órgano jurisdiccional decisor. A éste se le ha de vedar la posibilidad de sostener la acusación.
Así, para que Se respete el principio acusatorio se hace necesario:

1.
Que La acusación preceda a la defensa y sea conocida por ella. En caso Contrario, se ocasiona la vulneración del «derecho Al conocimiento previo de la acusación», contenido en los arts. 24.2, 6.3 A) y b) CEDH y en el art. 14 PIDCP.

2.
Que Se desdoblen ambas funciones, de acusación y de decisión y sean Otorgadas a dos distintos sujetos procesales, uno de los cuales habrá de Sostener la acusación en el juicio oral, ya que si efectuara una «retirada de La acusación» el tribunal habrá de absolver en el fondo al acusado.

Por tanto, no Resulta constitucionalmente admisible la atribución al juzgador de la Posibilidad de sancionar infracciones penales, ni siquiera faltas, sin Existencia y mantenimiento de la pretensión acusadora.

C)Correlación Entre la acusación y el fallo(F07,J08,S09,S11,F13)


Esta correlación Tiene como finalidad esencial posibilitar el ejercicio del derecho de defensa.

A)

Subjetiva:

El proceso penal acusatorio, a diferencia del inquisitivo, es un proceso de partes En el que el acusado es considerado sujeto, por lo que le asiste en toda su Plenitud el derecho de defensa.

Queda Consagrada la regla de que «nadie puede Ser condenado sin haber sido previamente acusado». Así, los escritos de Calificación provisional o de acusación han de fijar definitivamente en el Proceso penal la legitimación pasiva.

Esta Regla se encuentra establecida:

·En el art.
24.2º CE, al disponer que «todos Tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos»,

·En el art.
6.3.A) del CEDH y en el art.
14 Del PIDCP cuando añaden que «todo Acusado tiene derecho a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias Para la preparación de su defensa».

Se Infiere que se hace necesario «informarle [al acusado] de la acusación con Un tiempo suficiente para preparar su defensa»

 Es decir, se hace Conveniente que el sujeto pasivo del Proceso penal, con anterioridad a la adquisición del «status» de acusado en El juicio oral, asuma dentro de la instrucción, La de imputado, habiendo de suscribirse la prohibición de que «nadie pueda ser acusado sin haber sido con Anterioridad judicialmente declarado imputado».


B)

Objetiva

El derecho del acusado a «conocer la Acusación formulada contra él» reclama su determinación subjetiva, y También la información a él del hecho punible A fin de que pueda exculparse de él, articulando la correspondiente actividad Probatoria, ejercitando su derecho de defensa.

Según La doctrina jurisprudencial del TC y el TS, existirá una vulneración del Principio acusatorio y del art. 24.2 CE:

ØCuando la sentencia condene al acusado por una pena principal o un hecho Punible que no hayan sido objeto de la acusación o a una pena más grave a la Solicitada por la acusación o

ØCuando el tribunal aplique en la sentencia una calificación jurídica distinta Y causante de indefensión material –por ej, cuando habiéndose sostenido la acusación Por un delito continuado, el tribunal condene los hechos por separado-.

No existe indefensión, ni Vulneración del acusatorio, si el hecho histórico fue descrito en el escrito de Calificación provisional, y aunque se modificara el título de Condena, siempre que ambos delitos sean homogéneos Y dicho cambio de calificación no entrañe vulneración del derecho de defensa (tendría carácter heterogéneo –provocando indefensión- si Se califica provisionalmente como «tráfico de estupefacientes» y en las conclusiones Y sentencia se pena por «delito de contrabando»)

Asímismo Existirá una manifiesta Vulneración del acusatorio, si las partes acusadoras, en sus Calificaciones definitivas, ampliaran su acusación a nuevos hechos, sobre los Que no ha recaído prueba en el juicio oral. En tal supuesto el respeto a los Derechos fundamentales a «ser informados De la acusación», «a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para La preparación de la defensa» y «a utilizar los medios de prueba pertinentes» Sobre tales nuevos hechos, ha de obligar a la práctica forense a la siguiente Solución: el Presidente del Tribunal pregunte al acusado si está de acuerdo con La calificación del nuevo hecho y, si la defensa manifestara su disconformidad, Habrá de suspender el juicio, formalizarse una acusación adicional, contestarla El acusado y practicar las pruebas sobre ese nuevo hecho.

D)Prohibición de la «reformatio in peius» (J08,S09,S11,F13)


La vigencia del Principio acusatorio exige que en la segunda O sucesivas instancias no se pueda gravar más a un apelante de lo que ya lo Estaba por la sentencia recurrida, salvo que el apelado impugne también la Sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada. Así, el órgano «ad quem»  ha de estar vinculado por los límites Subjetivos y objetivos trazados por la acusación y la defensa en la primera Instancia.

La regla de la «interdicción de la reforma peor» constituye ya una doctrina consolidada de Nuestro Tribunal Constitucional, conforme a la cual la agravación de la pena al Recurrente, realizada ex officio, sin Que se le haya dado posibilitar el derecho de defensa, genera «indefensión» y Conculca el art. 24.1 y el «derecho a un proceso con todas las garantías».

4.LA LEGALIDAD ORDINARIA (F08,F10,R12)


Nuestro Ordenamiento procesal se manifiesta respetuoso con este principio. Sin embargo, La promulgación de reformas posteriores obliga a reinterpretar las normas Ordinarias con el art. 24.2 CE.

A)El Juez instructor decisor


La Figura del juez instructor-decisor fue desterrado de nuestro proceso penal por La LO 7/1988, mediante la creación de los Juzgados de lo Penal, a quienes se Les atribuye competencia para el conocimiento de la fase del juicio oral, reinstauró definitivamente no sólo esta Garantía del principio acusatorio, sino también el derecho al Juez legal Imparcial.

B)La Información de la acusación


También Nuestra LECrim consagró este derecho fundamental:

ðSubjetivamente, Mediante la instauración de una resolución de imputación formal, como es el auto De procesamiento que tiene la virtualidad de impedir que no pueda ser Acusada persona que no haya sido previamente declarada procesada (art. 384)

ðObjetivamente, al Tener que plasmar en él los «indicios Racionales de criminalidad» y al establecer la obligación para las partes Acusadoras de reflejar, en sus escritos de calificación provisional, «los hechos punibles que resulten del Sumario» (art. 650.1).

La Reforma de 1978 abundó en la misma línea al disponer la obligación de poner En conocimiento del sujeto pasivo de la instrucción la imputación sobre él Existente, tan pronto como fuera conocida (118.2). Esta prescripción hay Que observarla incluso en el juicio de faltas (art. 962.2).

Dando Cumplimiento a la doctrina constitucional, la reforma del 779.1.4 por la Ley 38/2002, ha establecido la obligación de reflejar en el auto de conclusión De las diligencias previas:

~«la determinación de los hechos punibles y La identificación de la persona a la que se le imputan»,

~la imposibilidad De «adoptarse sin haber tomado Declaración a aquélla en los Términos previstos en el artículo 775»

C)Apertura Del juicio oral a instancia de parte legítima


La LECrim instauró la exigencia de que el JUICIO ORAL TAN SÓLO PUEDA ABRIRSE A INSTANCIA DE UNA ACUSACIÓN LEGÍTIMA.
Así, si las partes acusadoras legitimadas solicitan el sobreseimiento, el Juez de lo Penal o la Audiencia Provincial no pueden abrir de oficio un juicio Oral contra persona determinada.

Pero, ¿qué se entiende por parte legitimada? Sólo cabe entender el MF y el acusador PARTICULAR –ofendido o Perjudicado, es la parte acusadora-(art. 782.1). Sin embargo, no cabe entender que lo sea la acusación popularque No está legitimada para obtener, por sí solo, la apertura del juicio oral.

D)Correlación Entre acusación y sentencia


También Nuestra LECrim se muestra cautelosa a la hora de proteger el derecho de defensa Frente a posibles mutaciones que Deseen realizar las partes o el Tribunal sobre El objeto procesal.
Tales garantías se encuentran preestablecidas en los Artículos 733, 746.6º y 851.4º
, si Bien, este último precepto no guarda relación alguna con el acusatorio.

ØArt. 733.
Pretende Salvaguardar al acusatorio frente a eventuales cambios en el título de condena a fin de garantizar El derecho al conocimiento previo de la acusación.

El tribunal tiene La facultad de sugerir a las partes NUEVAS TESIS JURÍDICAS Tendentes a evidenciar la concurrencia De una circunstancia eximente o una nueva calificación jurídica sobre el MISMO HECHO, objeto del juicio. Su finalidad es extender la correlación Entre la acusación y el fallo incluso a la «causa Petendi» de la pretensión penal para ampliar El ámbito cognoscitivo del tribunal a esa calificación delictuosa.

En tal caso se Autoriza a las partes a informar acerca de esa nueva calificación jurídica, Informe que puede posponerse al día siguiente del juicio, si alguna de las Partes «no estuviere suficientemente Preparada» (arts. 733.3º y 788.4)

ØEn Caso de que se tratara de nuevas tesis sobre hechos Nuevos, lo procedente es:

osuscitar la suspensión del juicio oral, art. 746.6;

opracticar Una «sumaria Instrucción suplementaria» (art. 749.2)

opracticar una adicional calificación Con consiguiente juicio oral para ese nuevo hecho

ØArt. 851.4º.
El motivo de casación parece consagrar una segunda congruencia de índole Cuantitativa.

A los efectos del éxito de la pretensión de amparo, la infracción Del art. 733 ha de quedar condicionada A la circunstancia de que el cambio de Calificación jurídica produzca indefensión o menosprecio al derecho del Acusado al conocimiento previo de la Acusación y a la articulación de la pertinente actividad probatoria frente a Esa nueva acusación que asume el Tribunal. Y esto tan solo debiera Suceder cuando se dé entrada a NUEVOS HECHOS O CUANDO EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN JURÍDICA CONLLEVE NUEVAS CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS
QUE EXIJAN SER PROBADAS.
En Cualquier otro caso, debiera permitirse la suspensióndel Juicio para que la defensa pueda preparar su informe.

Pero, en el ámbito del PROCESO PENAL ABREVIADO, el art.
789.3 establece también una congruencia cuantitativa, al prohibiral Tribunal la irrogación De un «quantum» de pena superior al solicitado por las partes acusadoras. Esta prescripción ha sido generalizada por el TS al sumario ordinario o proceso Penal por delitos graves, no sin alguna resolución contraria.

I. CONCEPTO


El Derecho de defensa es un derecho Fundamental de todo IMPUTADO a:


üacceder al proceso penal, Tan pronto como se le atribuya la comisión de un hecho punible y,

üa designar a un abogado o solicitar uno de oficio, para Poder efectuar los actos de alegaciones, prueba e impugnación, para Hacer valer el derecho fundamental a la libertad que asiste a todo ciudadano Que, por no haber sido condenado, se presume inocente.

De Este concepto se extraen las siguientes notas Esenciales:

A)La defensa es un derecho fundamental (art. 24 de la CE.), con sus derechos y Garantías instrumentales

b)Su primera manifestación es acceder al proceso penal, tan pronto Como surja la imputación, que ha de ser inmediatamente comunicada.

C)Su primer ejercicio es reclamar el derecho a la defensa técnica

d)A ambos, abogado y patrocinado, el Ordenamiento les posibilita el ejercicio De la defensa pública o técnica, así como el de la privada o autodefensa.

e)Su contenido consiste en oponerse a dicha imputación a través de La solicitud y obtener la práctica de los actos de investigación, Realizar alegaciones, pruebas, impugnaciones, para acreditar:

a.La inexistencia o atipicidad del hecho,

b.La falta de participación del imputado en Ese hecho,

c.Su ausencia de responsabilidad penal o

d.La concurrencia de circunstancias atenuantes De su culpabilidad.

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