Presupuesto de gastos del sector publico

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FALLOS DEL SECTOR PÚBLICO:


El Sector Público es el conjunto de agentes del sistema económico cuyas decisiones se toman a través del proceso político, se ejecutan al amparo del poder de coacción del Estado y su finalidad es maximizar la satisfacción de las preferencias de la mayoría ciudadana.

El Sector Público se prevé de dos criterios para garantizar el cumplimiento de sus funciones y para evaluar el rendimiento de sus políticas operaciones. Estos criterios son: eficacia y eficiencia. Conforme al criterio calidad eficacia, el S.P. debe corresponderse con las preferencias de la mayoría; en cambio, el criterio calidad eficiencia se basa en la gestión sobria de los recursos utilizados.

Cuando las actividades públicas no se ajustan a estos criterios, decimos que existen Fallos del S.P.; esto sucede cuando los agentes públicos adopten decisiones que no sean democráticas ni austeras.

Por tanto, la calidad de las actividades públicas (su eficacia y eficiencia) está condicionada en una Hacienda democrática por dos factores:

- Los procedimientos para tomar, ejecutar y controlar las decisiones públicas.

- Los comportamientos de los agentes que participan en la toma, ejecución y control de esas decisiones.

Las normas que regulan el procedimiento de toma, ejecución y control de las decisiones relativas al funcionamiento del S.P. se denominan Reglas de Elección Colectiva, y están compuestas por varios grupos de normas: las normas de votación, las que regulan el comportamiento de de los agentes que participan en el proceso político, y las de evaluación y control de los procesos de adopción y ejecución de las decisiones públicas. Estas Reglas de elección colectiva pueden constituir fallos del Sector Público si contienen taras que establezcan como preferencias colectivas o beneficien intereses que no se correspondan con los de la mayoría, o si contienen taras que impiden, dificultan... la actividad del S.P.

Para afrontar los Fallos, existen distintas alternativas que pueden resumirse en tres opciones:

- La democratización de las Reglas de elección colectiva, la mejora de los sistemas de afirmación, la apertura del sistema de medios de comunicación de información...

- La desregulación, la privatización de la gestión pública y el traspaso de competencias al Sector Privado.

- La creación de ilusión fiscal para aumentar la tolerancia ciudadana hacia los problemas de eficacia y eficiencia.

REGLAS DE ELECCIÓN COLECTIVA

Las reglas de elección colectiva son las normas que regulan los mecanismos o procedimientos para tomar, ejecutar y controlar las decisiones relativas a la actividad o funcionamiento del Sector Público. Están compuestas por varios grupos de normas:

En primer lugar nos encontramos con las normas de votación establecidas para agregar las preferencias individuales heterogéneas y determinar cuáles son las preferencias colectivas de una comunidad política. Su contenido son las normas relativas a los sistemas electorales en sentido amplio: legitimación activa y pasiva para votar, valor de los votos, circunscripciones, duración de los mandatos…

Las normas que regulan el comportamiento de los agentes que participan en el procesos políticos (que de una Democracia avanzada sería toda la ciudadanía en sus cuatro roles de votantes, representantes políticos, administradores públicos o miembro de asociaciones o grupo de intereses particulares). Su contenido son las normas relativas a los derechos y obligaciones de la ciudadanía cuando participan en el proceso político: partidos políticos y asociaciones ciudadanas, estatutos de los funcionarios y demás trabajadores públicos, normas sobre medios de comunicación…

Finalmente, las normas de evaluación y control de los procesos de adopción y ejecución de decisiones públicas, que tienen la función de impedir, dificultar, reparar y sancionar los fallos de la actividad del Sector Público. Su contendía son las normas sobre transparencia en la gestión pública; organización y funcionamiento de la Administración de Justicia, Ombudsman, Tribunal de cuentas…; mecanismos de control parlamentario por la oposición, medios de comunicación…

Sin embargo, estas reglas de elección colectica pueden ser fuentes de Fallos del Sector público de muchas maneras:

  • Si las normas de votación contienen taras que llevan a establecer como preferencias del colectivo (y, por tanto, a desarrollar como actividades del Sector Público) unos intereses que no se corresponden con las preferencias o necesidades de la mayoría de la ciudadanía.
  • Si las normas de comportamiento de los agentes públicos contienen taras que hacen que las actividades del Sector público beneficien unos intereses que no se correspondan con las preferencias o necesidades de la mayoría de la ciudadanía o que se ejecuten de manera ineficiente.
  • Si las normas de evaluación y control de los procesos políticos contienen taras que impiden, dificultan, retrasan o falsean la actividad de los órganos de evaluación y control de funcionamiento del Sector Público o que ocultan o falsean a la ciudadanía la realidad de las actividades públicas.

LA ILUSIÓN FISCAL

La ilusión fiscal o financiera es un fenómeno que consiste en la deformación de la representación de la realidad del comportamiento o funcionamiento del Sector público que percibe la ciudadanía. Uno de los primeros autores que estudió el fenómeno de la ilusión fiscal fue Amilcare Puviani (1854- 1907), en su obra Teoría de la ilusión financiera (1903).

La ilusión fiscal cumple en la práctica la función de aumentar el umbral de tolerancia social hacia los fallos del Sector público, para evitar la deslegitimación de la actividad pública y reducir la contestación ciudadana. Todos los agentes que participan en el proceso político (es decir, en la toma de decisiones públicas) pueden estar interesados en generar ilusión fiscal entre la ciudadanía; y también en oponerse a su existencia.

Los mecanismos para generar ilusión fiscal pueden ser muy diversos. Entre ellos destacan, por su eficacia y generalización, el recurso al endeudamiento público para financiar el gasto presente, la concesión de beneficios fiscales y la manipulación de información en los medios de comunicación.

Los mecanismos generadores de ilusión fiscal pueden dirigirse, entre otros, a exagerar los beneficios reales de las iniciativas públicas, a encubrir los costes reales de la actividad pública, a ocultar o confundir el reparto de la contribución ciudadana a la financiación pública.

En cuanto a empresas, los medios de comunicación son neutros: su función obtener beneficios a través de la distribución de información; en cuanto empresarios y productos, los medios de comunicación no son neutros: pueden usarse para crear ilusión fiscal o para fortalecer a la ciudadanía (a través de los medios de comunicación los votantes forman y expresan su opinión, los representantes políticos forman y conocen la opinión pública, las asociaciones ciudadanas y grupos de presión manifiestan sus intereses, los agentes políticos generan ilusión fiscal o contribuyen a desmontarla...)

PRESUPUESTO PÚBLICO:


El presupuesto público es un documento jurídico, político, contable y económico que se elabora periódicamente, se presenta formalmente equilibrado, establece con carácter general el límite máximo autorizado de gastos público y la estimación de ingresos públicos a realizar durante un ejercicio económico y expresa el programa de actuaciones de política presupuestaria del grupo político gobernante para ese periodo.

 El presupuesto puede definirse, siguiendo a Fritz Neumark, como "Resumen sistemático, confeccionado en períodos regulares, de las previsiones, en principio obligatorias, de los gastos proyectados, así como de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir tales gastos".

 Por tanto, las principales características del presupuesto público son las siguientes:

 1. Es un documento jurídico: se aprueba mediante una norma dictada por la máxima asamblea legislativa del correspondiente nivel de gobierno del Estado; por otra parte, su elaboración, aprobación y ejecución están sometidas a control de legalidad.

 2. Es un documento político: expresa el plan anual de actividades del Sector público decididas por el grupo político gobernante que, en teoría en una hacienda democrática, supone la plasmación anual de su programa electoral.

 3. Es un documento contable: su confección está sometida a criterios contables, su estructura es sistemática y su contenido está cifrado.

 4. Es un documento económico: contiene la definición de las políticas anuales de ingresos y gastos del Sector públicos decididos por el grupo político gobernante, para la asignación de los recursos, el crecimiento estable de la actividad económica y la redistribución de la renta y la riqueza.

 5. Es un documento que se presenta equilibrado formalmente: el total de ingresos y el total de gastos deben coincidir necesariamente.

 6. Es un documento prospectivo: contiene una previsión de gastos e ingresos futuros; una vez cerrado el ejercicio presupuestario y liquidados los gastos e ingresos, se transforma en Cuenta General (un documento retrospectivo que contiene, entre otros, el detalle de los gastos e ingresos públicos efectivamente realizados durante un ejercicio).

 7. Es un documento que contiene, con carácter general, una previsión normativa de los gastos a realizar: en principio, los créditos para gastos deben ejecutarse conforme fueron aprobados por el Poder legislativo, lo cual representa cinco ámbitos de especificación y vinculación:

A) La cuantía máxima a gastar en cada crédito no debe ser sobrepasada

B) El concepto en el que gastar cada crédito no debe ser alterado

C) La función para la cual está destinado cada crédito no debe ser cambiada

D) El órgano con capacidad para gastar el crédito no debe ser sustituido por otro

F)El ejercicio en el cual debe ser gastado cada crédito no debe ser pospuesto

 8. Es un documento que contiene una simple estimación de los ingresos esperados: con carácter general, el estado de ingresos presupuestarios únicamente tiene valor informativo y, por tanto, los errores al realizar las estimaciones de ingresos no provocan responsabilidad jurídica, aunque sí política.

 9. Es un documento con vigencia temporal: cada presupuesto se encuentra referido a un ejercicio económico, de manera que existe un ciclo presupuestario dentro del cual cada documento es elaborado, aprobado, ejecutado y controlado.

 En su origen, el presupuesto surgió como una materialización del principio democrático de soberanía popular: su primera función consistió en servir como instrumento del Poder legislativo para controlar la capacidad del soberano y del

Poder ejecutivo para actuar sobre la fiscalidad.

Posteriormente, la función presupuestaria de control evolucionó y se amplió hacia una función de dirección de la actividad del Sector público.

En la actualidad, como consecuencia del extraordinario crecimiento del Sector público experimentado durante el siglo XX y de las autolimitaciones de la soberanía parlamentaria, el presupuesto ha pasado a cumplir más una función informativa de la actividad del Sector público, de manera que el Parlamento utiliza el presupuesto para orientar la labor del Ejecutivo y para conocer y controlar su actividad.

CICLO PRESUPUESTARIO


El presupuesto es un documento temporal cuyo ciclo de vida atraviesa cuatro etapas: la elaboración, la aprobación, y la ejecución y el control.

En primer lugar la elaboración del presupuesto o “proyecto de presupuesto” corresponde al Poder ejecutivo. Éste es un proceso político y técnico en el que se definen los objetivos políticos del grupo de gobierno, se concretan los instrumentos para llevarlos a cabo y se formaliza una propuesta ante el Parlamento o la asamblea legislativa correspondiente para su aprobación.

Como segunda fase, nos encontramos la aprobación del presupuesto que también corresponde al Poder legislativo. Éste se define como un proceso político en el que se decide autorizar o rechazar, mediante una norma jurídica, la propuesta de plan anual de actuaciones presentada por el Poder ejecutivo. A estos efectos presupuestarios, la soberanía de los parlamentos se encuentra actualmente, muy disminuida respecto al modelo clásico por varios factores, entre ellos destacan:

a) La elevada cuantía del gasto público comprometido desde antes de ser aprobado el presupuesto (gastos de personal, gastos por contratos plurianuales corrientes, gastos financieros, gastos de prestaciones económicas de la Seguridad Social etc.)

b) La atribución en exclusiva a los Gobiernos de la iniciativa cuando implique aumento del gasto público o disminución de los ingresos públicos

c)La existencia de mecanismos de veto a favor del Gobierno frente a las iniciativas parlamentarias en materia presupuestaria.

D)La previsión de prórroga automática del presupuesto vigente mientras no se apruebe otro que lo sustituya

f) La extensión de las técnicas para la modificación de los créditos presupuestarios aprobados por el Parlamento que permiten al Gobierno, durante la fase posterior de ejecución, modificar su cuantía, su destino o su ejercicio.

La ejecución del presupuesto corresponde al Poder ejecutivo y es el proceso mediante el cual se realizan los ingresos y gastos presupuestados. Esta fase se inicia a la vez que el ejercicio presupuestario (normalmente en la mayoría de los países y en España, el primer día de enero), pero también puede extenderse a otros ejercicios posteriores debido a la complejidad de su tramitación. En ese caso, para atribuir los gastos e ingresos a un ejercicio determinado pueden seguirse dos criterios contables alternativos:

1- Según el criterio del devengo, las operaciones presupuestarias se imputan al ejercicio en el cual el Sector Público contrae la obligación de pagar (gastos) o el derecho a cobrar (ingresos).

2- Según el criterio de caja, las  operaciones presupuestarias se imputan al ejercicio en el cual el Sector público liquida la obligación, o sea los gastos o el derecho, es decir los ingresos, recibiendo también la denominación de criterio de pago o criterio de cobro, respectivamente.

El ciclo presupuestario se cierra con la etapa de control presupuestario, que presenta varias modalidades y que se clasifica en:

- Según el tipo de control presupuestario: control de legalidad, control de eficacia y control de eficiencia.

- Según el momento del control de las operaciones presupuestarias: control previo a su realización, control simultáneo a su realización y control posterior a su realización.

- Según el órgano controlador: control interno por el Poder ejecutivo (la Administración autocontrola su ejecución del presupuesto; en el caso español, mediante la Intervención General), control por el Poder legislativo (control parlamentario del presupuesto), control externo por órganos jurisdiccionales especializados (en el caso de España, mediante el Tribunal de Cuentas y los órganos análogos previstos en algunas Comunidades Autónomas), control externo por el Poder Judicial (la Administración de Justicia) y control por la ciudadanía.

La duración del ciclo presupuestario depende de la legislación de cada país u organización y generalmente, no inferior a tres años.


3. Criterio de devengo y criterio de caja

La ejecución del presupuesto corresponde al Poder ejecutivo y es el proceso mediante el cual se realizan los ingresos y gastos presupuestados. Esta fase se inicia a la vez que el ejercicio presupuestario (es decir, en el caso español, como en la mayoría de los países, el día primero de enero), pero puede extenderse a otros ejercicios posteriores debido a la complejidad de su tramitación. En ese caso, para atribuir los gastos e ingresos a un ejercicio determinado pueden seguirse dos criterios contables alternativos:

Según el criterio del devengo, las operaciones presupuestarias se imputan al ejercicio en el cual el Sector público contrae la obligación de pagar (gastos) o el derecho a cobrar (ingresos).

Según el criterio de caja, las operaciones presupuestarias se imputan al ejercicio en el cual el Sector público efectivamente liquida la obligación (gastos) o el derecho (ingresos), recibiendo también la denominación de criterio de pago o criterio de cobro, respectivamente.

El presupuesto debe recoger únicamente las operaciones realizadas durante su vigencia; en consecuencia, la imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan (criterio del devengo), y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos (criterio de caja). Es la aplicación contable del principio político de especialidad temporal o anualidad.

La incorporación de créditos de un ejercicio al siguiente, la existencia de gastos plurianuales y la aplicación del criterio de caja frente al criterio del devengo han flexibilizado la vigencia de este principio en la actualidad.


4. PRINCIPIOS ECONÓMICOS PRESUPUESTARIOS CLÁSICOS

Se denomina Hacienda clásica al pensamiento de los economistas clásicos acerca de las funciones económicas del Estado. Esa concepción clásica de la actividad financiera o presupuestaria del Sector público fue sintetizada por John Stuart Mill, el último de los grandes economistas clásicos, en su obra Principios de Economía Política (publicada inicialmente en 1848 y reeditada en siete ocasiones en vida del autor), mediante la formulación de un conjunto de dogmas o principios económicos, políticos y contables. Los cinco principios presupuestarios económicos clásicos fueron los siguientes:

1. El principio de gestión pública mínima (o principio del laissez faire económico), según el cual las funciones económicas del Estado debían consistir en fijar el marco institucional para el buen funcionamiento de la iniciativa privada y en limitarse a desarrollar el listado de actividades señalado por Adam Smith en La riqueza de las Naciones y aquellas otras actividades que los otros economistas clásicos habían acordado incorporar a esa lista (como la regulación de la jornada laboral y las condiciones de trabajo de los niños y los jóvenes; el socorro a los pobres y necesitados; el mantenimiento "en algunas épocas y lugares" de hospitales o imprentas; o la financiación de los viajes de exploración geográfica o científica y, en general, “los servicios de los investigadores científicos y tal vez de alguna otra clase de sabios").

2. El principio de equilibrio económico presupuestario anual, según el cual el gasto público debería financiarse normalmente cada año con ingresos ordinarios y no emitiendo deuda pública, pues este último es un recurso extraordinario al que sólo debería acudirse excepcionalmente.

3. El principio de autoliquidación de la deuda pública, según el cual la deuda pública además de ser un recurso excepcional según el principio de equilibrio económico anual de las cuentas públicas solamente debería emitirse para financiar aquellos gastos que fueran capaces de generar recursos suficientes como para que, con esos ingresos, se pudiera autoliquidar el préstamo (es decir, devolver el principal y los intereses de la deuda pública emitida).

4. El principio de neutralidad impositiva, según el cual los impuestos no deberían frenar el crecimiento económico y deberían establecerse sin discriminar entre agentes de condiciones similares; por tanto, deberían evitarse los impuestos que graven los fondos disponibles para la inversión (por ejemplo, los impuestos sobre los beneficios empresariales) y no deberían concederse exenciones fiscales o tratos de favor a unos particulares o empresas discriminando a otros.

5. El principio de equidad en el reparto de las cargas tributarias: toda la ciudadanía debería contribuir equitativamente al sostenimiento de los gastos públicos, para lo cual los tributos deben establecerse atendiendo a criterios justos. Con carácter general, debería aplicarse en los impuestos el criterio de la capacidad de pago (es decir, que cada cual debe aportar al Estado según la capacidad económica que manifieste) y en las tasas y demás contribuciones el criterio del beneficio (es decir, que cada cual debe aportar en función del provecho o beneficio particular que reciba del Estado).

5- LOS PRINCIPIOS POLÍTICOS PRESUPUESTARIOS CLÁSICOS:

El ciclo presupuestario es un proceso que puede conducirse de muy diversas maneras. Se denominan principios presupuestarios a los criterios o reglas que informan ese proceso.

Los principios presupuestarios clásicos, o criterios dogmáticos que según la

Hacienda clásica deberían ser observados en materia de ingresos y gastos públicos, se agregan en tres grandes categorías: principios económicos, políticos y contables.

1- Los principios económicos presupuestarios clásicos fueron básicamente cinco: gestión pública mínima, equilibrio económico presupuestario anual, autoliquidación de la deuda pública, neutralidad impositiva y equidad tributaria.

 2- Los principios políticos presupuestarios clásicos fueron los siguientes: competencia presupuestaria, universalidad o integridad presupuestaria, unidad presupuestaria, claridad presupuestaria, especialidad presupuestaria, publicidad presupuestaria, exactitud presupuestaria y anticipación presupuestaria.

3- Los principios contables presupuestarios clásicos fueron los siguientes: presupuesto bruto, unidad de caja, especificación presupuestaria y ejercicio cerrado.

 La formulación sintética de los principios clásicos se debe a John Stuart Mill, el último de los grandes economistas clásicos, en su obra Principios de Economía

Política (1848).

En lo que a los principios clásicos políticos me refiero, nos encontramos con ocho, los cuales son:

1. Principio de competencia

La separación de poderes propia del Estado liberal debe reproducirse en materia presupuestaria, de manera que el Poder legislativo es el competente para aprobar el presupuesto, el Poder ejecutivo para ejecutarlo y el Poder judicial para controlar la legalidad de su aplicación.

2. Principio de universalidad o integridad

El presupuesto debe recoger todos los ingresos y gastos públicos, no debiendo realizarse operaciones al margen del presupuesto.

3. Principio de unidad

El presupuesto debe ser un documento único que englobe todos los ingresos y gastos. Con este principio se trataba de conseguir eficacia en el control parlamentario del presupuesto facilitar la visión de conjunto de la política presupuestaria y evitar el crecimiento irracional del gasto.

4. Principio de claridad

La información proporcionada por el presupuesto debe permitir a sus usuarios la identificación y comprensión de las diferentes partidas de ingresos y gastos.

Este criterio se mantiene actualmente, pero la propia complejidad del documento presupuestario hace poco probable que éste pueda ser accesible a personas no iniciadas en la materia.

5. Principio de especialidad

El presupuesto de gastos debe ejecutarse cumpliendo fielmente lo aprobado por el Parlamento, pues constituye una previsión normativa. La vigencia en nuestros días se encuentra muy disminuida por la existencia de múltiples técnicas de modificación presupuestaria al alcance del Ejecutivo, tiene diversas modalidades:

a)Cuantitativa: el presupuesto debe ejecutarse sin sobrepasar la cuantía máxima de los créditos determinada por el Parlamento.

b) Cualitativa orgánica: el presupuesto debe ejecutarse por el órgano administrativo autorizado por el Parlamento para realizar cada crédito de gasto.

c) Cualitativa económica: el presupuesto debe ejecutarse aplicando los créditos de gastos a los conceptos señalados por el Parlamento.

d) Cualitativa funcional: el presupuesto debe ejecutarse aplicando los créditos de gastos a las funciones establecidas por el Parlamento.

e). Temporal (también denominado principio de anualidad): el presupuesto debe ejecutarse dentro del año (ejercicio económico) para el que fue aprobado, y no por tiempo indefinido.

6. Principio de publicidad

Todas las fases del ciclo presupuestario deben ser públicas y transparentes para facilitar a los usuarios su conocimiento, evaluación y control. Este principio se mantiene vigente en nuestros días salvo para los denominados "secretos de Estado".

7. Principio de exactitud

Las cifras de la liquidación del presupuesto deben acercarse lo más posible a las cifras iniciales de ingresos y gastos aprobadas por el Legislativo, y viceversa. En definitiva, las estimaciones iniciales de recaudación deben ser realistas y las previsiones de gastos también deben ajustarse a las necesidades reales.

8. Principio de anticipación

El presupuesto debe ser sancionado antes del comienzo del ejercicio en que vaya a ejecutarse. La actividad parlamentaria han conducido a complementar este principio con la previsión de prórroga automática del presupuesto anterior hasta que se apruebe uno nuevo.


El ciclo presupuestario en España

El ciclo presupuestario en España consta de cuatro etapas: elaboración, aprobación, ejecución y control. Su duración normal debería ser de tres o cuatro años, aproximadamente.

Elaboración del presupuesto

Conforme a la Constitución española de 1978, en el artículo134. CE se afirma que Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.

A su vez, el procedimiento de elaboración del presupuesto anual se establece en los artículos 28 a 31 y 36 a 38 de la vigente Ley General Presupuestaria de 2003.

En los primeros se detalla la forma en que el presupuesto anual se inserta dentro de una programación plurianual (que podría considerarse una fase independiente dentro del ciclo presupuestario).

El procedimiento de elaboración del proyecto de PGE se establece en la LGP.

Y en caso de no aprobarse un proyecto de PGE antes de finalizar el año natural, se establece la prórroga automática de una parte de los créditos iniciales del anterior.

Aprobación del presupuesto

El artículo 66 de la Constitución española reitera lo dispuesto en su artículo 134.1 respecto a la competencia de la fase de aprobación de los PGE.

La aprobación de los PGE se realiza mediante una ley ordinaria con un procedimiento legislativo específico de tramitación, en el que tiene preferencia frente a cualquier otro proyecto normativo, según disponen los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado. Existe, por tanto, reserva absoluta de ley y no cabe aprobar el presupuesto mediante un Decreto-Ley.

Un procedimiento similar se establece en el Reglamento del Senado.

El Parlamento adolece actualmente de importantes limitaciones a su soberanía en materia presupuestaria:

1ª Atribución exclusiva al Gobierno de la iniciativa legislativa para aumentar el gasto público o disminuir los ingresos públicos.

2ª Atribución al Gobierno de la facultad de vetar las proposiciones de ley o las enmiendas que supongan aumento de los gastos o disminución de los ingresos.

3ª Extensión de las técnicas de modificación del presupuesto aprobado, durante su ejecución por el Gobierno.

Ejecución del presupuesto

Una vez aprobados los PGE por las Cortes Generales, sancionados por el Jefe del Estado y publicados en el Boletín Oficial del Estado, comienza la fase de ejecución, en la que se realizan los ingresos y gastos presupuestados.

En cuanto a la gestión de los ingresos, la LGP dispone lo siguiente:

Artículo 80 LGP. "Gestión de Presupuestos de ingresos.

1. La gestión del Presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases sucesivas o simultáneas:

A) Reconocimiento del derecho

B) Extinción del derecho

Y en cuanto a la gestión de los gastos, la LGP establece que se desarrollará en las siguientes fases:

Artículo 73 LGP. "Fases del procedimiento de la gestión de los gastos.

1. La gestión del Presupuesto de gastos del Estado y de sus organismos autónomos y de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social se realizará a través de las siguientes fases:

A) Aprobación del gasto

B) Compromiso de gasto

C) Reconocimiento de la obligación

D) Ordenación del pago

E) Pago material" […]

Control del presupuesto

Todos los órganos del Sector público general español están obligados a rendir cuentas de su actividad, conforme a la Ley General Presupuestaria (LGP).

Y en la misma LGP se establece el régimen de responsabilidades, sin perjuicio de lo previsto en los ámbitos del Derecho Penal, del Derecho Civil y del Derecho Administrativo sancionador.

 Esta última etapa del ciclo presupuestario consta de varias modalidades complementarias de control, que corresponden a diversas instituciones y organismos.

La Cuenta General del Estado


Es un documento informativo que resume, tras finalizar el ejercicio presupuestario, la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y la consecuente situación patrimonial del Sector público general del Estado. Se forma por la Intervención General de la Administración del Estado mediante la agregación o consolidación de las cuentas rendidas por los responsables de las distintas entidades públicas, con la finalidad de ofrecer una visión de conjunto de la actividad desarrollada por todo el Sector público estatal.  El texto refundido de la Ley General Presupuestaria regula en sus artículos 132 y siguientes, la estructura de la Cuenta General del Estado, su formación por la Intervención General de la Administración del Estado, así como su posterior remisión al Tribunal de Cuentas.

 La nueva redacción dada al artículo 132 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria por la Ley 50/1998 establece que la Cuenta General del Estado se formará con los siguientes documentos:

1. -Cuenta General del sector público administrativo, que se formará mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que formen sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública y normas de desarrollo.

 2. -Cuenta General del sector público empresarial, que se formará mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que formen sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de la empresa española y disposiciones que lo desarrollen.

3. -Cuenta General del sector público fundacional, que se formará mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que formen sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollen.

Esta nueva redacción configura a la Cuenta General del Estado como un documento informativo formado por la agregación o consolidación de las cuentas rendidas por los responsables de las distintas entidades públicas, con la finalidad de ofrecer una visión de conjunto de la actividad desarrollada por todo el sector público estatal.

Por su parte, el artículo 133 del texto refundido de la General Presupuestaria, según redacción dada al mismo por la Ley 50/1998, establece que el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, determinará el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o consolidación de la Cuenta General del Estado, que en todo caso suministrará información sobre:

-La situación económica, financiera y patrimonial del sector público estatal.

-Los resultados económico patrimoniales del ejercicio.

-La ejecución y liquidación de los presupuestos

4. Créditos presupuestarios

Los créditos presupuestarios se definen como “cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades con presupuesto limitativo, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados”. Ello se encuentra previsto en el artículo 35.1 de la Ley General Presupuestaria (LGP).

Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y económica que en cada caso proceda, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de su ejecución.

Así para la LGP solamente tienen la consideración de créditos presupuestarios las partidas cuya puesta a disposición por el centro gestor implique vinculación jurídica. Las partidas cuya naturaleza es meramente informativa o explicativa no se consideran créditos.
Son partidas de los estados de gastos de los presupuestos de los entes del sector público administrativo, de forma que ni las partidas de los presupuestos de ingresos ni las partidas de los presupuestos de explotación y capital del sector público empresarial o fundacional entran en el concepto de crédito presupuestario.

Los créditos presupuestarios constituyen un programa de gasto del presupuesto anual:

“El conjunto de créditos presupuestarios que, para el logro de los objetivos anuales que el mismo establezca, se ponen a disposición del gestor responsable de su ejecución”.

 Es decir, constituyen la concreción anual de los programas presupuestarios de carácter plurianual.

Las actividades propias de servicios horizontales y las instrumentales podrán configurarse como programas de apoyo para una mejor ordenación y gestión de los créditos necesarios para su realización.

La comprobación del grado de cumplimiento de un programa presupuestario se efectuará en función de los resultados cuando éstos sean mensurables e identificables. Cuando los resultados no sean mensurables la efectividad del programa se hará mediante indicadores que permitan su medición indirecta

5- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

La aplicación presupuestaria muestra como se está desarrollando el presupuesto. En un sentido más amplio la aplicación presupuestaria es la unidad mínima de información que permite hacer un seguimiento a cómo va la ejecución del Presupuesto .Entre las características que nos ofrece una aplicación presupuestaria podemos encontrar: qué órgano puede gastarlo (clasificación orgánica), para qué se puede gastar (clasificación por programas) y en qué se puede gastar (clasificación económica).Su estudio y comprensión es parte fundamental de esta materia, ya que una buena aplicación de la misma nos permite descifrar mucha información relativa a los gastos de nuestro Presupuesto. Se puede decir que es una serie sucesiva de códigos que nos informan de los aspectos orgánicos, económicos, funcionales y cuantitativos de la ejecución del Presupuesto.

En su estructura encontramos unos códigos que nos informan de:
QUIEN ejecuta el presupuesto EN QUE se invierte los recursos PARA QUE se invierten.

La notación de una aplicación presupuestaria tiene la forma siguiente:

04.01.911P.222.00

Donde los primeros dígitos (04.01) indican qué órgano está autorizado para gastar el crédito: la sección y el servicio; en este caso, se trata del Tribunal Constitucional; debe recordarse que es posible que, en vez de cinco, sean seis los dígitos: sería el caso de los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las agencias estatales y los demás entes u organismos públicos con personalidad jurídica propia y presupuesto limitativo de gastos.

Los cuatro siguientes dígitos después del segundo punto (911P) señalan a qué finalidad o destino se dirige el crédito: el  programa  de  gasto;  en  este  caso,  se trata del programa denominado "Control Constitucional", que se encuentra dentro del área de gasto "Actuaciones  de carácter general" y dentro de la política de gasto "Alta Dirección".

Los últimos dígitos (222.00) concretan en qué puede realizarse el gasto: la  clasificación económica; en este caso, se concreta en el subconcepto

"Comunicaciones telefónicas", dentro del capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios"


6. Las fases en la ejecución de los ingresos y gastos presupuestarios

        Los créditos presupuestarios se encuentran dotados de una ejecución, la cual se desarrolla mediante distintos actos ordenados en las siguientes fases, según la Ley General Presupuestaria (LGP):

1>> Fase de Ordenación del gasto: es el conjunto de actos encaminados a reconocer a una obligación de pago. Tal fase se encuentra compuesto por diversos documentos:

  1. Documento contable RC (“Retención de crédito”): es un acto estrictamente contable mediante el cual el importe del crédito queda reservado para una finalidad y queda indisponible para destinarlo a cualquier otra.

Documento contable A (“Aprobación del gasto”): toda iniciativa de gasto debe comenzar con la autorización del gasto por la máxima autoridad del centro gestor, señalando una cuantía cierta o aproximada al respecto.

Documento contable D (“Compromiso de gasto”: la Administración procede a la disposición del gasto y se vincula con un tercero concreto, por una cuantía determinada o determinable y en unas condiciones concretas.

  1. Documento contable O (“Reconocimiento de la obligación”): una vez que se verifica documentalmente que el tercero ha ejecutado su prestación, se produce la contracción de una obligación por la Administración para con ese acreedor y se determina el importe exacto de la deuda a pagar.

2>> Fase de Realización del pago: es el conjunto de operaciones encaminadas a satisfacer las obligaciones contraídas. Esta segunda y última fase consta de dos documentos:

  1. Documento contable K (“Ordenación del pago”): el centro administrativo que está gestionando el gasto, tramita la correspondiente propuesta de pago ante la Administración pagadora para que esta última abone al tercero la deuda contraída. Igualmente, hay que mencionar que lo común es acumular todos los actos en un único documento mixto ADOK para agilizar el funcionamiento administrativo.
  2. Documento contable P (“Pago material”): el Ordenador general de pagos realiza la tramitación material del pago de la deuda, cuando no proceda otra fórmula de extinción de la deuda, de manera que se extingue la obligación contraída por el Sector público.

       Por último, cabe destacar que, para agilizar la gestión del gasto, están previstas dos técnicas alternativas en la LGP: los anticipos de caja fija y los pagos a justificar.

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