Plazo para presentar demanda ejecución sentencias

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3. Contenido mínimo de la demanda y forma según articulo 80 LJS

La demanda es el acto procesal que, por iniciativa de parte, pone en marcha el proceso. Como excepción al principio de oralidad, es necesario que se formule por escrito mediante los formularios y procedimientos facilitados al efecto en la oficina judicial donde deba presentarse ( art. 80.1
LJS).

La Ley 59/2003, de 19 de Diciembre , de firma electrónica, establece en su art. 3.4 una equiparación en valor y eficacia entre el clásico documento con firma manuscrita y los documentos firmados electrónicamente (siempre que cumplan ciertos requisitos), lo cual parece abrir la posibilidad de que las demandas puedan presentarse por medio de documento electrónico (siempre que se dé la condición, claro está, de que el órgano jurisdiccional esté dotado de la tecnología que permita dar cauce a esta posibilidad). Por otra parte, la demanda está sujeta también a ciertas exigencias de contenido mínimo. Tales exigencias deben entenderse satisfechas cuando no existe duda respecto de los sujetos intervinientes, sobre los hechos básicos y sobre el alcance de la pretensión deducida.

El contenido de la demanda ha de ajustarse a los siguientes requisitos generales ( art. 80.1
LJS)----a) La designación del órgano ante quien se presente, así como la expresión de la modalidad procesal a través de la cual entienda que deba enjuiciarse su pretensión.El órgano a que alude este apartado puede ser un juzgado, una sala de lo social de TSJ o de AN. La designación tiene tan sólo una naturaleza genérica porque si en la localidad existen varios juzgados la competencia se determinará de acuerdo con las normas de reparto correspondientes. Tampoco es preciso aludir a la persona que ostente la titularidad del concreto órgano jurisdiccional.---b) La designación del demandante , en los términos del art. 16
LJS, con expresión del número del documento nacional de identidad o del número y tipo de documento de identificación de los ciudadanos extranjeros, y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso y sus domicilios, indicando el nombre y apellidos de las personas físicas y la denominación social de las personas jurídicas. Si la demanda se dirigiese contra una masa patrimonial, patrimonio separado, entidad o grupo carente de personalidad , además de identificarlos suficientemente, habrá de hacerse constar el nombre y apellidos de quienes aparezcan como administradores, organizadores, directores, gestores, socios o partícipes, y sus domicilios, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la masa patrimonial, entidad o grupo y de sus gestores e integrantes.

Se delimita así de forma subjetiva el proceso. La ley no se refiere de forma expresa al demandado, sino que este apartado exige que sean llamados al proceso «otros interesados », lo que comprende tanto al estricto demandado como a los que, sin tener esta condición, son parte en el proceso (Ministerio Fiscal, por ejemplo). Esa expresión se relaciona con la figura procesal del litisconsorcio pasivo necesario , es decir, la necesidad de que sean convocadas al proceso todas aquellas personas que pudieran quedar afectadas por la resolución que se dicte, al ostentar un marcado o definitivo interés en el asunto litigioso. El litisconsorcio ha de estar recogido de forma expresa en un precepto legal o derivar de la relación jurídico-material objeto de controversia ( STS 31-5-1980 y STS 16-7-2004
).----c) La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En ningún caso podrán alegarse hechos distintos de los aducidos en conciliación o mediación ni introducirse respecto de la vía administrativa previa variaciones sustanciales en los términos prevenidos en el art. 72
LJS, salvo los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

Lo usual para cumplir este mandato de claridad y concreción es que los hechos estén redactados en párrafos numerados.
Con esta exigencia fáctica la demanda ha de quedar individualizada y sustanciada, lo que significa que la acción ejercitada se encuentra identificada y referida al concreto supuesto que la norma contempla. La falta de mención a los hechos o una lánguida e inexpresiva referencia es motivo de indefensión para la contraparte y causa entonces de nulidad de actuaciones. Significa, en definitiva, omisión sustancial que no puede ser salvada por las alegaciones efectuadas en el acto del juicio ( STS 5-12-1996
). Nada se indica en el precepto respecto de los fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión, pero cuando se redacta por abogado o graduado social no es infrecuente una somera referencia a la normativa básica aplicable, favorecedora de que la controversia quede centrada. Sin embargo, suele ser escasa esta fundamentación jurídica con el legítimo propósito de que la parte contraria no conozca los argumentos que van a ser utilizados durante el acto de juicio.

D) La súplica correspondiente, en los términos adecuados al contenido de la pretensión ejercitada

De ordinario son peticiones de condena del demandado (a un dar, un hacer o un no hacer). Sin, embargo, otras veces la petición puede ser constitutiva (que el órgano judicial cree, modifique o extinga una relación jurídica) o, incluso, una pretensión declarativa. Para que resulten admisibles estas últimas han de concurrir los siguientes requisitos:

a) que exista una verdadera controversia. Esto exige que la cuestión objeto de debate sea actual y efectiva que no se refiera a cuestiones futuras e hipotéticas o que no tengan incidencia alguna en la esfera del derechos e intereses del demandante. No cabe solicitar del Juez una mera opinión o un consejo ( SSTS 6-3-2007 , 27-11-20
) y 12-2-2008
).

b) que concurra una necesidad de protección jurídica, es decir, que exista un derecho insatisfecho, al que se trata de tutelar mediante el ejercicio de la acción ( SSTS 18-7-2002 y 30-1-2006
).

e) Si el demandante litigase por sí mismo, designará un domicilio , de ser posible en la localidad donde resida el juzgado o tribunal, en el que se practicarán todas las diligencias que hayan de entenderse con él.

La designación deberá efectuarse con indicación completa de todos los datos de identificación del domicilio facilitado, así como número de fax, teléfono y dirección electrónica si dispone de ellos, para la práctica de toda clase de comunicaciones por dichos medios. Si designa letrado, graduado social colegiado o procurador deberá ir suscrita por el profesional, que se entenderá asume su representación con plenas facultades procesales y facilitará los mismos datos anteriores, sin perjuicio de la ratificación posterior en juicio del demandante salvo que con anterioridad otorgue poder en forma, por alguno de los medios admitidos en derecho o que, con posterioridad, se efectúe revocación o renuncia comunicada de forma efectiva.

F)Fecha y firma

Ha de constar la firma del actor o la de la persona que ostenta su representación, aunque se trata de un requisito subsanable.
La presencia de varios demandantes exige la firma de todos ellos, de manera que si, transcurrido el plazo para subsanar, sólo alguno o algunos corrigen este defecto, el proceso continuará respecto de los firmantes, archivándose respecto de los demás. Cuando no se sabe o no se puede firmar , habrá de expresarse así en la demanda y ratificarse después el actor en ella. La fecha que consta en la demanda no tiene efecto jurídico porque la verdaderamente trascendente es la fecha de la presentación de la demanda, diligenciada por el Secretario Judicial. Si no consta la fecha, se debe tener en cuenta la de la presentación de la demanda.

A estos requisitos generales pueden añadirse otros.
Por ejemplo, bajo el añadido de un otrosí la comunicación de que el demandante va a comparecer asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social. También la solicitud de pruebas que exigen previa citación o requerimiento, aunque éstas se pueden solicitar con cinco o tres días de antelación al juicio ( art. 90.3
LJS), la petición de prueba anticipada ( art. 78
LJS) y de que se adopten, en su caso, las medidas cautelares del ( art. 79
LJS).

Exigida la aportación de tantas copias de la demanda y de los documentos que la acompañan como sean los demandados y demás interesados, como también para el Ministerio Fiscal cuando ha de intervenir, así como de los demás documentos requeridos según la modalidad procesal aplicable ( art. 80.2
LJS). Se trata de un requisito cuyo incumplimiento produce indefensión manifiesta porque impide el derecho a la defensa.

Con la demanda se habrá de presentar asimismo la documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación, o de haber transcurrido el plazo exigible para su realización sin que se hubiesen celebrado, o del agotamiento de la vía administrativa, cuando proceda, o alegación de no ser necesarias éstas, así como los restantes documentos de aportación preceptiva con la demanda según la modalidad procesal aplicable ( art. 80.3
LJS).

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