La oposición a las reformas "el gobierno encontró la oposición de los grandes propietarios"

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en español con un tamaño de 13,26 KB

 

EL BIENIO DE GOBIERNOS DE AZAÑA.(1931-1933)

Tras aprobar la constitución de 1931, fue elegido presidente de la república Alcalá Zamora, quien encargó a Azaña formar gobierno.
Lerroux, líder del Partido Radical, rechazó permanecer en el gobierno si continuaban en él los socialistas.

En cuanto a la economía, la república coincidíó con la crisis mundial de 1929-1933. No obstante, las dificultades se debieron principalmente a los problemas tradicionales de la economía española. Además, las reformas aumentaron los gastos y los recursos resultaron insuficientes. Esta evolución negativa de la economía intensificó la conflictividad social.
Durante esta etapa, se iniciaron reformas que afectaron a todos los ámbitos. En lo referido a la separación Iglesia-Estado, el gobierno desarrolló una serie de leyes, como la Ley de Divorcio (1932) y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, por la que se ordenaba el cierre de las escuelas religiosas desde Diciembre de 1933.
En el ámbito educativo, era necesaria la creación de 27.000 escuelas por el cierre de religiosas, de las cuales se construyeron unas 13.000. La política educativa se dirigíó también a la extensión de la cultura popular. Se crearon las Misiones Pedagógicas, destinadas a difundir la cultura en las zonas rurales.
En cuanto a la reforma laboral, se aprobaron la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de Jurados Mixtos y la Ley de Asociaciones Obreras, que regulaba los sindicatos. Además, Largo Caballero orientó su actividad a fortalecer sobre todo a la UGT y a la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), frente a los patronos. El objetivo último era el establecimiento del socialismo.
Otra cuestión era la organización territorial para satisfacer a las regiones nacionalistas. En Cataluña, se elaboró el Estatuto de Nuria (1931). Su debate en las Cortes se alargó por la oposición que provocó su contenido federalista. Finalmente, fue aprobado gracias a la intervención de Azaña y a la solidaridad de los republicanos ante el fracaso del Golpe de Estado de Sanjurjo. Sin embargo, el estatuto sufríó importantes recortes y su  principal limitación fue la reducida capacidad de autofinanciación.
En cuanto al estatuto vasco, el proyecto definitivo incluía a las tres provincias vascas y Navarra, pero fracasó porque no obtuvo los objetivos en Álava y Navarra lo rechazó. Más tarde quedó paralizado tras la victoria del Partido Radical y de la CEDA en las elecciones de 1933. Fue en 1936 cuando se aprobó este estatuto.
En Galicia, gracias a la labor del Partido Galleguista, una asamblea de municipios presentó un proyecto de estatuto en 1936. Pero no llegó a las Cortes, ya que tras el estallido de la Guerra Civil, Galicia cayó en manos de los sublevados.
En Andalucía, una Asamblea Regional aprobó un anteproyecto de estatuto en 1933.
De igual modo Valencia, Aragón y Baleares no pasaron de la fase de elaboración de proyectos. En Castilla-La Macha, la cuestión del estatuto solo fue tratada por algunos periódicos y grupos minoritarios.

Otro asunto fue la reforma agraria. La agricultura española seguía siendo arcaica, y con la crisis económica mundial el problema social del sector agrario se había acentuado. En 1932, se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que establecía cuatro tipos de tierras expropiables. La aprobación de esta ley se vio acelerada tras la Sanjurjada, que también provocó la expropiación de las tierras de la aristocracia sin indemnización. Todas las fincas pasaron a ser propiedad del Estado, pero las comunidades de campesinos decidirían el régimen de explotación colectivo o individual. La aplicación de esta ley quedó en manos del Instituto de Reforma Agraria (IRA), pero sus resultados fueron muy limitados, debido a las dificultades técnicas, la falta de recursos y la oposición de los propietarios. El fracaso de la aplicación de la ley originó insurrecciones anarquistas que desembocaron en graves enfrentamientos con las fuerzas de orden público.
Durante este bienio, el gobierno se enfrentó a una fuerte oposición. La CNT y la FAI pretendían establecer el anarquismo mediante la acción directa. Desde finales de 1931, los anarquistas protagonizaron huelgas e insurrecciones, ante las cuales el gobierno reacciónó con la Ley de Defensa de la República, que permitía suspender las garantías  constitucionales. Esta ley fue utilizada con dureza en episodios cruentos como los de Castilblanco y Arnedo. En Enero de 1932, la CNT dirigíó el primer intento revolucionario en la cuenca minera del Alto Llobregat. Pero más graves fueron los sucesos de Casas Viejas (1933), que enfrentaron a grupos campesinos de la CNT con la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Este incidente fue un gran motivo de la caída del gobierno: la oposición exigíó una investigación parlamentaria y Azaña fue responsabilizado de los hechos.
Por otro lado, la oposición de la derecha adoptó dos posturas. Los sectores monárquicos trataron de derribar la república mediante la conspiración. Los carlistas formaron la Comunión Tradicionalista y los alfonsinos, el partido Renovación Española. Estos grupos trataron de incitar a los militares, y en Agosto de 1932 el general Sanjurjo intentó un Golpe de Estado, que fracasó.
La derecha católica optó por una vía pacífica. En Febrero de 1933 se fundó la CEDA, un partido que juntó a distintas derechas regionales, y que contaba con el apoyo del Vaticano.
A mediados de 1933, el gobierno comenzó a desestabilizarse. Las organizaciones de propietarios lo criticaban y la CNT continuó con sus huelgas. Por su parte, el Partido Radical presentaba una postura de acoso. Además, existía un malestar del presidente con el gobierno de Azaña. Otro gran problema vino del PSOE, donde se fue afianzando la postura de Largo Caballero de poner fin a su colaboración en el gobierno. Igualmente, el avance de la CEDA y de los radicales terminó por llevar a Alcalá Zamora a forzar la dimisión de Azaña.
En Septiembre, Lerroux intentó formar gobierno pero no lo consiguió. Ante esta situación, Alcalá Zamora disolvíó las Cortes y convocó elecciones para Noviembre de 1933.

Entradas relacionadas: