Lección 1. el concepto de constitución

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LECCIÓN 1. EL CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN

1.LA AMPLITUD DEL TERMINO CONSTITUCIÓN.

Según la real Academia Española de la lengua por Constitución se entiende la esencia y naturaleza de una cosa que la diferencian de las demás.
La voz constitución ha servido ,en diversas ramas del Derecho , para designar “normas de singular rango” e incluso normas creativas de una institución.
En el terreno de la vida política, hereda la concepción de ley fundamental y constitutiva de instituciones.

2. LA CONSTITUCIÓN COMO APORTACION OCCIDENTAL Y EL MOVIMIENTO CONSTITUCIONALISTA

Aristóteles en su “Política” concibe la Constitución (politeia) como la definición de las magistraturas, la fijación del fin específico de cada institución y la redistribución del poder entre los diversos organismos, estableciendo, en suma, el orden.
Para Aristóteles, la Constitución debía ser distinguida de las leyes ordinarias que son las normas que ha de respetar cada magistrado en el ejercicio de su poder.
El primer cristianismo revaloriza la idea de la persona humana libre y responsable porque denuncia la hipocresía que constituía la base de la Ciudad antigua y se llama esclavitud, a la vez acelera la decadencia del imperio romano y prepara el paso a la Edad Media.

Debemos al Medievo el desarrollo de un individualismo entre la nobleza que constituirá uno de los gérmenes de la libertad moderna; así como los fueros, que los reyes otorgaban y en ocasiones juraban y que recopilaban normas legales y consuetudinarias, garantizar derechos, libertades y privilegios de los aristócratas, de otros estamentos privilegiados y de ciudades que tienen importancia en países como España e Inglaterra.

El Renacimiento aportó nuevo impulso en esta dirección, sobre todo en España, donde prospera el concepto de Ley Fundamental como pacto constitutivo del orden político entre el Rey y el Reino.
 En este periodo son especialmente importantes las aportaciones de Alfonso de Castro, Francisco Suárez o el Padre Mariana para quien la ley Fundamental ya entraña una limitación del poder.

El siglo XVII desempeñó un papel clave en la gestación del movimiento constitucionalista, en virtud de las revoluciones liberales inglesas de 1642 y 1688, así como por las valiosas aportaciones doctrinales de Althusius, que asienta la idea de que la constitución era obra del pueblo articulado como poder constituyente y de John Locke, que conjuga el principio de la tolerancia respecto del discrepante con el respeto al derecho de propiedad y con el principio de supremacía de la Ley.

Será el siglo XVIII conocido como “Siglo de las Luces”, el que ponga las bases para la Revolución Francesa y la expansión del constitucionalismo.

La independencia de las colonias americanas tiene entre sus orígenes, la defensa del nuevo pensamiento liberal. El proceso pasa por la reunión en Filadelfia, el Primer Congreso continental y del Congreso de Nueva York, que concreta sus pretensiones en el documento denominado “Declaration and Resolves”, que se apoya en el Derecho Natural y en los principios de la Constitución inglesa. El Segundo Congreso continental proclamó en 1776 que las colonias se declaraban libres e independientes. Tras esto, muchas colonias se dieron su nueva Constitución, a través de asambleas constituyentes.
En 1776 se forma una confederación que gana la guerra a Gran Bretaña y pocos años después, en 1787, celebra una asamblea que aprueba la breve Constitución de siete artículos aún vigente en Estados Unidos.

Mientras tanto, en Francia las polémicas teorías de autores como Rousseau (bondad natural del hombre, contrato social, voluntad general y soberanía popular), contribuyen a crear el cúmulo de ideas que permitió el triunfo de la Revolución Francesa en 1789. Su primer fruto fue la “Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano”, posteriormente el nuevo régimen se organiza mediante diversas leyes codificadas en la primera Constitución, hija de la Revolución francesa, de 3 de septiembre de 1791.
Desde entonces el movimiento constitucionalista se extendió, siendo la Constitución un objetivo de todos los pueblos de Europa y América.
El Constitucionalismo ha tenido una línea de pensamiento que le ha servido siempre de denominador común, de la que podemos destacar algunos caracteres:

a) La confianza en la persona humana. De su dignidad se derivan derechos y libertades fundamentales a cuyo servicio ha de estar el poder político.

b) El Poder sólo es legítimo si es ejercido en representación de la soberanía popular.

c) La Primacía de la Ley. Expresión de la voluntad general a la que se someten todos los ciudadanos. El poder judicial asegurará su cumplimiento. Esto contribuye a explicar que la aceptación del principio de división de poderes fuese considerada consustancial al concepto de Constitución (art. 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789).

d) La desconfianza en el poder. Aun partiendo de la necesidad del Estado existe una experiencia universal sobre los excesos y corrupciones a que conduce fácilmente el ejercicio del poder.

e) Consecuentemente,
el poder político ha de ser limitado, controlado, dividido y contrapesado. La idea central del concepto de Constitución es la de limitación y control del poder político.

f) Estos principios y valores y las consiguientes normas estructurales de la organización jurídico política del estado han de estar garantizados por una super ley que vincule tanto a ciudadanos como a la totalidad de los poderes públicos, lo que se le da en llamar Constitución.

3. CLASIFICACIONES TRADICIONALES DE LAS CONSTITUCIONES

3.1 Constituciones otorgadas, pactadas, reconocidas, impuestas y emanadas de la soberanía popular.
Esta clasificación se realiza atendiendo a la gestación de la Constitución por el poder constituyente.
Por constitución otorgada suele entenderse la que el Rey concedía por simple liberalidad a su pueblo. Nunca fue un acto de generosidad sino más bien fruto de la toma de conciencia por parte del Rey de la imparable fuerza del pensamiento constitucionalista y de la creciente influencia social de la burguesía emergente. Se pede citar como ejemplos El Estatuto Real de 1834, en España, o la “Carta” otorgada por Luis XVIII en 1814, en Francia.

Se ha calificado de
Constitución pactada la elaborada mediante un compromiso alcanzado entre los representantes del pueblo reunidos en Cortes y la Corona. Buenos ejemplos de este tipo de constitución fueron la Constitución española de 1845 y la Constitución canovista de 1876.

Se denomina
Constitución reconocida a la que el Rey se ve obligado a reconocer “cuando la organización del reino es suficientemente poderosa para afirmarse frente al Monarca”. Es una ley fundamental que se impone al Rey, y se distingue de la Constitución impuesta en que ésta última no era fruto de imposición por convicción, sino mediante una revolución o algún género de lucha para arrancar al Rey ciertas prerrogativas. Son Constituciones reconocidas (impuestas, sin que medie proceso previo revolucionario) todas las Constituciones de las Monarquías parlamentarias de nuestra época, en cuyo preámbulo emerge la Cámara Constituyente como única autora de la nueva Ley de leyes, sin citarse al Rey como uno de los elementos que configuran el poder constituyente tal como sucede en nuestra Constitución española de 1978, que es obra de un poder constituyente, el pueblo o la nación, que no es la Corona.
Las
Constituciones emanadas de la soberanía popular se refieren a las vigentes en las diversas repúblicas siguiendo el modelo de la Norteamericana de 1787.
Hoy se puede afirmar que no hay diferencia práctica entre una Constitución reconocida de una monarquía parlamentaria y la de una República democrática, pues en ambos casos su fundamento radica en la soberanía nacional y su finalidad es
limitar el poder político, lo que se traduce en el principio jurídico de la supremacía de la Constitución.

3.2 Constituciones consuetudinarias y escritas.
El hecho de que la Constitución británica haya sido la primera que surge en la Historia, explica que durante mucho tiempo la clasificación principal fuera la de Constituciones consuetudinarias (predominantemente no escritas) y Constituciones escritas. El tiempo se encargó de demostrar que el arquetipo de Constitución consuetudinaria británica resultaba inexportable al continente europeo tanto por el peso de los modelos de Constituciones norteamericana y la primera de las francesas, como por la evidencia de que la escritura ha sido considerada en el campo del Derecho como un valioso instrumento de certeza y de seguridad jurídica.

3.3 Constituciones codificadas y no codificadas.
Entre las Constituciones escritas, la regla general es que estén recogidas en un solo cuerpo legal, es decir, que estén codificadas. Son obvias las ventajas que aporta, tanto en claridad como en seguridad jurídica, una única Ley fundamental. No obstante, ha habido alguna rara opción a favor de una pluralidad de leyes fundamentales, como las francesas de 1875. Las leyes fundamentales del Franquismo no eran propiamente una Constitución en sentido estricto.

3.4 Constituciones rígidas y flexibles.
El Vizconde de Bryce consagró la noción de rigidez partiendo del modelo de la Constitución norteamericana de 1787, que en su art. 5.º establece un mecanismo complejo y dificultado por la necesidad de obtener mayorías parlamentarias reforzadas y por el preceptivo concurso de una mayoría también cualificada de los órganos competentes de una mayoría igualmente reforzada de los Estados miembros de la Federación. El contrapunto lo ofrecía la Constitución británica, arquetipo de Constitución flexible.
Actualmente, las constituciones escritas suelen estar dotadas de la rigidez que supone que el poder legislativo constituido no puede modificar los preceptos constitucionales por el mismo procedimiento por el que modifica las leyes ordinarias.
Hoy la práctica totalidad de las Constituciones escritas (con excepciones como Nueva Zelanda o Israel) son rígidas y sólo puede acometer el Parlamento su reforma actuando como poder constituyente constituido y por el procedimiento especial que prevé al efecto la propia Constitución. Las Constituciones flexibles lo son hoy muy relativamente, pues al haberse generalizado la conciencia de la supremacía de la Constitución, no cabe introducir en éstas en la práctica, modificaciones significativas, sin contar con algún género de quorums y/o mayorías reforzadas o de aprobación popular.

3.5 Constituciones breves y extensas.
Esta clasificación es meramente descriptiva del mayor o menor volumen de la norma constitucional. Arbitrariamente, hace varias décadas, se llegaron a establecer tres grupos: las Constituciones más concisas tenían su frontera en 2500 palabras; el intermedio abarcaba hasta las 6000 palabras; y el grupo de las constituciones más prolijas eran las que superaban esa cifra. De tal catalogación no se puede obtener provecho alguno, lo que sí es cierto es que hay bastantes diferencias entre las constituciones breves o concisas y las constituciones extensas en lo que respecta a su estructura interna, a posibilidades de interpretación y de acomodación a los cambios de las circunstancias (mayores en las constituciones breves), y superior necesidad de introducir ajustes, por vía de reforma, en las extensas y detalladas.
Constituciones breves y extensas han existido en todas las épocas. En España, las dos Constituciones con mayor número de artículos han sido la primera de 1812 (384 artículos) y la vigente de 1978 (169 artículos y sus disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final).

El género literario legislativo, y especialmente el que concierne al Derecho constitucional, debe ser tan preciso como lo demande la voluntad del legislador, y es lo ideal alcanzar tal precisión con las palabras justas y sin que la prosa incorpore arabescos inútiles. Pero en los procesos constituyentes esta pertinencia se sacrifica frecuentemente al gusto por la retórica democrática mediante el acarreo de incisos, párrafos y artículos de dudosa necesidad para concensuar un precepto y dar gusto a gran número de grupos parlamentarios. Por otra parte, es natural que las Constituciones empeñadas en ser garantistas o que optan por una ordenación territorial del Estado compleja sea más extensas que aquéllas en que no concurran tales circunstancias.

3.6 Constituciones originarias y derivadas.
Según Loewenstein, por Constitución originaria se entiende la que contiene un principio funcional nuevo, verdaderamente creador y original, para el proceso del poder político y para la formación de la voluntad estatal. Por contraposición, la expresión constitución derivada (o derivativa) define aquellas constituciones que siguen fundamentalmente los modelos constitucionales nacionales o extranjeros, efectuando tan sólo una adaptación a las necesidades nacionales.
La utilidad de esta distinción para clasificar las diversas constituciones se nos antoja más que dudosa. Exceptuando un reducido número de textos fundamentales, a los que se deben aportaciones básicas al Derecho constitucional, hace ya muchas décadas que podemos considerar a toda Constitución como
derivada.

4. CONSTITUCION EN SENTIDO FORMAL Y EN SENTIDO MATERIAL

4.1 Una distinción clásica
La distinción entre forma y materia en el ámbito constitucional es algo más que una disquisición escolástia. La Constitución se puede entender desde dos perspectivas: la Constitución en sentido formal, que se trata de una norma especialísima que se diferencia de las restantes del ordenamiento por ser obra del poder constituyente originario, por la forma que adopta y por los singulares efectos que esta super ley tiene sobre todo el ordenamiento jurídico; y la Constitución en sentido material, que se centra en la sustantividad de los contenidos del Derecho constitucional que realmente tienen un alcance trascendente para definir los principios en que se basa la convivencia y los criterios estructurales conforme a los que se organizan los poderes públicos.

Teniendo esto en cuenta se puede afirmar que ciertas normas son tan sólo formalmente constitucionales, pues están incorporadas al Código constitucional, pero sin que aborden materia constitucional en sentido estricto. Del mismo modo puede haber normas con rango de materia constitucional en el ordenamiento, pero no recogidas en el texto constitucional. La dimensión formal de la Constitución ,conforme a la cual esta es una superley, dictada por un superlegislador ,que debe ser respetada por los poderes ordinarios, incluido el legislativo y la potestad regia, que quedan de esta forma limitados. La Constitución, es una garantía frente a cuantos intentos se puedan acometer(incluso por el legislador ordinario),para vulnerar sus valores, violar los derechos fundamentales que garantiza a las personas y contravenir las reglas de su sistema político. De aquí la utilidad del concepto de Constitución formal para establecer la diferencia en el ámbito de la función legislativa, entre Ley constitucional y Ley ordinaria.

4.2 La acepción historicista del sentido material de la Constitución
Los contrarrevolucionarios y liberales moderados de casi toda Europa sostenían que Gran Bretaña disponía de una verdadera Constitución, pero que ni estaba íntegramente reflejada por escrito ni se había recogido en un solemne texto codificado, sino que procedía de un largo y complejo proceso histórico. Deducían que la acepción formal de la Constitución era pobre y errónea y que era necesario construir frente a ella el concepto material de Constitución. Éste estaba cargado de un historicismo que justificaba un papel relevante de la Corona al frente del poder ejecutivo y una visión del poder constituyente, de la soberanía, no residenciado exclusivamente en la nación representada en el parlamento, sino compartido históricamente por el Rey y las Cortes. Desde esta perspectiva parecía claro a sus defensores que la Constitución no había de estar escrita en su totalidad y que había que dejar un amplio espacio a la costumbre como fuente del Derecho constitucional.
Sin embargo, los historicistas radicales con el tiempo tuvieron que hacer múltiples concesiones teóricas y prácticas ante la evidencia de que la limitación del poder es una idea que se mueve en el terreno de la seguridad jurídica, al que la concepción formal de la Constitución había hecho aportaciones de las que ya no se podría prescindir en la Historia política occidental.

4.3 La acepción sociológica del sentido material de la Constitución.
La idea de Constitución que defienden los liberales conservadores coincide ampliamente con la que hacen los primeros pensadores de izquierdas desde un concepto sociológico de la Constitución material. Ferdinand Lassalle defendía que “los problemas constitucionales no son problemas de Derecho sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en este país rigen; y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social”.
Esta concepción sociológica será asumida, con inevitables matices, por otros autores como Lorenz von Stein que sostiene que las clases privilegiadas “organizan y garantizan su predominio sobre el Estado a través de la Constitución y de la Administración”, lo que se evidencia en las Constituciones con sufragio censitario, de lo que von Stein deduce que “la diferencia de posesión forma el verdadero contenido de las distintas Constituciones”.

4.4 El estado actual de la cuestión y la vigencia del concepto formal de Constitución.
En el siglo XX la acepción formal de la Constitución se ha consolidado. La aspiración generalizada de los pueblos es gozar de una Constitución normativa propiamente dicha que al menos pretenda regular los aspectos fundamentales de la vida política de un pueblo. Es la aspiración a un orden constitucional dotado de eficacia jurídica. Esta “voluntad de Constitución está firmemente vinculado al dasapego hacia todo régimen político basado en la arbitrariedad y al deseo de dotarse de un orden político legítimo. La Constitución formal es el único dispositivo que permite normalizar y legitimar la vida política.
En las últimas décadas, un amplio sector de la doctrina científica ha procurado quedarse con una distinción válida entre la acepción formal de la Constitución y la acepción material. Se llega así a afirmar que no todo el contenido de la Constitución es siempre Derecho constitucional.
 Por ejemplo las declaraciones programáticas recogidas en términos tan vagos que carecen de autentica fuerza normativa.
Hans Kelsen aceptaba la existencia de una Constitución material y por tal entendía “aquellas normas que se refieren a los órganos superiores (Constitución en sentido estricto) y a las relaciones de los súbditos con el poder estatal (Constitución en sentido amplio). Sin embargo sus continuadores más ortodoxos niegan toda utilidad a esta distinción y la responsabilizan de que por su culpa no haya sido posible elaborar un concepto unitario de Constitución, y destierran de nuestra disciplina el término “Constitución en sentido material”, del que el profesor de Otto afirmará “que no es sino una expresión dogmática de la negación de todo el valor normativo de la Constitución misma”.

Otto sostiene dos tesis para enterrar el concepto de Constitución en sentido material: a) Frente a la evidencia de preceptos constitucionales vacíos, sostiene que si la infracción de la Constitución escrita es lícita, los preceptos de esa Constitución serán constitucionales sólo en el sentido de que están incluidos en ella, pero en realidad no serán ni siquiera normas; b) Frente a la pretensión de los partidarios de acoger una acepción material de la constitución que contemple la existencia de normas fuera del Texto constitucional que tienen por objeto la organización del Estado, su respuesta será que “sólo las normas incluidas (en la Constitución escrita) son normas supremas, esto es, Constitución, y no tienen ese carácter las que queden fuera, aunque tengan por objeto regular los órganos superiores del Estado”, para añadir que “una norma sólo materialmente constitucional no es en absoluto constitucional”.
Los autores aceptan sin reservas como concepto eje o central de Constitución su acepción formal, entre otras razones por su “valor garantista”. Sin embargo, ello no obsta para asumir una moderna concepción material de la Constitución, que tiene el mérito de complementarnos la visión meramente formal de la Constitución.

La segunda tesis de Otto
(solo las normas incluidas en la Constitución son constitución) tiene la aparente contundencia de un axioma o una obviedad, pero padece de la enfermedad más extendida en el formalismo jurídico: la de procurar la coherencia interna de sus construcciones teoréticas, dando la espalda al ordenamiento y a la realidad en que se aplica, así como a las propias prácticas aplicativas del Derecho. La Constitución Española es todo un arquetipo de Constitución que deja abierta la ordenación territorial del poder del Estado, pendiente de los Estatutos de Autonomía y de todo el proceso autonómico. Consecuentemente, gran parte de las normas de delimitación competencial de nuestros poderes públicos no están en la Constitución sino en otras normas, que el Tribunal Constitucional considera copartícipes del “Bloque de Constitucionalidad”.
El Derecho político español debe continuar tomando en consideración el sentido material de la Constitución, que ha de cumplir la función auxiliar de matizar ciertas insuficiencias de la acepción formal de Constitución.

5. CONSTITUCION Y DEMOCRACIA

Por Constitución entendemos y entiende hoy lo mejor de la doctrina, un modo de ordenación de la vida social en el que la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones vivas y en el que, por consiguiente, las relaciones entre gobernantes y gobernados están reguladas de tal modo que éstos disponen de unos ámbitos reales de libertad que les permiten el control efectivo de los titulares ocasionales del poder. No hay otra Constitución que la Constitución democrática.

Para Loewenstein los pilares ideológicos comunes a las democracias constitucionales son:
- El convencimiento de que el poder emana del pueblo.
- El gobierno y el parlamento deben ser acordes con la voluntad del pueblo.
- Debe haber elecciones libres y honestas en las que compitan los partidos políticos.

Este autor construye su célebre
clasificación “ontológica” de las constituciones partiendo del grado de concordancia que se dé entre las normas constitucionales con la realidad del proceso del poder. Y así distingue entre:

A) La Constitución normativa, observada por todos los interesados e integrada en la sociedad y ésta en aquella. Constitución y comunidad han pasado por una simbiosis.
B) La Constitución nominal, que es la que puede ser jurídicamente válida pero a cuyas normas no se adapta la dinámica del proceso político. Presupuestos sociales y económicos existentes ,que impiden o dificultan la completa integración de la Constitución en la dinámica política. Tal Constitución puede tener un valor educativo y cabe la esperanza en que su eficacia crezca con el tiempo.
C) La Constitución semántica, que es un mero disfraz con que se reviste el poder absoluto. Puede tener muchos indicadores: partido único, elecciones o plebiscitos manipulados, presidentes de la República vitalicios…

En la Europa occidental actual sólo se conciben ya auténticas constituciones normativas, en las que la democracia opera como principio legitimador de origen y como principio central de la configuración del Estado, que inspira todas sus instituciones.






6. LA INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION

6.1 Referencia a la problemática genérica de la interpretación jurídica.
La necesidad de la interpretación puede tener raíces muy diferentes como la excesiva simplicidad de la norma alejada de la complejidad de la realidad a la que debe aplicarse, las ambigüedades con que ha jugado el legislador, cuando no simples lagunas o antinomias. A esto se le añade que los vicios e insuficiencias de la norma se dan en una realidad social, con intereses contradictorios en juego, en la que los individuos o los grupos más o menos protagonistas de la vida social respaldan y esgrimen aquélla de las interpretaciones posibles que más conviene a sus propios intereses.
Por ello la interpretación de los textos legales, la hermenéutica jurídica, ocupa un lugar central en todas las ciencias jurídicas. En este campo la Ciencia del Derecho civil lleva siglos de ventaja a la del Derecho público y sobre todo a la del Derecho constitucional. Ni existe ordenamiento jurídico que pueda prescindir de la labor interpretativa, ni siquiera nunca se ha podido dictar una norma tan perfecta que pueda vivir al margen de la misma. Sin embargo, el absolutismo, basado en la más completa separación entre legislador y súbditos, fue siempre partidario de la aplicación literal de las normas sin permitir interpretación alguna de las mismas.
Según Savigny interpretar significa efectuar “una reconstrucción del pensamiento contenido en la ley”. Esta reconstrucción se presenta como una necesidad apremiante cuando se está en el trance de aplicar la norma, máxime si se trata de su aplicación en un caso controvertido.

Existen varios tipos de interpretación jurídica:
- La que lleva a cabo el propio legislador (p. ejem. A través de una exposición de motivos)
- La judicial, que se aplica a un caso en concreto.
- La científica o profesoral, en este caso se trata de un interpretación más abstracta.

Savigny esbozó una primera teoría de la interpretación jurídica fijando cuatro criterios básicos:

A) La ubicación sistemática del precepto a interpretar en el conjunto del cuerpo de la ley.
B) La literalidad del texto legal.
C) Los antecedentes y el origen de la norma
D) La lógica entendida como la búsqueda del fin que persigue el legislador y así como de los principios que dan sentido a los institutos jurídicos.
Sin embargo, estos criterios tradicionales, aunque útiles, resultan insuficientes para elaborar una buena teoría de la interpretación constitucional.

6.2 Las singularidades de la interpretación constitucional.
Por ser la Constitución una lex superior o super ley, la técnica de interpretación constitucional no puede ser la misma que la del Derecho civil u otras ramas del Derecho. La Constitución es una Ley, pero también una norma de naturaleza esencialmente política por su origen, por su contenido y por la función que desempeña.
Sólo puede hablarse de interpretación constitucional cuando debe darse contestación a una pregunta de Derecho constitucional que a la luz de la Constitución no ofrece una solución clara. De la inclusión, en ellas, de principios, valores y declaraciones de principios, así como, de la fuerte carga política que incorporan puede deducirse fácilmente que las constituciones ofrecen un campo a la interpretación necesariamente más ancho que el de las leyes ordinarias. La distinta situación en que se encuentra el intérprete de la Constitución y el de la ley ordinaria no se limita a la posible mayor gravedad de sus decisiones, sino que parte de la distinta naturaleza y rango de la norma fundamental, que incorpora preceptos más abiertos que el común de los que configuran el ordenamiento jurídico.
La Teoría de la interpretación constitucional, pieza clave hoy de la Teoría de la Constitución, ha ido emancipándose progresivamente de las pautas de interpretación de las normas jurídicas en general abocetadas por Savigny en los albores del siglo XIX y, de forma progresiva, la ha completado mediante la decantación en Alemania, Italia, Estados Unidos.
a) La interpretación literal o gramatical, que profundiza en el sentido de las palabras y en la construcción de las frases. Esta regla debe ser siempre completada por las siguientes.
b) La interpretación lógica.
c) La interpretación sistemática, que parte de la ubicación de uno o varios preceptos en determinados títulos, secciones o capítulos de la Constitución, que puede conllevar distinto alcance de los artículos interpretados.
d) La interpretación histórica, que analiza los antecedentes en el Derecho constitucional histórico patrio y las circunstancias que propiciaron el alumbramiento y formación de este precepto.
e) La interpretación genética, que se centra en el estudio de borradores, anteproyectos, trabajos preparatorios en general y materiales utilizados en el proceso constituyente.
f) La interpretación comparativa, que extrae enseñanzas y conclusiones de preceptos análogos de ordenamientos constitucionales extranjeros.
g) La interpretación teleológica, que busca esclarecer la finalidad del precepto constitucional que se somete a interpretación. Es básico precisar la vía directiva de la norma, también llamada fin jurídico.
h) La interpretación integradora, en que insiste Honrad Hesse al afirmar que “si la Constitución se propone la creación y mantenimiento de la unidad política ello exige otorgar preferencia en la solución de los problemas jurídico-constitucionales a aquellos puntos de vista que promuevan y mantengan dicha unidad”.
i) La interpretación valorativa, puesto que la Constitución parte de los principios y valores previos a la misma, pero que ella incorpora y protege.

Estas reglas de interpretación tienen un uso no excluyente, sino combinado. Y toda norma constitucional sometida a interpretación lo ha de ser en el Contexto de la unidad, de la totalidad, de la Constitución, e incluso, en el caso español, del bloque de constitucionalidad al que pertenecen ciertas normas, especialmente los Estatutos de las Comunidades Autónomas, que junto a la Constitución son claves para delimitar competencias en el seno de un Estado como el nuestro, dotado de una compleja ordenación territorial del poder. El Tribunal Constitucional, en un conflicto de competencias, habrá de interpretar el o los preceptos constitucionales que se invoquen en el contexto del bloque de constitucionalidad.

Aunque haya ordenamientos jurídicos en que la interpretación constitucional se reserva al más alto órgano, Tribunal Supremo del Poder Judicial (como sucede en Estados Unidos o la Confederación Helvética), la corriente actual se decanta principalmente hacia el sistema de jurisdicción constitucional concentrada en un órgano, el Tribunal Constitucional (casos de España, Italia, Alemania y Austria). Entre nosotros cabe reconocer un cierto papel a la interpretación doctrinal, recordar que se atribuye a los jueces ordinarios velar por la observancia de la Constitución al controlar la potestad reglamentaria del Gobierno, y tener presente que el artículo 1º de la LOTC define al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución. Ello dota al Tribunal Constitucional de una importancia decisiva en la interpretación constitucional y le convierte en un poder legislador negativo, ya que declara la nulidad de las leyes que contravienen la Constitución.

La posición del intérprete de la norma que puede necesitar realizar una interpretación para un caso concreto o una interpretación abstracta, hay otro tipo de interpretación, la teleológica, que busca definir la ratio legis. A este respecto ha habido fundamentalmente dos tesis clásicas, la que sostiene que lo que ha de clarificarse es la voluntad del legislador y la defensora de esclarecer la voluntad de la ley, que según sus defensores se objetiviza e independiza pirandelianamente de su autor.

La importancia decisiva de la voluntad del legislador en ocasiones es difícil de conocer y tiende a diluirse en los casos en que una Constitución es a la vez breve y centenaria, como sucede con la Constitución norteamericana. En cuanto a nuestra Constitución de 1978 hay que sentar
tres premisas:
A) Es factible conocer la voluntad del legislador constituyente, aunque hay que formular la salvedad de que la Constitución Española incorpora no pocas cláusulas abiertas, con cuya redacción el Constituyente quiso dejar expedito un ancho espacio para la interpretación ulterior, que pudiera considerar constitucional diversas lecturas de la cláusula constitucional en cuestión.
B) El criterio de que, por importante que sea la posición institucional que corresponde al Tribunal Constitucional en nuestro sistema político, no podrá moverse sino en el estricto respeto a la Constitución y en el marco de las funciones que ésta y la LOTC le confían. Las facultades atribuidas al Tribunal Constitucional le permiten operar no sólo estableciendo interpretaciones vinculantes para los órganos ordinarios del Estado, sino operar como legislador negativo abrogando las leyes que contravengan la Constitución, pero no le corresponde al Tribunal Constitucional convertirse en legislador positivo.
C) Nuestro TC ha consagrado la necesidad de atender prioritariamente a la voluntad del legislador constituyente en sus sentencias.

La labor interpretativa del Tribunal Constitucional se lleva a cabo a través de tres clases de sentencias: declarativas, integrativas e interpretativas stricto sensu. En todas ellas la resolución está fundamentada mediante un esfuerzo de interpretación jurídica que tiene así siempre algo de creativo, con frecuencia partiendo de los principios u valores que consagra la propia Constitución, y en este sentido su labor es más creativa que la que llevan a cabo los tribunales de justicia ordinarios.

Nuestra Constitución reconoce un papel relevante en la inspiración de ella misma y del resto del ordenamiento jurídico a una serie de valores superiores y de principios, que obligan al intérprete a plantearse como cuestión verdaderamente relevante el peso de la interpretación valorativa.

El propio constituyente nos ha impuesto desde el artículo 1.1. de la Constitución española una interpretación valorativa de la misma, así como, del resto del ordenamiento jurídico que puede y debe llevar a cabo el Tribunal Constitucional.

La interpretación valorativa plantea el dilema de que, dado que la aplicación de los valores por el intérprete no puede llevarse a cabo a través de fórmulas mecanicistas, la subjetividad del intérprete puede emerger por encima de la objetividad deseable en beneficio de la seguridad jurídica.
Las interpretaciones del supremo intérprete de la Constitución zanjan el caso controvertido con carácter definitivo; sus resoluciones son firmes, es decir, no recurribles ante ningún otro tribunal español. Sin embargo, su interpretación sólo es oficialmente la más correcta de las posibles. El papel crítico que ha de desempeñar la doctrina sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es imprescindible, y en ocasiones contribuye a que el propio TC revise la interpretación sostenida en una sentencia anterior, bien para matizarla, bien para modificarla sustancialmente.

FIN.

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