Instituciones de gobierno de la comunidad de Madrid

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Derecho

Escrito el en español con un tamaño de 30,76 KB

 

TEMA 8 : LAS COMUNIDADES Autónomas. LA COMUNIDAD DE Castilla Y León


1.- LA Descentralización TERRITORIAL DE ESPAÑA Y LAS COMUNIDADES Autónomas: LA Formación Histórica DE ESPAÑA, LA INCIDENCIA DE LA Constitución ESPAÑOLA DE 1978 Y LA PROBLEMÁTICA Situación ACTUAL DEL SISTEMA.

Entre las aportaciones mas poderosas de la constitución Española de 1978 hay que citar la reordenación de la distribución territorial del poder publico que prevé, la CE establece el marco de una acusada descentralización territorial.

Realizada la unidad de España mediante la uníón de reinos por los reyes católicos en el Siglo XV, unidad que afianza Felipe V mediante los decretos de nueva planta. En el Siglo XIX llega el estado constitucional que se caracteriza por la sucesión de regíMenes políticos y por el comienzo de las guerras dinásticas.

En el Siglo XX la costitucion de 1931 afronto la vertebración territorial de España mediante el llamado`` estado integral´, al prever que las provincias pudieran constituirse en regiones autónomas y a diferencia de la CE de 1978 no hay diversos cauces de acceso a la autonomía. Se aprobaron los estatutos de Cataluña en 1932, del País Vasco en 1936 y el de Galicia solo fue un plebiscito, pero no entro en vigor.

Finalizada la Guerra Civil el nuevo régimen político suprimió todo el sistema político anterior, derogando los estatutos y los regíMenes autónomos. Comenzada la transición política, el gobierno del presidente Suárez se enfrenta al problema y como paso previo a los debates de elaboración de la futura constitución, creando los denominados regíMenes preautonómicos. La importancia de estos regíMenes radica en que se predetermino el futuro mapa autonómico de la constitución en elaboración.

2.- LAS COMUNIDADES Autónomas: EL MARCO CONSTITUCIONAL, Creación , LOS ESTATUTOS DE Autonomía. LAS COMPETENCIAS

La estructura territorial de España y la propia constitución `` se fundamentan en la indisoluble unidad de la nacíón española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas´´.

Teniendo en cuenta los tres principios esenciales del nuevo modelo territorial( unidad, autonomía ,y solidaridad) . Lo primero que sorprende de la regulación constitucional es que no contiene una formación completa del nuevo modelo territorial, sino que únicamente establece el marco para el establecimiento del mismo, el modelo no se fija, sino que se deja abierto, pendiente de concreciones jurídicas posteriores, además ese marco se rige por el principio dispositivo, es decir, el montaje se hizo a petición de parte, de los territorios interesados.

Este marco de la estructura territorial se caracteriza por dos notas:

  1. La flexibilidad del marco, que se manifiesta en la aplicación del principio dispositivo y de forma generosa y que se manifiesta en cuatro manifestaciones:
  • El texto constitucional no estableció el mapa autonómico, es decir, los territorios que se constituirán en comunidades autónomas, pues esta decisión se remite a los territorios interesados y además lo requisitos para acceder a la autonomía no se exigieron con rigidez.
  • No se impone como obligatoria la constitución de comunidades autónomas
  • No se predetermino la estructura organizativa interna de las comunidades autónomas limitándose la CE a establecer un esquema mínimo; que además no se impone a todas sino solo a las denominadas comunidades de primer grado aunque debe tenerse en cuenta que actualmente todas han seguido ese modelo.
  • La CE tampoco estableció las competencias concretas de las comunidades autónomas, pues teóricamente el art.148 CE incluye las competencias que podrían asumir y el art. 149 CE se refiere a las competencias exclusivas.
  1. El establecimiento de una pluralidad de cauces procedimentales para el acceso a la autonomía de los distintos territorios, algo artificiales; los cuales tienen una trascendental incidencia en la competencia a asumir por las comunidades ya constituidas. Los procedimientos previstos y utilizados son :
  • Un procedimiento especial y bastante sencillo previsto para los territorios que hubiesen plebiscitado en el pasado proyectos de Estatutos de Autonomía, Cataluña, País Vasco y Galicia; y que permitían el acceso al máximo de competencias previsto.
  • Un procedimiento ordinario que ha sido utilizado por la mayoría de las comunidades autónomas y que no podían acceder al total de las competencias previstas, este procedimiento se generalizo con los pactos autonómicos.
  • Un procedimiento reforzado, incluyendo un referéndum provincial que únicamente fue seguido en la comunidad de Andalucía.
  • La comunidad de Navarra accedíó a la autonomía de máximo nivel competencial a través de un dudoso estatuto utilizando la D.Ad 1ª- CE mediante el amejoramiento del fuero.
  • Las comunidades Valenciana y de Canarias iniciaron su andadura autonómica por el procedimiento ordinario, pero asumieron inconstitucionalmente competencias del estado y para solucionarlo se transfirieron las competencias sobre las que los estatutos se había excedido.
  • Las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han accedido a una autonomía especial, sin potestad legislativa, mediante estatutos aprobados en 1995, de acuerdo con el art.144 CE.

La constitución española de 1978 en su titulo VIII considera los estatutos de autonomía como ``la norma institucional básica de cada comunidad autónoma´´ dentro de los términos de la misma y prevé que `` el estado los reconocerá y amparara como parte integrante de su ordenamiento jurídico´´; en cuyo contenido debe integrarse entre otras cuestiones ´´ la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias´´.

Por otra parte desde el ámbito competencial el atr. 148 1. 1 prevé que las comunidades autónomas podrían asumir competencias, entre otras materias, sobre `` organización de sus instituciones de autogobierno´´. En cuanto a la organización concreta de las comunidades autónomas el art. 152, establece una organización institucional similar a la del estado.

Finalmente debe asimismo tenerse en cuenta el art.103 que prescribe que `` la administración publica sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho´´ y que `` la ley regulara el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función publica de acuerdo con los principios de merito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación , el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Sin embargo el marco constitucional se desbordo en la practica, pues los primeros estatutos  de Catalula y País Vasco asumierosn sin problema competencias del estado, la distinción de los cauces de acceso a la autonomía y sus consecuencias, se cuestionara por las mal denomindas comunidades autónomas de segundo grado.

Con relación a las competencias que asumieron por los estatutos hay que comenzar diciendo que la competencia permite asignar a un ente publico ejercitar su actividad en relación con una materia determinada. Para cumplir los fines y realizar las actividades previstas en el ordenamiento se asignan a los poderes públicos territoriales distintas competencias, pero la coexistencia sobre el territorio nacional de diversos poderes públicos que se autogobiernan y además tales poderes tienen asignado un territorio propio en que se desarrollan su actividad, plantea el problema de asignar racionalmente los poderes utilizados por tales entes públicos sin producir interferencias o fricciones entre ellos, o las menos posibles.

Habitualmente para distribuir las competencias desde el punto de vista territorial se pueden establecer tres criterios:

  • Criterio de las funciones, se asignan las distintas potestades publicas legislativas a los distintos entes, debido a razones variadas, debiendo precisarse que salvo la función judicial, son las otras dos funciones las que se distribuyen territorialmente, si bien las potestades ejecutivas se suelen asignar a los entes de nivel menor.
  • Criterio de las materias, entendiendo por materia cualquier realidad física, jurídica o económica sobre la que pueda recaer una actividad o función publica.
  • Criterio que une los dos anteriores, asignar distintas potestades a uno u otros entes en la relación con una materia o parte de la misma que es el mas utilizado en la actualidad.

También ha de tenerse en cuenta que el reconocimiento de la autonomía a los diferentes entes se realiza `` para la gestión de sus respectivos intereses´´ y en que este ámbito la gestión del interés general de la nacíón le corresponde al estado, el sistema español de distribución de competencias es defectuoso, fruto de la ambigüedad de la redacción del texto constitucional, al no seguirse el habitual sistema de listas de competencias en su asignación. Pero además, el sistema competencial no se cerro en el texto constitucional, ya que en su art. 150. 2 permite la transferencia de competencias del estado a las comunidades con bastante poca precisión y mucha generosidad.

Desde el punto de vista practico, los diecisiete estatutos originales clasificaron las competencias que se asumían con el carácter de exclusivas, de desarrollo legislativo y ejecución y de ejecución , finalmente el art.149.3 CE establece la clausula residual en materia competencial , en virtud de la cual en primer termino las comunidades autónomas pueden integrar como propias en sus estatutos las materias no atribuidas al estado por la constitución, en segundo termino, se atribuye al estado las competencias sobre las materias no asumidas por las comunidades en los estatutos y en tercer termino, el derecho del estado es supletorio del ordenamiento autonómico.

La CE contempla dos vías para ampliar las competencias de las comunidades autónomas, cuestión importante en las primeras etapas del proceso de descentralización debido al carácter artificial de los dos grupos de comunidades, las de segundo grado no accedían desde el inicio al máximo de competencias. Así estas ultimas podían ampliar sus competencias en el marco del art 149 una vez transcurridos cinco años desde la aprobación del respectivo estatuto.

Cumplidos los cinco años fijados serán los pactos autonómicos los que establezcan el cauce para ampliar las competencias de las comunidades de segundo grado, adecuando los títulos competenciales, realizando un tratamiento homogéneo. Desde entonces el nivel competencial de las diecisiete comunidades es homogéneo.

Respecto a la organización ,la CE no estable con carácter general y para todas las comunidades autónomas, ningún modelo de organización institucional prevíéndose la materia relativa a la organización de las instituciones de autogobierno como competencia de las comunidades. Sin embargo para las comunidades de acceso a la autonomía el art.151 , si estable un esquema de organización institucional básico que reproduce el modelo nacional.

3.-LA COMUNIDAD Autónoma DE Castilla Y LEÓN

  1. LA Formación DE LA COMUNIDAD Autónoma. EL NUEVO ESTATUTO DE Autonomía DE 2007: ASPECTOS GENERALES


Los territorios de las provincias que actualmente se integran en la comunidad de Castilla y león han tenido históricamente un papel fundamental en la formación de España.

No obstante, en la etapa contemporánea ha habido algunas iniciativas de potenciación de la individualidad de estos territorios. El gobierno del presidente Suárez aprobó el régimen preautonómico de Castilla y león , que además de las provincias actuales incluía a Logroño y Santander y creaba el ente preautonómico denominado consejo general de Castilla y león, con funciones esencialmente ejecutivas, poco después Logroño y Santander iniciaran el proceso de consititucion en comunidades uniprovinciales ( La Rioja y Cantabria).

El procedimiento de acceso a la autonomía de Castilla y León se inicion el 26 de Octubre de 1979 finalizando con la aprobación del estatuto de autonomía, aunque no sin problemas. En la provincia de León se adoptaran los acuerdos necesarios para incorporarse al proceso en Abril, si bien, cuando ya se estaba elaborando el estatuto de autonomía , la diputación de León , adopto un acuerdo revocatorio del anterior. Aprobado el estatuto en 1983 , se planteara un recurso de inconstitucionalidad frente al mismo , por no haberse tenido en cuenta este acuerdo de la diputación.

Por otra parte la diputación de Segovia no se incorporo al proceso de acceso a la autonomía y a pesar de que los pactos autonómicos prevéían su incorporación a Castilla y León , la diputación acordó constituirse en comunidad uniprovincial, procedimiento que no prospero ni en Cuellar ni en Segovia capital, mientras tanto el estatuto de autonomía siguiendo el procedimiento de aprobación, siendo aprobado sin la incorporación de Segovia, ante esta situación haciendo uso del art 144 la ley incorporo Segovia a la comunidad de Castilla y León.

Finalmente se , recurrirá al estatuto de autonomía de Castilla y León en relación con el caso del condado de Treviño, el texto original del estatuto de autonomía se modificara en dos ocasiones en relación con cuestiones competenciales y con un carácter mas general.

El estatuto de autonomía vigente se aprobó mediante Ley Orgánica 14/2007, de 30 de Noviembre , el texto que se adecua perfectamente a la constitución española, el nuevo estatuto se inicia con un titulo preliminar relativo a la definición de la Comunidad, su ámbito territorial, la sede, los valores esenciales, la lengua, los símbolos y la fiesta oficial. Seguidamente hace referencia, en el marco de la CE, a los derechos, deberes y principios rectores de las policías publicas de la comunidad y regula las instituciones básicas de autogobierno: las cortes, el presidente de la junta, las relaciones entre las mismas. Además también en el marco constitucional se menciona el tribunal superior de justicia y finaliza con la mención a las otras instituciones propias: consejo económico y social, consejo de cuentas, procurador del común y consejo consultivo.

El estatuto de autonomía de Castilla y león de 2007 contiene un novedoso titulo I sobre ``derechos y principios rectores´´ que incluye algunos derechos y principios relativos a la administración autonómica, entre los nuevos derechos , podemos destacar los derechos de participación en los asuntos públicos y especialmente el derecho a una buena administración que remite a la ley la garantía de varios derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración autonómica.

Por otra parte, el art.16- EACYL incluye varios principios rectores de las políticas publicas, entre los que puede resaltarse el relativo a la presentación de unos servicios públicos de calidad.

En relación con las competencias de la comunidad, se prevén como competencias exclusivas las relativas a la ``organización y régimen de funcionamiento de sus instituciones de autogobierno´´ y especialmente a la ``estructura y organización de la administración de la comunidad, sobre las que corresponde a esta las potestades legislativa y reglamentaria y la función ejecutiva.

En este marco general y competencial ha de integrarse lo dispuesto en el art.32- EACYL, sobre la administración autonómica, en relación a la creación y estructuración de los órganos y servicios  de la misma, a sus potestades y al régimen de sus empleados públicos, al procedimiento administrativo propio , a la regulación de los bienes de dominio publico y patrimoniales.

La organización territorial de la comunidad se prevé en el titulo III regulando los municipios, comarcas y provincias, las relaciones entre los entes locales y la comunidad y las haciendas locales. Las relaciones institucionales y la acción exterior se incluyen en el titulo IV, regula las competencias de la comunidad articuladas en exclusivas, de desarrollo normativo y ejecución, de ejecución y otras, así como las nuevas competencias. La parte dedicada a la economía y la hacienda se integra en el titulo VI. El estatuto finaliza con la regulación de su reforma y con las correspondientes disposiciones adicionales y transitorias, derogatorias y final.

  1. Organización institucional y administrativa ( presidente , junta de Castilla y león , consejerías y otros órganos y entes; los delegados territoriales de la junta de Castilla y león y otros órganos).

El estatuto de autonomía de Castilla y león, además de establecer el régimen del presidente y de la junta de Castilla y león, regulo la administración regional, sobre la base de la competencia exclusiva de la comunidad en materia de `` organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno´´ sometiendo a la misma a los principios y normas de organización y actuación de la administración del estado, gozando de sus mismos privilegios y precisando asimismo que el régimen de sus funciones se restablecerá de acuerdo con dichos principios.

En desarrollo de estas previsiones estatutarias, se aprobó la ley 1/ 1983, de 29 de Julio, del gobierno y de la administración de Castilla y león, que regulo la composición y el régimen de la junta de Castilla y león, la administración regional y ciertos aspectos del procedimiento administrativo, de ordenación económico- financiera y del personal al servicio de la misma. Posteriormente, este texto se modifico por lo que se dicto el decreto legislativo 1/1988, de 21 de Julio , por el que se aprueba el texto refundido de la ley de gobierno y de la administración de Castilla y león, estableciendo el régimen  de la junta de Castilla y león , de su presidente y del resto de sus miembros y la regulación de la administración de la comunidad, incluyendo la periférica.

Seguidamente y fruto de los pactos autonómicos de 1992, el estatuto de autonomía se modifico mediante ley orgánica 11/ 1994, de 24 de Marzo, en relación a las competencias, sin afectar a los aspectos organizativos referidos.

Unos años mas tarde se lleva a cabo una reforma mas ambiciosa del estatuto mediante ley orgánica 4/1999, de 8 de Enero , que modifica la numeración de los preceptos dedicados a la organización institucional, mantiene la competencia exlusiva de la comunidad en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y reforma la regulación de la administración regional, reafirmando la competencia de la comunidad para crear y estructurar los organoso y servicios de la administración regional y se prevén las competencias propias en relación con función publica, procedimiento , administración, bienes de dominio publico y patrimoniales y contratos y concesiones.

De acuerdo con el estatuto reformado, se aprobara la nueva ley 3/2001 de 3 de Julio, del gobierno y de la administración de Castilla y león que es el texto que actualmente estavigente , por lo que lo analizaremos inmediantamente.

  1.  A(Los órganos de dirección , política y de la administración.

Se prevé en primer lugar el presidente de la junta de CYL, con funciones de presidir la misma dirigiendo sus acciones y coordinando las funciones de sus miembros, así como dirigir y coordinar la acción de gobierno, nombrar y separar libremente a los demás miembros de la junta, comunicándolo a las cortes, presidir y dirigir el consejo de gobierno, asegurar la coordinación entre las distintas consejerías y crear, modificar o suprimir consejerías y determinar su ámbito material de actividad y viceconsejerias para un sector de actividad administrativa concreto.

En segundo lugar, la junta de Castilla y león , bajo la dirección del presidente y compuesta por el mismo, los vicepresidentes, en su caso y los consejeros, el el órgano de gobierno y el supremo órgano de administración de la comunidad, a la que le corresponde la dirección de la política y de la administración y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria así como aprobar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la administración de la comunida, aprobar la estructura orgánica de esta misma y nombrar y cesar los cargos con categoría igual, superior o asimilable a la de director general.

Además, se prevé la posible creación, por el consejo de gobierno, de comisiones delegadas del gobierno, de carácter permanente o temporal para la preparación de asuntos que afecten a dos o mas consejerías. En base a este precepto, la comisión delegada para asuntos económicos se creo en 2003 y se ha regulado por decreto 86/2007, de 23 de Agosto, como órgano de coordinación de las actuaciones para promover el desarrollo económico de la comunidad y la comisión delegada de política territorial y desarrollo rural como órgano de coordinación de las actuaciones en la comunidad tendentes a la ordenación y vertebración territorial y a la creación de riqueza y empleo sostenibles, con especial atención al medio rural, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y la fijación de población rural y su crecimiento.

Por otra parte, se prevé la existencia de la comisión de secretarios generales para la realización de las tareas preparatorias de las reuniones de la junta estando presidida por el consejero de presidencia y formada por los secretarios generales de las distintas consejerías y que ejerce principalmente las funciones de asistencia a la junta de Castilla y león , de preparación de las reuniones del consejo de gobierno y de las comisiones delegadas y de coordinación interdepartamental. Así mismo se integran el vicepresidente o vicepresidentes dependiendo totalmente del presidente.

Finalmente en la composición de la junta se integran los consejeros que tienen una doble posición como miembros de la junta de Castilla y león, de carácter mas político y como titulares de una de las consejerías en que se organiza la administración de la comunidad, de naturaleza totalmente administrativa; teniendo como atribuciones, entre otras las relativas a desarrollar la acción de gobierno y ejercer la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en el ámbito de su consejería, dirigir e inspeccionar esta misma y las entidades vinculadas o dependientes de ella, y preparar y presentar los proyectos normativos correspondientes.

Este poder ejecutivo autonómico se integra también como una administración autonómica cuyo régimen en desarrollo se produce en la ley 3/2001, de 3 de Julio , del gobierno y de la administración de la comunidad de Castilla y león, aunque la misma se publico formalmente durante la vigencia del estatuto de autonomía.

Como una administración territorial mas , el estatuto de autonomía establece que la administración de la comunidad gozara de las mismas potestades y privilegoos que la administración del estado que están previstos en múltiples leyes nacionales como son la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos y los poderes de ejecución forzosa y su revisión en vía administrativa, la potestad de expropiación y otras complementarias, la potestad sancionadora…

La regulación desde el punto de vista orgánico de la administración autonómica se contiene también en la ley 3/2001, ocupándose el primer lugar de acuerdo con lo establecido ahora en los art. 28 a 31 y 34 de EACYL, de los órganos de dirección política de la administración de la comunidad.

La administración de la comunidad de forma similar a la nacional, se integra por la administración general, que incluye órganos centrales y órganos periféricos de acuerdo con los clásicos principios de división funcional y gestión territorial y por la administración institucional.

  1. B)La administración general de la comunidad: organización central y organización periférica.

La administración general se organiza territorialmente en órganos centrales, con competencia en todo el territorio de la comunidad y en órganos periféricos, con competencia en parte de ese territorio y se consideran como órganos superiores de la misma a la junta de Castilla y león, a su presidente, a los vicepresidentes, en su caso , y a los consejeros, estando los restantes órganos bajo la dependencia jerárquica de alguno de los anteriores.

La organización central se articula siguiendo el criterio departamental en consejerías, que se crean, modifican y suprimen por decreto del presidente de la junta dando cuenta a las cortes a las que corresponde `` el desarrollo de uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa´´ , las cuales tienen una estructura interna común que bajo la dirección del correspondiente consejero, incluye las viceconsejerias de carácter potestativo a las que corresponde un sector de la actividad especifica de la consejería y su titular es la segunda autoridad de la misma.

Las secretarias generales, que son las responsables de que la consejería funciones y preste sus servicios y las direcciones generales , con responsabilidad activa sobre una parte del ámbito material de la consejería y que se crean, modifican o suprimen por decreto de la junta de Castilla y león, siendo posible organizar las dos ultimas en servicios, secciones y negociados.

En la actualidad, las consejerías se determinan en el decreto 2/ 2007, de 2 de Julio del presidente de la junta de Castilla y león que organiza la administración de la comunidad en consejerías de presidencia de administración autonómica, de interior y justicia ,de hacienda , de economía y empleo , de fomento de agricultura y ganadería, de medio ambiente , de sanidad , de familia e igualdad de oportunidades, de educación y de cultura y turismo.

La junta de Castilla y león se organiza territorialmente mediante delegaciones territoriales, con sede en cada una de las capitales de provincia. La delegación territorial es el órgano de gobierno y la administración provincial de la junta , porque no solo constituye el reflejo político de esta en las provincias, sino también su administración periférica.

El origen de la delegación territorial única en cada provincia procede de un decreto de 1987, que encontró en ellas el modo de desconcentrar la administración autonómica y lograr presencia institucional y la gestión de los servicios compartidos.

Bajo la dirección del delegado territorial, la delegación se estructura en la secretaria territorial como órgano de apoyo al mismo y de coordinación administrativa de los departamentos, servicios territoriales t de la administración institucional periférica. Los departamentos territoriales son los órganos de gestión de las competencias de las consejerías en cada provincia. La comisión territorial de la coordinación es el órgano deliberante y de apoyo al delegado territorial, que la preside, para el impulso y armonización del funcionamiento de la delegación territorial.

La posición institucional del delegado territorial deriva del hecho de que es nombrado por decreto de la junta, a propuesta del consejo de presidencia, de esta función derivan sus principales funciones:

  • Es el representante de la junta de CYL y de cada una de las consejerías en su respectiva provincia, ostentando su representación en la misma y además representa a cada una de las consejerías.
  • Es el coordinador de la acción política de la junta, cuyo nombramiento y cese realiza la junta de Castilla y león con rango de director general.
  • Coordina e impulsa la actividad de la administración general e institucional de la comunidad en cada provincia; lo que supone entre otras cosas hacer efectivas las políticas de la junta, promover su puesa en practica, resolver diferencias, se le atribuye la presidencia de numerosas comisiones territoriales como las de urbanismo, patrimonio, ambiental, promoción económica, vivienda o salud.
  • Son la cabeza visible de la organización periférica, correspondíéndole proponer e informar a los órganos superiores y directivos centrales la resolución de los asuntos encomendados a la delegación territorial.
  1. C)La administración institucional de la comunidad.

Regula la administración institucional y las empresas publicas, distinguiendo los organismos autónomos, los entes públicos de derecho privado y las empresas publicas.

La administración institucional de la comunidad, bajo la dependencia de la administración general, actúa para cumplir fines de interés publico que el ordenamiento incluye como principios rectores de la política social y económica y desarrolla, bajo el principio de descentralización funcional.

Las entidades que la integran actúan con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, adscribíéndose a la consejería competente y se crean y extinguen por ley, salvo disposiciones especificas.

La LGACYL distingue los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado.

Los organismos autónomos tienen encomendadas la realización de actividades de fomento, prestaciones o de gestión de servicios públicos, estando sujetos al derecho administrativo. Su régimen jurídico se establece en la ley de creación de los mismos, en materia de personal y patrimonio se les aplica la normativa general, en relación con los aspectos económicos y presupuestarios se les aplica la normativa autonómica de hacienda y en materia de contratación publica también se aplica la normativa general y finalmente la propia LGACYL tiene carácter supletorio. Entre ellos podemos citar la gerencia de servicios sociales y el instituto de la juventud, la gerencia regional de salud o el servicio publico de empleo.

Los entes públicos de derecho privado tiene asignadas actividades de carácter económico, comercial, industrial, agrario, financiero, o análogo; estando sujetos al derecho privado. La ley de creación establece su régimen jurídico, si bien para ejercer potestades publicas se sujetan al derecho administrativo, no siendo posible que utilicen la potestad expropiatoria.

Podemos citar entre ellos la agencia de inversiones y servicios, el ente regional de la energía y el instituto de seguridad y salud laboral o el instituto tecnológico agrario.

Entradas relacionadas: