El gobierno y la administración

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2.4.2. La Concepción constitucional de la Administración pública

A) La Administración Pública como institución Al servicio objetivo de los intereses generales

La Constitución Define con precisión lo que es la Administración en el Estado social y Democrático de Derecho que establece.

B) Qué Son los intereses generales

No es la Administración la que deduce esos intereses generales por sí misma. Los fines Que ha de perseguir la Administración pública la transcienden y deben ser Determinados por los poderes constitucionales que tienen legitimidad Democrática directa, es decir, el carácter representativo de que la Administración carece.

Los Intereses generales pueden abarcar muchas cosas, desde la defensa de la Seguridad ciudadana, hasta la promoción pública de determinados espectáculos o Festejos.

La Propia Constitución encomienda una serie de tareas o funciones a los poderes Públicos. Por ejemplo, la Administración debe garantizar y tutelar los derechos Y libertades constitucionales.

C) Gobierno y Administración

Conviene Diferenciar entre Gobierno y Administración. El Gobierno recibe sus poderes del Cuerpo electoral, a través de las Cámaras representativas y es, por ello, un órgano político. El art.
97 CE dispone que el Gobierno ‘’dirige la política interior y exterior’. Junto a esta función de Dirección política, el Gobierno también tiene la de dirigir la Administración Civil y militar y ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). La Administración, por su parte, cumple las directrices e Instrucciones del Gobierno correspondiente, con el que todos los empleados Públicos tienen un deber de obediencia y fidelidad institucional.

D) Participación y transparencia

Se han Introducido en el régimen administrativo instrumentos que aproximen la Administración al ciudadano, le doten de un carácter más abierto y transparente Y permitan un control social más difuso de su actuación. Nuestra Constitución Alude que las Administraciones públicas “deberán Respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: (…) c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa”.

Participación de los Ciudadanos y Administración pública:

El Artículo 9.2 de la Constitución ordena a los poderes públicos “facilitar la participación de todos los Ciudadanos en la vía pública, económica, cultural y social’’.

Transparencia Administrativa:

La Constitución Española en el artículo 105.B) ordena que la ley regule el acceso de los Ciudadanos a los archivos y registros administrativos. También es importante Señalar el art. 53.1.A) LPAC que reconoce el derecho de cualquier interesado a Conocer el estado de tramitación de los procedimientos que le afecten y a Obtener copias de los documentos. La transparencia administrativa no puede ser, Sin embargo, absoluta.

E) Una organización plural y descentralizada

La Administración a que se refiere la Constitución es una organización plural. Una Consecuencia de la pluralidad de niveles de gobierno que la Constitución Reconoce -el estatal, los autonómicos, los locales-.

Nos Interesa destacar los principios constitucionales conforme a los que se organiza: La descentralización, la autonomía, la desconcentración y, complementario a Este principio, está el principio de subsidiariedad.

F) El sometimiento pleno de la Administración a la ley y al Derecho

G) El control de la Administración pública por Los Tribunales

  El Sistema constitucional de controles sobre el Poder Ejecutivo

Fórmulas De control parlamentario del Gobierno y la Administración. La Constitución Regula también otras instituciones de control de la Administración como son el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y permite la creación de Instituciones semejantes por las Comunidades Autónomas. Todos estos controles Externos se suman a otros internos de las propias Administraciones.

El control judicial de la Administración

Nos Interesa analizar el control judicial y para ello hay que partir de los Dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución, según el cual “los tribunales controlan la potestad Reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el Sometimiento de esta a los fines la que justifican’’

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