Extinción de la tutela y curatela

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TUTELA ORDINARIA


Debe promoverse cuando se produzca alguno de los supuestos, al contrario de la tutela automática que se constituye por el ministerio de la Ley favor de la Entidad pública.
Las personas que están sujetas a la tutela ordinaria son los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad, los incapacitados, los sujetos a patria potestad prorrogada y los menores que se hallen en situación de desamparo.
Regulado en los artículos 222 a 285 del CC y es aplicable supletoriamente a la curatela y al defensor judicial.

El Juez deberá nombrar tutor atendiendo inicialmente al orden establecido en el art. 234 CC, de modo que para el nombramiento de tutor se preferirá:1º.- Al designado por el propio tutelado; 2º.- Al cónyuge que conviva con el tutelado; 3º.- A los padres; 4º.- A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.; 5º.-Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.
Excepcionalmente el Juez podrá alterar el orden o prescindir de todas las personas señaladas, si el beneficio del menor o incapacitado así lo exige.
En defecto de las personas señaladas en el art. 234 CC el juez designará tutor a quien, por sus relaciones con el tutelado y en beneficio de éste considere más idóneo.
Por su parte, la tutela de los menores se extingue cuando el menor alcanza la mayoría de edad (a no ser que previamente haya sido incapacitado), cuando es adoptado, por fallecimiento del tutelado, por concesión al menor del beneficio de la mayor edad y cuando el que perdíó la patria potestad la recupera. La tutela de los incapaces se extingue por fallecimiento del tutelado o por resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que la modifique sustituyendo la tutela por la curatela.

TUTELA AUTOMÁTICA


Regulada en los art. 172 a 174 y 239 CC que han sido modificados por la Ley 26/15 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. La entidad pública que constate que un menor se encuentra en desamparo, deberá adoptar las medidas necesarias para su guarda. Esto supone la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria.
La entidad pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores declarados en situación de desamparo cuando constate, la desaparición de las causas que motivaron su asunción, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes circunstancias: que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país; que el menor se encuentra en territorio de otra CCAA cuya Entidad pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y asumido su tutela o entendiere que ya no es necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor; que hayan transcurrido 6 meses desde que el menor abandonó voluntariamente el centro de protección, encontrándose en paradero desconocido. La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela.

CURATELA


Regulada en los artículos 286 a 297 CC, debiendo aplicar a los curadores las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores. Tiene por finalidad asistir y
completar la capacidad de obrar del sujeto a curatela en los supuestos establecidos por ley. El curador asiste al sometido a curatela en todos los supuestos en los que la ley o la sentencia de incapacitación establezcan el complemento de capacidad. Aunque se trata de un cargo estable, su actuación es intermitente. Están sujetas a curatela: los emancipados cuyos padres fallecieran o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la ley; los que obtuvieran beneficio de la mayor edad; los declarados pródigos; igualmente para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, resolución judicial coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.
La curatela tendrá por objeto la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia que la haya establecido.

EL DEFENSOR JUDICIAL


Sirve a la protección de menores, pródigos e incapacitados, ante ciertas situaciones específicas de crisis en el funcionamiento de la guarda propia de esas personas, sustituyendo o supliendo a sus titulares. Se regula en los arts. 299 a 302 CC. Es un cargo tuitivo y compatible con la existencia de los restantes cargos tutelares e incluso con el ejercicio de la patria potestad, que actúa de forma puntual.
Se puede nombrar defensor judicial: Cuando en un asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador; Cuando por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñen las funciones que les son propias, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo; Y en los demás casos previstos en el CC, por ejemplo cuando se produce la desaparición de una persona.
Régimen jurídico: Se tramita mediante expediente de jurisdicción voluntaria. Se nombra defensor a quien se estime más idóneo para el cargo. Al régimen jurídico del defensor judicial se le aplican las causas de inhabilidad, excusa y remoción de los tutores y curadores. El defensor judicial tendrá las atribuciones que se le hayan concedido, debiendo rendir cuentas de su gestión una vez concluida.

LA GUARDA DE HECHO

Pueden hallarse bajo la protección o custodia de una persona (que actúa como si fuera su guardador legal): el menor que no esté sometido a la patria potestad o tutela; el incapaz que no haya sido incapacitado o al que habiéndolo sido, no le haya sido nombrado guardador legal.
Se trata de una situación producida en aquellos supuestos en los que una persona no ostenta ninguna potestad sobre el menor o incapaz y al mismo tiempo tampoco tiene obligación alguna de asumir las responsabilidades de la actividad tuitiva.
Se encuentra regulado en los artículos 303 a 305 del CC. Esta figura no implica la obligatoriedad de la constitución de tutela propiamente dicha, pero podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y los bienes del menor.
LA TUTELA CIVIL FRENTE A LAS INTROMISIONES ILEGITIMAS
Frente a una intromisión ilegítima en los derechos al honor, a la intimidad o a la propia imagen, el art. 9 LO 1/82 se establecen tres tipos de tutela:
a) La inhibitoria, a través de la cual se pretende hacer cesar la intromisión.
b) La resarcitoria, que se dirige a la obtención de una indemnización para la reparación del daño moral ocasionado a la víctima de la intromisión, daño que se presume, una vez acreditado el carácter ilegitimo de aquella y para cuya reclamación existe un plazo de caducidad de 4 años.
c) La restitutoria, con la que el perjudicado, en aplicación del principio de prohibición de enriquecimiento injusto, podrá apropiarse del “lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos” por el infractor.

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