Expropiación forzosa audiencia nacional contencioso administrativo

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  1. Según el artículo 3 LJS de que materias no conocerá la Jurisdicción del Orden Social

Entiende el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo “de la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a ley y decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, aun en las materias laborales, sindicales o de seguridad social enumeradas en el artículo anterior” ( art.3.A)
LJS).

Le corresponde pues el control de la actividad normativa y reglamentaria, de conformidad con las reglas generales de distribución de competencias entre los distintos órdenes jurisdiccionales.

Con carácter general, la revisión de los actos administrativos sometidos al Derecho administrativo en materia laboral también corresponde al orden contencioso-administrativo, aunque muchos de ellos han sido asignados específicamente a la jurisdicción social, particularmente en materia de autorizaciones y sanciones

5.2. Tutela de libertad sindical y huelga en la función pública y personal similado

Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos, personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere el art. 3.1 a)
ET ( art.3.C)
LJS).

5.3.Control judicial de pactos y acuerdos en el ámbito de la función pública

Entiende el orden jurisdiccional contencioso-administrativo “de los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones públicas con arreglo a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de Abril (RCL 2007, 768)
, del Estatuto Básico del Empleado Público, que sean de aplicación al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral; y sobre la composición de las Mesas de negociación sobre las condiciones de trabajo comunes al personal de relación administrativa y laboral” ( art.3.E)
LJS).

En general, pertenecen al orden contencioso-administrativo los pleitos relativos a la prestación de servicios de los funcionarios públicos y personal asimilado.

La competencia del orden social tampoco era plena y el orden contencioso-administrativo ostentaba determinadas atribuciones, motivo de que se hubiera hablado de «esquizofrenia competencial». Las materias extraídas a la jurisdicción social eran las siguientes:

a) 

Provisión de vacantes

Reconducida al orden contencioso-administrativo toda impugnación ( Disp. Adic. 7.ª
Ley 30/1999;

STS 25-10-2001 [RJ 2002, 2364]

). No, sin embargo, si se trata de mera distribución del personal.

b) 

Impugnación de sanciones

La jurisprudencia unificada atribuye también al orden contencioso-administrativo el conocimiento de la impugnación, en vía judicial, de las sanciones y medidas disciplinarias que pudieran imponerse al personal estatutario ( STS 3-5-1994 [RJ 1994, 6542]
).

c) 

Aspectos administrativos, incompatibilidades y acuerdos colectivos

Son los primeros los aspectos que surgen en la vertiente administrativa de la Administración sanitaria (por ejemplo, la nulidad de una resolución administrativa que versa sobre la organización de determinado servicio sanitario). Pero se declara también la competencia del orden contencioso para conocer de algunas cuestiones derivadas de su régimen de incompatibilidades y sobre la impugnación de acuerdos que afectan a diversos aspectos de su régimen.

5.4.Fijación de servicios mínimos en caso de huelga

Entiende el orden jurisdiccional contencioso-administrativo “de las disposiciones que establezcan las garantías tendentes a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o dependencias y los porcentajes mínimos de personal necesarios a tal fin, sin perjuicio de la competencia del orden social para conocer de las impugnaciones exclusivamente referidas a los actos de designación concreta del personal laboral incluido en dichos mínimos, así como para el conocimiento de los restantes actos dictados por la autoridad laboral en situaciones de conflicto laboral conforme al RD-ley 17/1977, de 4 de Marzo ()
, sobre Relaciones de Trabajo” (ar t.3.D)
LJS).

5.5.Actos administrativos en materia de seguridad social

Entiende el orden jurisdiccional contencioso-administrativo “de las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores , así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a losactos de gestión recaudatoria , incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artículo 2” ( art.3.F)
LJS).

La gestión recaudatoria en materia de seguridad social ha estado excluida tradicionalmente del orden social, y responde a la incidencia de la competencia que con carácter general se atribuye a ese orden en relación con los actos de las Administraciones públicas sujetos a Derecho Administrativo.

5.6. Reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial

Entiende el orden jurisdiccional contencioso-administrativo “de las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, sean estatales o autonómicos, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad ” ( art.3.G)
LJS).

Es una manifestación más de la competencia del orden contencioso-administrativo en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación del que derive.

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