España del siglo xvi

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10.1 La España del siglo XVIII: la guerra de sucesión y el sistema de Utrecht.Carlos II, que había muerto sin descendencia, nombró sucesor a Felipe de Anjou , nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones. Muy pronto, se formó un bando dentro y fuera de España que no aceptaba al nuevo rey y apoyaba al pretendiente el Archiduque Carlos de Habsburgo. La guerra civil y europea  estalló. El conflicto tenía una doble perspectiva: El ascenso al trono español de Felipe V representaba la hegemonía francesa y la temida unión de España y Francia bajo un mismo monarca. Este peligro llevó a Inglaterra y Holanda a apoyar al candidato austriaco, que era sustentado por los Habsburgo de Viena. Las diversas potencias europeas se posicionaron ante el conflicto sucesorio español. Por otro lado, Felipe V representaba el modelo centralista francés, apoyado en la Corona de Castilla, mientras que  Carlos de Habsburgo personificaba el modelo foralista, apoyado en la Corona de Aragón y, especialmente, en Cataluña. La guerra terminó con el triunfo de Felipe V. Junto a las victorias militares de Almansa, Briguega y Villaviciosa, un acontecimiento internacional fue clave para entender el desenlace del conflicto:  Carlos de Habsburgo heredó en 1711 el Imperio alemán-austriaco y se desinteresó de su aspiración a reinar en España. La guerra concluyó con la firma del  Tratado de Utrecht en 1713. El tratado estipuló lo siguiente: Felipe V era reconocido por las potencias europeas como Rey de España pero renunciaba a cualquier posible derecho a la corona francesa. Los Países Bajos españoles y los territorios italianos (Nápoles y Cerdeña) pasaron a Austria. El reino de Saboya se anexionó la isla de Sicilia. Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca y el navío de permiso (derecho limitado a comerciar con las Indias españolas) y el asiento de negros (permiso para comerciar con esclavos en las Indias). El Tratado de Utrecht marcó el inicio de la hegemonía británica.

10.3 La España del siglo XVIII: reformas en la organización del estado. La monarquía centralista. La llegada de la nueva dinastía borbónica propició importantes cambios en la estructura del Estado. Estos cambios, inspirados en gran medida en el estado absolutista francés,  fueron introducidos esencialmente durante el reinado de Felipe V. Los primeros Borbones adoptaron diversas medidas centralizadoras, con el objetivo de hacer un estado más eficaz. En este sentido se adoptaron novedades importantes: Decretos de Nueva Planta (1707 Aragón y Valencia, 1715 Mallorca, 1716 Cataluña): Abolición de los fueros e instituciones propias de los reinos de la Corona de Aragón. Los fueros de las provincias vascas y Navarra se mantuvieron ya que apoyaron a Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Nuevo modelo de administración territorial, basado en la división del territorio en provincias; sustitución de los Virreyes por los Capitanes Generales como gobernadores políticos de las provincias; las Reales Audiencias se mantienen para las cuestiones judiciales; y siguiendo el modelo francés, se creó la figura de los Intendentes, funcionarios encargados de las cuestiones económicas. Finalmente, en los Ayuntamientos se mantuvieron los cargos de Corregidor, Alcalde Mayor y Síndicos personeros del común (elegidos por el pueblo para su defensa) Los Borbones también reformaron la administración central consolidando el establecimiento de una plena monarquía absoluta. Se suprimieron todos los Consejos, exceptuando el Consejo de Castilla que se convirtió en el gran órgano asesor del rey. Se crearon las Secretarías de Despacho (Estado, Guerra, Marina, Hacienda, Justicia e Indias), antecedentes de los ministerios. En 1787 se establece la Junta Suprema de Estado, antecedente del Consejo de Ministros. La nueva dinastía intensificó la política regalista, buscando la supremacía de   la Corona, poder civil, sobre la Iglesia. Las dos medidas principales fueron el establecimiento de un mayor control sobre la Inquisición y, sobre todo, la expulsión de la Compañía de Jesús adoptada por Carlos III en 1767. Hubo intentos de reformar el sistema de Hacienda. Se trató de unificar y racionalizar el sistema de impuestos y, para ello, se llevó a cabo el Catastro de Ensenada en 1749 en la Corona de Castilla. Se buscó también la unificación monetaria, estableciéndose el Real de a dos.



10.4 La práctica del despotismo ilustrado: Carlos III. Carlos III tuvo que enfrentarse a la oposición de los grupos privilegiados a su programa de reformas. Así, en 1766 se produjo el motín de Esquilache, una revuelta de causas complejas en la que se unieron el malestar de la población por la escasez y el elevado precio de los alimentos, el rechazo al excesivo poder de los altos cargos extranjeros y el descontento de los privilegiados por las reformas que reducían su poder e influencia. Esto concluyo en una revuelta en Madrid contra las medidas de saneamiento y orden publico tomadas por el ministro Esquilache. Carlos III por miedo a las revueltas destituyo a Esquilache,  paralizó las reformas y tomo medidas populares como bajar el precio de algunos productos básicos. Los motines cesaron y el país se pacifico. Controlada la situación, el rey continúo con la política reformista. Para llevar adelante su programa, Carlos III, contó con una serie de ministros y colaboradores españoles que desde diversos puestos del gobierno, auxiliaron al monarca y fueron, en realidad, los responsables de los esfuerzos reformistas (Campomanes, Jovellanos…) estudiaron, informaron y propusieron una serie de medidas tendentes a la modernización y racionalización del Estado. En el ámbito religioso, los ilustradores eran regalistas, es decir, defensores de la autoridad y las prerrogativas del rey frente a la Iglesia. Carlos III reclamó el derecho al nombramiento de los cargos eclesiásticos, al control de la Inquisición y a la fundación de monasterios, y combatió el intento de la Iglesia de constituir un poder dentro del Estado. En la cuestión social, el pensamiento ilustrado se plasmó en el decreto de 1783 por el que se declararon honestas todas las profesiones. En educación, se inició la reforma de los estudios universitarios y de las enseñanzas medias, pero muy especialmente se formaron las escuelas de artes y oficios, ligadas a conocimientos prácticos, y se impulso la educación primaria obligatoria. Además, se promovió la fundación de Academias dedicadas a las letras y las ciencias. En el terreno económico, se establecieron: La limitación de los privilegios de la mesta, apoyo a la propuesta de Olavide de colonización de nuevas tierras e impulso de los proyectos de reformas agrarias. Fomento de la libre circulación de mercancías en el interior de España, como la libre circulación de granos (1765), y la liberación progresiva del comercio colonial. Apoyo a la actividad industrial, liberando gradualmente el proceso de fabricación, a partir de 1768, y abandonando la gestión directa de las Reales Fabricas, desde 1761. Al mismo tiempo, se establecieron aranceles y se firmaron tratados comerciales para defenderse de la competencia exterior. Moderación en la política impositiva, con el objetivo de fomentar la producción y limitar el gasto publico. Otra iniciativa importante fue la creación de las Sociedades Económicas de Amigos del País con el objetivo de fomentar la agricultura, el comercio y la industria, traducir y publicar libros extranjeros e impulsar la difusión de las ideas filosóficas y liberales.

10.6 La España del siglo XVIII: la política borbónica en América. En un principio, la nueva dinastía Borbón no implicó ningún cambio importante en las colonias. La administración continuó sin cambios; el monopolio comercial (pese al creciente contrabando británico); los envíos de plata a cambio de los productos peninsulares y el papel predominante del puerto de Cádiz (que había sustituido a Sevilla). La sociedad americana estaba organizada en torno a dos grupos: La elite blanca. Controlaban la administración y eran los propietarios de la tierra, las minas y las demás fuentes de riqueza. El resto de la población constituida por la mayoría indígena y los esclavos negros. Era una sociedad organizada de forma racial pese a que había una importante mezcla racial: mestizos (blanco e india), mulato (blanco y negra) zambos (indio y negro). A partir de mediados de siglo se inicia un cambio en la política de los Borbones hacia América. El gobierno de Madrid decidió incrementar la explotación colonial para que las colonias fueran más rentables. Para ello se adoptaron diversas medidas. Se promovieron, con escaso éxito, las Compañías de Comercio, siguiendo el modelo inglés y holandés. Se decretó la introducción de navíos de registro: barcos que podían comerciar al margen de la Flota de Indias. Esta novedad permitió que se incrementara el comercio gaditano con América. Durante el reinado de Carlos III se introdujeron importantes reformas. La Corona trató de incrementar el control administrativo de la metrópoli sobre las Indias: se excluyó de la administración a los criollos, se creó un nuevo virreinato, el del Río de la Plata en 1776, y ese mismo año se estableció el cargo de Intendente para reforzar el control de los territorios americanos. La expulsión de los jesuitas en 1767 tuvo en América una importante consecuencia: la Corona se anexionó importantes tierras, sobre todo en Paraguay, que hasta ese momento habían estado en manos de la Compañía de Jesús. En el terreno económico hubo un incremento impositivo y en 1778 se permitió el libre comercio entre la península y las Indias, rompiendo el monopolio sevillano-gaditano. Esta nueva política borbónica, enfocada sobre todo al beneficio de la metrópoli, engendró movimientos de protesta de los criollos, apartados de los cargos administrativos, y de la explotada mano de obra indígena. En 1780-1781 se inició una revuelta en Perú iniciada por los criollos pero que pronto se convirtió en una rebelión indígena (Tupac Amaru). La revuelta fue duramente reprimida.

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