Derecho juez legal

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1. DISTINCIÓN ENTRE FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ERROR JUDICIA L

Mientras indemnización por causa de error debe ir precedida de una decisión judicial art.
293.1 LOPJ, reclamación por daños causados como consecuencia del funcionamiento anormal no exige previa declaración judicial, sino que se formula directamente ante Ministerio de Justicia, art. 292 LOPJ. La acción de indemnización por error judicial debe ir precedida de una decisión judicial expresa art. 293.1 LOPJ.

Error judicial consiste en la desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible en una resolución que rompe armónía del orden jurídico o en la decisión que interpreta el OJ, si se trata de una interpretación no sostenible por ningún método interpretativo aceptable en la práctica judicial.

El funcionamiento anormal abarca, cualquier defecto en la actuación de juzgados y tribunales, concebidos como complejo orgánico en el que se integran diversas personas, servicios, medios y actividades. Del funcionamiento anormal extrae un supuesto específico, para seguir tratamiento separado. STS 17 Febrero de 1999 sobre el funcionamiento anormal está sujeto a un tratamiento diferenciado respecto del error judicial. La indemnización por causa de error debe ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca, art. 293.1 LOPJ, la reclamación por daños causados como consecuencia del funcionamiento anormal de la Admón de Justicia no exige una previa declaración judicial, sino se formula directamente ante Ministerio de Justicia art. 292 LOPJ.

SENTENCIA DE 14 Junio DE 2011, TS ARGUNTÓ:


que para apreciar el funcionamiento anormal de Admon de Justicia se requiere además del ejercicio de la acción en plazo y de existencia de daño efectivo, que el daño no sea consecuencia de una decisión judicial errónea, que no derive pronunciamiento emitido por Juez o Magistrado en el ejercicio de su actividad jurisdiccional.

2. FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE ADMÓN DE JUSTICIA

1. Requisitos generales y supuestos


La viabilidad de la declaración de responsabilidad patrimonial de la Admón también de la Justicia, requiere con art. 139 LRJAPA con m.Atices de art. 292 LOPJ:

A) Efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente

b) Que daño o lesión patrimonial sufrida por reclamante sea consecuencia del funcionamiento anormal de Admón de Justicia.

C) Que reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño causado por su propia conducta

Conforme art. 293.2 LOPJ, El derecho a reclamar indemnización prescribirá al año, a partir del día en que pudo ejercitarse.

1. DILACIONES INDEBIDAS


STS 24 Enero 2012 Determinación de cuándo una dilación procesal es indebida a tenor de art. 24.2 CE, resulta compleja. Se trata de un concepto indeterminado cuyo contenido concreto debe ser obtenido mediante aplicación a circunstancias específicas en cada caso, de los criterios objetivos que sean congruentes en su enunciado genérico e identificar complejidad del litigio, márgenes de duración del litigio, interés del recurrente, su conducta procesal así como conducta de autoridades que intervienen en el proceso.


Éste derecho se vulnera tanto cuando el tiempo invertido en resolver un litigio supera lo razonable, como cuando exista una paralización de procedimiento que por excesiva duración esté igualmente injustificada y suponga una alteración del proceso que afecte a bienes jurídicos que este derecho protege.

Y no olvidándose que Jueces y Tribunales han de cumplir su función jurisdiccional de garantizar la libertad, justicia y seguridad, con rapidez que permita la duración normal de los procesos, evitando dilaciones indebidas que quebranten efectividad tutela efectiva.

2. DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS. STS 8 DE Junio 2011

3. DAÑOS RECLAMADOSPOR PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN DE JUSTICIA, DERIVADOS DE SU CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE PRISIONES. STS 21 Junio 2011.
4. FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMÓN DE JUSTICIA SOBRE LA BASE DE LOS DICTÁMenes DEL COMITÉ DE DDHH DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE DOBLE NECESIDAD PENAL. STS 9 DE Marzo DE 2011.

3. RESPONSABILIDAD POR RETRASOS EN EL TRIB. CONSTITUCIONAL

STS DE PLENO DE FECHA 26 NOV DE 2009

Se reconoce la posibilidad de exigir responsabilidad por daños antijurídicos causados por Trib. Constitucional.

Decisión de atribuir al Consejo de Ministros la competencia para resolver reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de daños producidos por funcionamiento anormal del Trib. Constitucional responde a una lícita opción del legislador que podría haber elegido otra distinta, con la que para el Poder Judicial establece en art. 293.2 LOPJ.

El riesgo de que la decisión del órgano competente para resolver comprometa la independencia de los magistrados del Trib. Constitucional no tiene que ver con la jerarquía del órgano que resuelve sino con la existencia o no en el procedimiento seguido para declarar la responsabilidad del Estado por esa causa de mecanismos que asegures en que la decisión adoptada no ha de suponer intromisión alguna en el funcionamiento del Tribunal.

La cuestión de fondo planteada se concreta en determinar, si Trib. Constitucional ha incurrido en dilaciones indebidas al resolver recurso de amparo, en especial al haber permanecido el incidente de recusación presentado por él paralizado durante casi 3 años y si dicha actuación del Trib. Constitucional le ha ocasionado algún daño susceptible de reparación.

Una cosa es que el Trib. Constitucional haya incurrido en una dilación indebida y otra que ello determine automáticamente el derecho a una indemnización por parte del que la ha sufrido. Para que ello sea así es preciso que quien reclama acredite la producción de un daño efectivo y que esa lesión pueda considerarse casualmente determinada por ese funcionamiento anormal del Trib. Constitucional, y estas condiciones no concurren en los daños cuya reparación el demandante pretende de la AGE. La presente reclamación no puede llevar a otra conclusión sino la de que el recurso de amparo interpuesto por el recurrente no fue resuelto en un plazo razonable.




4. RESPONSABILIDAD POR ERROR JUDICIAL

Calificación que se reserva a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error craso, patente, indubitado, incontestable, flagrante, que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas. En relación con el error judicial en la interpretación de la Ley, solo cabe su apreciación cuando órgano judicial ha actuado abiertamente fuera de los cauces legales, realizando una aplicación del derecho basada en normas inexistentes fuera de todo sentido.

No existe error judicial cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéÚtica jurídica, ni cuando de trate de interpretaciones de la norma que obedezcan a un proceso lógico, o que no cabe atacar por este procedimiento excepcional conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales, no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino desatención la desidia o falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado de indemnizar daños causados directamente, sin necesidad de declarar culpabilidad del juzgador.

STS 23 DE Mayo DE 2006 el error judicial es la desatención del juzgador a datos de carácter indiscutible en una resolución que rompe la armónía en el orden jurídico o en la decisión que interpreta equivocadamente el orden jurídico, si se trata de una interpretación no sostenible por ningún método interpretativo aceptable en la práctica judicial.

Error judicial exige la interposición de un recurso de revisión para la declaración de error judicial sin que constituya una última instancia o remedio formal para subsanar deficiencias procedimentales.

Para obtener la declaración de error judicial art. 293.1 a) LOPJ impone la acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse en el plazo de 3 meses a partir del día en que pudo ejercitarse. El plazo de los 3 meses a que se refiere está en art. 293.1 a) LOPJ no puede reputarse que haya sido interrumpido por la reclamación de responsabilidad patrimonial de Administración de Justicia.

5. SUPUESTO ESPECÍFICO DE ERROR JUDICIAL: PRISIÓN PREVENTIVA ART. 294 LOPJ


INEXISTENCIA DEL HECHO IMPUTADO. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL. STS 14 Febrero 2012

Derecho sólo surgía si absolución o sobreseimiento era debida a la inexsistencia del hecho imputado, ien en sentido ojetivo, porque el hecho no hubiera acontecido o no fuera constitutivo de delito, bien en sentido subjetivo por la probada falta de participación en el de quien sufrió la prisión preventiva art. 294. 1 LOPJ. La jurisprudencia hubi de ser modificada al ser puesta en cuestión por TEDH, primero en su sts de fecha 25 Abril de 2006.

Dado que, la inexistencia subjetiva solo daba dereho a indedmnización cuando hubiera quedado probada la falta de participación en el hecho delictivo de quien sufrió la prisión preventiva, negandolo si la absolución o sobreseimiento libre se hubieran debido a la aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia o de la regla procesal in dubio pro reo, cuando no hubiera habido en el proceso penal prueba bastante para poder afirmar en él aquella participación, con esto TEDH entendíó que a desestimación de la pretensión indemnizatoria con el agumento de no participación del demandante en el hecho delictivo no hubiera sido establecido, sin matizaciones ni reservas,


dejaba planear una duda sobre su inocencia, esto se basa en la distinción entre una absolución por falta de pruebas y resultante de constatación de la no participación, desconoce la absolución previa del acusado, cuya declaración debe ser respetada sean cuales seean los motivos referidos por el juez penal, teniendo en cuanta que ninguna diferencia cualitativa debe existir entre una sts absolutoria por falta de pruebas y una de igual sentido resultante de la constación de su inocencia. Concluyó el Tribunal que tal planteamiento vulneraba art. 6.2 Convenio que establece el derecho de toda persona a la presunción de inocencia hasta que culpabilidad sea declarada.

SURGE ASÍ EN FECHA 23 DE NOV DE 2010 DOS STS SEGUIDAS POR OTRAS MUCHAS, QUE ESTABLECEN COMO NUEVA JURISPRUDENCIA LA SIGUIENTE:

Se hace preciso revisar ese criterio jurisprudencial sobre inexistencia subjetiva del hecho e inclusión entre supuestos amparados en art. 294.1 LOPJ, no puede perderse de vista que la interpretación y aplicación del indicado precepto ha de mantenerse, dentro de los límites y con alcane previstos por el legislador, que en modo alguno contempla la indemnización de todos los casos de prisión preventiva que no vaya seguida de sts condenatoria, ni siquiera de todos los casos en los que el proceso termina por sts absolutoria o auto de sobreseimiento libre, planteamiento que, no supone infracción art. 6.2 del Convenio.

Finalmente tal interpretación es consecuencia de los términos en los que el legislador ha establecido el título de imputación de responsabilidad patrimonial en dicho precepto que, no se condiciona la apreciación directa de dicho error atendido a las circunstancias en las que se adoptó la medida ni se extiende a todos los supuestos de posterior absolución o sobreseimiento libre, sino que se presume la puesta de manifiesto cuando la resolución que pone fin al proceso supone una declaración de inexistencia del hecho sin que ello implique identificar el error de manera que ería a través de una modificación legislativa como podría clasificarse y dar otro contenido y alcance a este título de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la administración de justicia.

RESUMEN DE JURISPRUDENCIA


No es ocioso añadir que la aplicación del art. 294 LOPJ hecha por la sts impugnada es perfectamente correcta. Dicha norma no contempla el derecho a indemnización para toda persona que sufre prisión preventiva y luego no resulta condenada, únicamente para serán absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre. STS impugnada, admite dos variantes:

Objetiva:


implica el hecho no haya existido en realidad o que no sea constitutivo de delito

Subjetiva:


que no hayan elementos racionales para relacionar al detenido con el hecho.

SUPUESTOS DE ABSOLUCIÓN POR CONCURRIR CAUSAS DE EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL


Partiendo de esta necesidad de interpretar en sentido estricto y literal la polémica expresión inexistencia del hecho imputado de art. 294.1 es clara la conveniencia de mantener el criterio interpretativo, ha excluido, como causa de responsabilidad patrimonial del Estado, supuestos de absolución por concurrir causas de exención de responsabilidad criminal, por exclusión de la antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad o de punibilidad o cuando existen causas de justificación o inimputabilidad.


Si la absolución libre tuviese como causa no a la inexistencia del hecho sino la inexistencia de acción típica que es igualmente subsumible art. 294.1 LOPJ. Se trata de una interpretación de este art. Limitase su aplicabilidad a los casos de absolución o sobreseimiento libre por no haber existido materialmente los hechos, determinantes de la prisión preventiva, sería tanto como excluir de la indemnización los supuestos en que hubiese decretado prisión provisional a pesar de no ser los hechos determinantes de la misma constitutivos de infracción punible alguna por no estar tipificados como tales, que se incumpliría la finalidad del precepto, que es amparar a quien con manifiesto error judicial haya sufrido prisión preventiva por hechos que no han existido materialmente o que no fuesen constitutivos de infracción punible.

Pero a diferencia de estos casos, en los que al faltar la tipicidad no existe hecho delictivo cuando se produce un hecho que colma las exigencias del tipo penal, el hecho con trascendencia o relevancia penal existe. Por esto mismo, tampoco puede tacharse de manifiesto error judicial la decisión adoptada durante la instrucción de acortar el ingreso en prisión provisional de quien causó dolosamente la muerte de otra persona clavándole un cuchillo en el tórax. Que luego el autor sea absuelto por concurrir una causa de exclusión de responsabilidad criminal no elimina la existencia del hecho imputado. Y que causa e exclusión sea una causa de justificación o de exclusión de la culpabilidad es irrelevante en art. 294 LOPJ no vincula el derecho a la indemnización sino al acaecimiento de un error judicial del hecho imputado.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

El art. 139 Ley 30/92 dispone que las AAPP indemnizarán a particulares por aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando se establezca actos legislativos en términos que lo especifiquen.

Procede destacar el Consejo del Estado, la responsabilidad del legislador:

- primero responsabilidad por aplicación de leyes que llegasen a ser declaradas inconstitucionales y que, durante su aplicación hubiesen causado perjuicio

- otro aspecto sería la responsabilidad por perjuicios causados por una ley constitucionalmente legítima pero cuya aplicación se siga para un particular un daño de carácter individualizado que, más allá del deber general ha de soportar obligaciones y cargas públicas.

A) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN EL CASO DE APLICACIÓN DE ACTOS LEGISLATIVOS DE NATURALEZA NO EXPROPIATORIA QUE NO DERIVEN DE UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
Art. 139.3 Ley 30/92 se desprende tres supuestos necesarios para la prosperidad de esta acción:

- que administrados no tengan deber jurídico de soportar el daño. - que así se establezca en el propio acto legislativo. - que indemnización se determinará en términos que se especifiquen en acto legislativo.

El hecho de que la ley no contenga previsión expresa no impide que se pueda reconocer la debida indemnización en favor de los afectados por los perjuicios ocasionados por la aplicación de los actos legislativos en la Ley, siempre y cuando conforme a los criterios generales del OJ sobre responsabilidad patrimonial el daño o perjuicio alegado sea antijurídico y perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar.



TS en STS 21 de Diciembre de 2012 lo reiteró. Ya que es preciso que exista un sacrificio patrimonial singular de derechos o intereses económicos legítimos aefctados de manera especial por actuaciones advas anteriores.

En STS 29 Abril de 2010 TS declaró falta de carácter expropiatorio, con la ausencia de obligación adva de responder responsabilidad patrimonial por razón de la prohibición de venta y suministro de los productos del tabaco en centros comerciales.

Otros ejemplos:

- STS de 22 Junio DE 2010. En relación al tabaco sobre prohibición de venta de productos del tabaco en centros comerciales.

- Prevalencia de la potestad de innovación normativa. STS 28 Octubre DE 2009.

-
Responsabilidad patrimonial por actos legislativos en el ámbito urbanístico. STS de 9 Julio de 2012.

STS de 9 DE Julio 2012: La quiebra del principio de confianza legítima, se muestra como un eje el que gira el examen de las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si hay o no justificación para soportar el daño causado ilícitamente.

B) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR APLICACIÓN DE ACTO LEGISLATIVO FUNDADO EN LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA.

Jurisprudencia de TS estima que goza de especial relevancia para su determinación que exista o no declaración expresa del tribunal constitucional acerca del alcance de la declaración de inconstitucionalidad que pronuncia. Mientras casos de ausencia de declaración permiten a este tribunal pronunciarse sobre la existencia de responsabilidad patrimonial y fijar indemnización que permita compensar daños causados por el acto de aplicación de la ley inconstitucional, no así cuando el tribunal constitucional excluye cualquier tipo de acción revisoría.

2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FUNDADA EN VULNERACIÓN DE DERECHO COMUNITARIO

Se impone el derecho a indemnizar cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- atribución de derechos a particulares por la norma comunitaria violada.

- violación de la norma comunitaria suficientemente caracterizada.

- relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y daño sufrido.

En el ámbito de la UE Tribunal de Justicia establecíó el principio de responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho Comunitario, principio que se fundamenta en el hecho de que la plena eficacia de las normas comunitarias se vería cuestionada y la protección de los derechos que reconocen se debilitaría si los particulares no tuviera la posibilidad de obtener una reparación cuando sus derechos son lesionados por una violación del Derecho Comunitario imputable a un Estado miembro.


La obligación de las EEMM de reparar dichos daños se basa en art. 5 del Tratado, en virtud del cual los EEMM deben adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar cumplimiento de las obligaciones. Se trata de una expresión del principio general conocido en OJ de EEMM, conforme al cual una acción u omisión ilegal produce la obligación de reparar el perjuicio causado. Esta disposición pone de manifiesto también la obligación de los poderes públicos de indemnizar daños causados en el ejercicio de sus funciones.

Requisitos exigidos para dar lugar a indemnización, aquí Tribunal de Justicia ha desarrollado una doctrina, en la que señala que dependen de la naturaleza de violación del Derecho Comunitario que origine el perjuicio causado, precisando que cuando un Estado miembro incumple la obligación que le incumbe de adoptar todas las medidas necesarias para conseguir el resultado prescrito por una Directiva, la plena eficacia de esa norma de Derecho comunitario impone un derecho a indemnización siempre y cuando concurran 3 requisitos:

- resultado prescrito por la Directiva implique la atribución de derechos a favor de particulares

- que contenido de estos derechos pueda ser identificado basándose en las disposiciones de la Directiva

- que exista una relación de causalidad entre incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas afectadas

Requisitos que plantea mayores dificultades violación suficientemente caracterizada, es propio del Tribunal indicar elementos que pueden valorarse al efecto, aquí se señala el criterio decisivo para considerar que una violación del Derecho comunitario es suficientemente caracterizada es el de inobservancia manifiesta y grave.

Debe señalarse el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a las autoridades nacionales o comunitarias, el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho, y la circunstancia de que las actitudes adoptadas por una Institución comunitaria hayan podido contribuir a la omisión, la adopción o mantenimiento de medidas o prácticas nacionales contrarias al Derecho Comunitario.

La infracción del deber de transposición de una Directiva en el plazo establecido se viene considerado, “per se” una infracción manifiesta y grave, que dará lugar a indemnización.

En el ámbito temporal de la responsabilidad del EM Tribunal de Justicia señala en la STS 5 de Marzo 1996 que: reparar los daños causados a particulares por las violaciones de Derecho comunitario que les son imputables no puede limitarse únicamente a daños sufridos con posterioridad a que se haya dictado una sts del Tribunal de Justicia en la que se declare el incumplimiento reprochado.
La labor que desempeñan los órganos jurisdiccionales de los EEMM en este ámbito el TJCE récordó que los Jueces nacionales deben garantizar la eficacia del Derecho Comunitario y la protección de los derecohs que confiere a los particulares, garantía que expresamente se extiende a la posibilidad de obtener una reparación en aquellos casos en que sus derechos son vulnerados como consecuencia de una violación del Derecho Comunitario.



El plazo para reclamar arranca de la fecha de publicación de la sts del TJUE que declare el incumplimiento de Derecho Comunitario.

Supuestos en los que se examina la eventual responsabilidad por vulneración del derecho comunitario: STS 20 de Julio de 2010 donde se planteaba vulneración del Derecho comunitario, por la no transposición correcta a nuestro ordenamiento interno Directiva 77/388/CEE, de 17 de Mayo, así lo demuestra el art. 13.B d) 1

STS de 20 de Diciembre de 2012 nos habla de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por infracción del Derecho de la Uníón. En el fallo se decidíó “Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los arts. 56 CE y 40 Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de Mayo de 1992, al tratar de forma diferente, hasta el 31 de Diciembre de 2006, las ganancias patrimoniales obtenidas en España según que los sujetos pasivos fuesen resientes o no residentes”.

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