Dº com.

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1.- FUNDAM . CONS . D LA ATRIB . D COMPETENCIAS A LA UE:
La calidad de Eº miembro de la UE se debe adquirir y mantener en armonía con el Dº interno.Por ello,todo Eº miembro debe disponer del poder jurado, regulado en su sist. Const.
La Const. (art. 93) prevé la posibilidad de atribuir a una organizac. o institución internac . , el ejercicio de competencias derivadas de la Constituc.España dispone del poder jurídico de consentir una atribución de competencias a favor de instituc . internac. y acepta sus consecuencias jurídicas. S ignifica tbn el correlativo desposeimiento d las Instituc . internas en relación con los poderes atribuidos.Tales instituc . internas en relacion c/ los poderes atribuídos ( las titulares de la soberanía ) .
Las competencias cuyo ejercicio se prevén en la Constitución no se abandonan o pierden, sino k , llegado el caso, si la Organizac. internacional beneficiaria d la atribución del ejercicio desapareciese,automáticamente su ejercicio volvería al Eº o los propios Eº s miembros podrían disponer conjuntamente sobre su ejercicio.
El Trib . Constituc .( art 93 ) sólo puede ceder o transferir “competencias” y no ceder o extender Dº s.
Mangas Martin, dice k no sólo establece un proced . d votación para autorizar determinados Tratados;es la expresión de la aceptación de los plenos efectos de las normas comunitarias.El art. 93,permite la atribución del ejercicio de Dº s de soberanía y no se agotan en la autorización de la atribución, sino que rige continuadamente nuestra vinculación a las Comunidades Europeas.Los Tratados internac. que se autorizan con esta base jurídica pueden transferir competencias existentes o crear nuevas, como crear nuevos Dº s e instituciones no previstas en la Constitución o extender Dº s contemplados en la misma a otras personas.
* EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS A LA UE:
El art. 93 de la Const. establece un a mayoría absoluta del Congreso y la mayoría del Senado para k el Gobierno obtenga la autorización parlamentaria,la cual se instrumenta mediante una L . O. Pero el procedimiento previsto,es poco exigente a diferencia de las mayorías de 2/3 o 3/5 partes exigidas por otras Constituciones europeas para este tipo de tratados.
Tras la firma del
Tratado de Adhesión de España y Portugal en Lisboa y Madrid el 12 de junio de 1985, fue autorizado por las Cortes, mediante el procedimiento de Ley Orgánica, votada por unanimidad.
La L.O. que autorizó la adhesión,como las restantes L . O ., son 1
ley formal o procedimental. La utilización de la L.O. es procedimental o instrumental:es una ley formal, ya que la naturaleza del acto por el cual las Cámaras expresan su voluntad es una autorización pa k España preste su consentimiento en obligarse por tales tratados.
La Constituc. Española prevé,la posibilidad de la convocatoria de referendos
consultivos sobre cualquier materi a que deberá ser autorizada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.




 2.- RECEPCION DEL DERECHO COMUNITARIO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL:
2.1. La recepción del Dº Originario:
La recepción o inserción de los Tratados comunitarios sigue el procedimiento gnral previsto en el art. 96.1 Const.: “los Tratados internacionales válidamente celebrados,una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Los tratados constitutivos de las Com. Europeas, unas vez ptado. el consentimiento de conformidad con las normas constitucionales y comunitarias, han pasado a formar parte del Dº aplicable en España, aunque con autonomía propia, desde la fecha pactada en el Tratado de Adhesión de España y Portugal.
Después de la adhesión, se han celebrado nuevos Tratados de reforma, los cuales pasaron a formar parte integrante del Dº aplicable en España, la inserción o recepción depende de la fecha pactada por los Estados miembros. La eficacia directa para los particulares se completa una vez publicado en el BOE .
2.2. La recepción del Dº Derivado:
2.2.1.
La recepción del acervo comunitario:
La integración en las Com. Europeas exige, como principio fundamental de la adhesión, la aceptación del acervo comunitario o conj. de realizaciones logradas en la construcción comunitaria hasta el momento de la adhesión.
El nuevo Estado miembro debe gozar y someterse a un mismo
status de Dº s y obligaciones k el resto de los miembros de la Comunidad.T b n implica una salvaguardia del conj. de la integración a fin de que no puedan ponerse en causa las finalidades políticas y las opciones (expresas o implícitas) k el proceso de la integración ha ido construyendo como esenciales o necesarias para la existencia misma de las Com. Europeas. Las obligaciones del acervo comunitario siguen 2 procedimientos diferentes:
-Por un lado,las normas cuya recepción se produce
automáticamente por el acto mismo de la adhesión en la fecha de entrada en vigor del ingreso junto a los Tratados constitutivo s . Sus efectos juríd. son de forma distinta en el período transitorio según sean actos directamente aplicables o no,y si estuvieran sujetos a plazos transitorios. En la publicac. Oficial y especial en español en el Diario Oficial de las Comunidades. Europeas, de acuerdo al art. 397 del Acta de Adhesión, agrupa por materias todos los actos de las Instituciones que estaban en vigor a 1º enero de 1986. Una mención aparte merecen los actos no directamente aplicables (las directivas, las Recomendaciones CECA y las Decisiones), pues en el momento de la entrada en vigor de la adhesión el nuevo Eº miembro se da por notificado; pero no se le aplica el plazo dado a los Estados miembros en la Directiva. Durante las negociaciones se estableció un inventario de estos actos, se seleccionaron aquellos que precisan de plazos específicos y se anexaron el Acta de Adhesión.
-Por otro lado, ciertos contenidos del acervo comunitario no se integran automáticamente en el Derecho interno, sino que precisan de un
acuerdo suplementario de los nuevos Eº miembros pa’ ser parte de tales actos de clara naturaleza internacional:
* asi, los acuerdos entre los Eº miembros relativos al funcionamiento de las Comunidades o relacionados con su actividad; estos acuerdos han requerido un acto formal de adhesión -previa autorización parlamentaria de conformidad con el reg. gnral. del art. 94.1 Const.- y su publicación el BOE;
* los convenios previstos en el art. 293 TCE, como el Convenio de Bruselas de 27 sep. 1968 sobre competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil y su protocolo sobre interpretación a título prejudicial por el
Trib. de Justicia de las Com. Europeas.
* tampoco obligan automáticamente los acuerdos suscritos por la Comunidad con terceros países o con Organizaciones internacionales, así como los acuerdos mixtos; forman parte integrante del Dº que debe aceptar el nuevo Eº miembro pero el tercero que concluyó con la Comunidad tiene que consentir la ampliación al nuevo Eº miembro de los derechos y obligaciones convenidos en el acuerdo (principio de la relatividad de los tratados)
* el nuevo Eº miembro se compromete tbn a adaptar su situación en las Organiz. Internac. y acuerdos multilaterales relativos a materia de competencia comunitaria (adecuar los votos que correspondan a la Comunidad ampliada, cuotas otorgadas en los acuerdos sobre productos básicos, etc.)

2.2.2.
La recepción de los actos de las Instituciones:
En gnral., las Constituciones no hacen referencia a la inserción de los actos de las OI en el Dº interno a pesar de la importancia significativa que han cobrado tales actos en la 2da. mitad de este siglo. Ello se explica por el hecho de que la atribución de competencias normativas implica aceptar los procedimientos establecidos en los propios tratados comunitarios para la formación de los actos de las Instituciones.
La exigencia de publicación oficial, que contempla en el art. 96.1de la Const. para los tratados internac., y que es extensible análogamente a los actos de los Organismos internacionales, tbn quedaría exceptuada para los actos de las instituciones comunitarias por el art. 93 Const.; este precepto, como
lex specialis opera la atribución del ejercicio de competencias constitucionales, entre las que se encuentra la de publicación en el BOE y, desde la adhesión de España, esa competencia se ejerce por las Instituciones comunitarias que publican dichos actos en el Diario Oficial de la UE. Esta publica. oficial satisface así el principio de publicidad, esencial e irrenunciable en nstro sist, jurídico, enunciado en el art. 9.3 de la Const.
La recepción del Dº derivado no depende
nunca de la publicac. En el BOE. La publicación de los actos directamente aplicables, como los Reglamentos, se hace exclusivamente en el Diario Of. UE y su recepción se produce desde se fecha de entrada en vigor establecida en el texto del Reglamento mismo. El resto de los actos de las instituciones tbn se publican en el Diario Of. UE, y su integración en el orden interno depende tbn de la fecha de entrada en vigor.
Los actos de las Instituciones, adoptados con anterioridad o con posterioridad al ingreso en las CCEE (hoy, en la UE), no pueden ser publicados en el BOE, n siquiera ha sido necesario exceptuar esa exigencia mediante una norma especial o en la L.O. de Autorización. La publicac. exigida por los arts. 96.1 Const. y 1.5 C.C. vendría exceptuada, sin más, por el propio art. 93 de la Const., por q una de las competencias que han resultado atribuidas ha sido la de publicación de los actos de las Instituciones comunitarias. Por tanto, la publicac. en el Diario Of. UE es suficiente y satisface la exigencia de publicidad normativa del art. 9.3 Const., debiendo ser considerada la publicación el BOE como un acto contrario al Dº Comunitario.
* JERARQUIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL:
Esta es una cuestión especialm’ delicada, pues la Constit. es la expresión de la voluntad soberana del pueblo español manifestada por el poder constituyente y un eventual conflicto no debiera resolverse necesariamente en términos de jerarquía, sino buscando soluciones fundadas en el principio de coherencia que debe regir la actividad interior y exterior del Eº.
Los Tratados internacionales, sólo gozan en España de jerarquía supralegal (art. 96.1 Const.). El particular caso de los Tratados comunitarios debe ser examinado no sólo a la luz del precepto gnral., sino del precepto específico (art. 93).
Los Tratados comunitarios no pueden violar los principios básicos de los sist. Constituc, pero en los ámbitos atribuidos a las Com. Europeas, los Tratados prevalecen sobre toda norma interna. La Constituc. sigue rigiendo en los ámbitos que permanecen bajo el ejercicio de la soberanía nacional, pero en las materias atribuidas a la Unión, rigen los Tratados (y el Dº derivado);
No se puede hablar de infraconstitucionalidad ni supraconstitucionalidad de las normas comunitarias ni tampoco de posibilidad de conflicto con la Constituc. Es la propia Constituc. (art. 93) la que permite al Dº comunitario originario y derivado desplegar con plenitud sus principios y el conj de sus efectos, produciéndose la sustitución de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias internas x las disposiciones de los Tratados y actos comunitarios.

3.- CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DERECHO COMUNITARIO
El Dº Comunitario, como ordenamiento autónomo, no se somete a los principios, modos de producción normativa y límites establecidos en las constituciones de los Eº miembros.
Ello no significa, como se ha visto, ausencia de influencias recíprocas. Ya hemos visto, por ejemplo, que el Tribunal de justicia ha derivado los principios gnrales. del Dº comunitario, entre los q se cuenta la garantía de los Dº fundamentales, de las tradiciones constitucionales comunes a los Eº miembros; y acabamos de comprobar que el Dº comunitario influye, por ejem., en la interpretación de las normas constitucionales de distribución de competencias.
Tampoco se excluye la posibilidad de conflictos, en particular entre el Tribunal de Justicia que defiende la primacía del Dº comunitario, y los Tribunales con competencia de garantía constitucional en los diferentes Eº miembros. La experiencia señala que los tribunales se sitúan entonces en una situación de tensión creadora: es cierto que no parece corresponder a los órganos jurisdiccionales la tarea de suplantar la necesaria decisión política que requiere la construcción del orden europeo, pero lo cierto es que sus resoluciones han sido determinantes a la hora de configurarlo.
La const. Esp. prevé la posibilidad de un control previo de constitucionalidad de los Tratados sobre los que se proyecte prestar el consentimiento del Eº ( art. 95.2). Con tal base, y a fin de eliminar
ex ante una contradicción detectada por el Tribunal Constitucional, ha tenido lugar la primera (y hasta ahora única) reforma de la Constitución, que modifica al art. 13.2 CE para que, conforme al Tratado de Maastricht, los extranjeros puedan ser titulares del Dº de sufragio pasivo en las elecciones locales. De este modo, la posibilidad de control del Tribunal Constitucional sobre el Dº originario se articula con anterioridad a su entrada en vigor.
Por lo que se refiere al Dº derivado, el Tribunal Constitucional se ha referido a su
infraconstitucionalidad ; pero ello no significa que lo coloque bajo el control de constitucionalidad. Se asume mas bien que el canon de validez del Dº comunitario derivado está únicamente en el propio Dº comunitario, y q el Tribunal de justicia resulta el único juez competente para verificarlo. El art. 93 CE, impide al Trib. Constituc. controlar la constitucionalidad del Dº comunitario derivado.
Desde el pto. de vista formal, el Tribunal constitucional afronta el problema diferenciando entre la primacía del Dº comunitario y la supremacía de la Constitución: “Toda supremacía implica, en principio, primacía, salvo que la misma norma suprema haya previsto, en algún ámbito, su propio desplazamiento o inaplicación.

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