Un convenio que implique obligaciones financieras para la hacienda publica requiere

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ESTADO DE DERECHO = REACCIÓN DE LA BurguésÍA CONTRA EL ABSOLUTISMO MONÁRQUICO

Todo Estado es un Estado con derecho, pero Estado de Derecho es sólo aquél que cumple una serie de requisitos.

FINALIDADES DEL ESTADO DE DERECHO

1º. –Luchar contra las inmunidades de poder político.

Limitación jurídica = sometimiento al Derecho y al Control Judicial.

2º.- Legitimación democrática del poder.

NOTAS DEFINITORIAS DEL ESTADO DE DERECHO:


1.- Así, el Imperio de la ley tiene que tener en cuenta la aparición de los partidos políticos y su influencia decisiva en el juego parlamentario. A través de ellos se articulan las mayorías gubernamentales y la ley pasará a ser la plasmación normativa de las políticas gubernamentales. Se produce así en muchos casos una determinación del contenido de la ley por parte del poder ejecutivo. Eso hace que el parlamento vaya transformando su papel y se convierta sobre todo en una tribuna pública donde se desarrolla la dialéctica entre mayoría y minoría.

2.- En lo que se refiere a la separación de poderes, ante la evidencia de que los partidos políticos como grandes actores de la acción política tienden en la práctica a hacer inoperante la separación entre legislativo y ejecutivo, se procurará, en línea con lo anteriormente expuesto, posibilitar un control del gobierno desde la cámara que se encuentre al alcance de la minoría parlamentaria: preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación, etc.

3.- Por lo que al requisito de la legalidad de la Administración se refiere ocurre que el cambio en los contextos ha acabado perfilando una administración omnipotente que suele meterse en todos los entresijos de la vida social. Por esta razón sigue siendo un tema clave el del control judicial de los actos de la administración, control que a veces se ve frustrado por la proliferación de actuaciones administrativas y la existencia de pocos tribunales controladores, lo que eterniza el proceso de revisión de los actos administrativos.

4.- En cuanto al respeto de los derechos fundamentales resulta evidente que en el Estado Social de Derecho los llamados derechos políticos han sido extendidos a todos los ciudadanos y los derechos civiles, que eran ya en el Estado de Derecho de teórico disfrute universal, se contemplan ahora desde otro prisma en el sentido de que su ejercicio efectivo por parte de todos requiere alcanzar determinadas cotas de igualdad real, lo que obliga a potenciar los derechos económicos y sociales.

que reconducen la pluralidad de normas jurídicas a una unidad.

3. CLASES DE TRATADOS

De la regulación constitucional se deriva la existencia de diversas clases de Tratados según procedimiento de conclusión, que depende a su vez de la materia sobre la que versa el Tratado:
3.1. TRATADOS CLÁSICOS O TRADICIONALES (Art. 94 CE).
Tienen la función de recepción o incorporación al ordenamiento interno de Derecho no exclusivamente estatal, esto es, de una norma que ha sido pactada por el Estado español con otro u otros Estados soberanos o con alguna organización internacional. Esta función de recepción es inexcusable hoy, porque el Derecho Internacional descansa en la premisa de la soberanía de los Estados que forman parte del orden internacional.
3.1.1.
Tratados de carácter ordinario (Art. 94.2 CE)
Son aquellos que por versar sobre materias no específicamente señaladas por la Constitución como de especial importancia pueden ser concluidos por el Gobierno sin más trámite que la inmediata información al Congreso y al Senado de su conclusión.

3.1.2.

Tratados de especial importancia

(Art. 94.1 CE)
Son los tratados de carácter político (expresión no muy precisa), los tratados o convenios de carácter militar, los que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales reconocidos en el Título I, los tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Estos cinco supuestos, sobre todo el primero, hacen que la mayor parte de los posibles Tratados se engloben dentro de este apartado
En estos casos se requiere para su celebración la previa autorización de las Cortes Generales.

Según el Art. 74.2 CE el procedimiento se inicia en el Congreso. Si no hay acuerdo entre Congreso y Senado, se crea una Comisión Mixta paritaria, compuesta de igual número de diputados y senadores, que elabora un nuevo texto que habrá de ser aprobado por mayoría en el Congreso y en el Senado. De no obtenerse esta vez el acuerdo, decide el Congreso por mayoría absoluta.
3.2. TRATADOS EXCEPCIONALES O DE Integración SUPRANACIONAL (Art. 93 CE).
Son aquellos tratados por los que se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (Art. 93 CE). Estos tratados tienen, por tanto, una función de habilitación consistente en transferir a una instancia supranacional la competencia para producir Derecho, lo que implica cesión de soberanía. La autorización para su celebración ha de hacerse mediante ley orgánica, es decir, por aprobación por mayoría absoluta en el Congreso y mayoría simple en el Senado.
El artículo 93 CE ha dado cobertura a España para integrarse en organizaciones supranacionales. En concreto, ha facilitado jurídicamente el progresivo proceso de integración europea. De hecho este artículo se aprobó en 1978 pensando en la integración de España en lo que entonces eran las Comunidades Europeas.
Mediante estos tratados se relativiza el concepto de soberanía estatal. Cuando se habla de integración supranacional se hace referencia a una situación que va más allá de la mera cooperación. No sólo el Estado contrae obligaciones vinculantes (caso de los Tratados Internacionales en sentido clásico) o, más allá, se somete al control de organismos supranacionales respecto del cumplimiento de sus obligaciones (caso de la Convencíón Europea de Derechos Humanos) sino que procede a ceder o transferir poderes a organizaciones que se convierten en titulares de competencias que antes pertenecían al Estado. El poder de éste, por tanto, se vacía paulatinamente. El ejemplo de la Uníón Europea y su progresiva construcción es paradigma de este proceso.

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