Control de legalidad y principio de revisión de actos administrativos

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4)Principio de legalidad las manifestaciones del E de Dº alcanzan de modo especial a la adm, a través de las exigencias del sometimiento de la misma legalidad, su residenciabilidad y responsabilidad patrimonial ante los ciudadanos. La recpción por el constituyente del P.L. muestra la exigencia Cnal de sujeción del gobierno, como el resto de poderes públicos al ordenamiento art 9.1; y la garantía explicita del principio de legalidad art 9.3.

Preceptos:

Principio reiterado art 97 el gobierno ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la C y las leyes. Art 103 la adm Publica sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Dº.  Art 40 ley de Procedimiento administrativo: el contenido de los actos de la adm se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico; como art 83 ley de reg. Jurídico de la adm del E. “ se estimará el recurso contencioso administrativo cuando el acto o la disposición incurriera en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Principio de legalidad versión negativa:
con arreglo a la ley es un limite o frontera que la adm no puede traspasar pero dentro de la que goza de completa libertad. Ha de entenderse de modo que a la adm le está permitido lo no prohibido.
Versión positiva la ley constituye la base habilitante de la actuación adm que no puede válidamente producirse sin aquella. Entender el principio de sumisión a la ley, la adm ha de actuar de conformidad, prohibíéndose lo no permitido expresamente por la ley. 2 Concepciones: La monarquía Cnal reposa en un dualismo político o soberanía compartida en la Adm, tiene su propia legitimidad prec.Nal . El reg. Parlamentario de la adm. Es un poder vicario, ejecutorio. La soberanía pertenece al pueblo , no hay poder superior a la ley. Existe reserva total legal, sentido que la ley lo puede todo; En el ordenamiento español el principio de legalidad tiene 2manifestaciones:


Sujeción de la adm a la ley. La doctrina ha propuesto 3 versiones del sometimiento del gobierno a la ley.La idea de la reserva total de García de Enterría.
La Adm necesita actuar válidamente de habilitación legal. Rige el principio de legalidad en su versión positiva. El respeto de la Adm a la ley ha de entenderse no como no contradicción sino como conformidad o habilitación previa.

Ignacio de Otto:

reserva específica. La adm puede actuar libremente a no ser que exista reserva cnal a favor del legilador y siempre que se respete la jerarquía normativa, es decir, sin contradecir a la ley y a expensas de lo que una ley posterior pueda establecer. Argumentos son: Privar al gobierno de instrumentos adecuados normativos para hacer frente a eventuales necesidades de la comunidad; Ignorar la fuente cnal directa de la potestad reglamentaria, conferida por la C como un poder diferente del de la mera ejecución de la ley; Ignorar la practica que conoce multitud de reglamentos sin base legal habilitante previa.

Santa María Pastor:

La adm necesita cobertura legal en su actuación ablatoria( es limitadora o supresora de las situaciones jurídicas subjetivas favorables). La ley habilitante ha de establecer la competencia, el procedimiento y los criterios sustantivos que justifiquen la actuación ablatoria de la Adm; y permitan la previsión y el control de dicha actuación

. 2º

Sujeción de la Adm al reglamento. El art 30 ley reg jurídico de la adm del E establece que las disposiciones singulares no pueden vulnerar una disposición general, aunque tengan un valor igual o superior. La adm puede derogar el reglamento eliminándolo así del ordenamiento, pero mientras está en vigor se encuentra ligada a él, de modo que no puede excepcionar la regla de su vigencia. Quien lo hiciera tuviese una posición jerárquica superior al órgano que dicto la norma general reglamentaria que continúa en vigor hasta que no se derogue. Se conoce como principio de inderogabilidad singular de los reglamentos.

Principio próximo al de legalidad es de residenciabilidad judicial:


Consiste en la controlabilidad por los jueces de la actividad adm. Es la disposición de recursos jurisdiccionales por parte de los ciudadanos para exigir la sujeción de la adm a la ley. Se trata de un control total que abarca a la actuación normativa general, esto es al ejercicio por la adm de su potestad reglamentaria- control de reglamentos, como a la actuación singular adm- control de actos. El art cnal donde establece el control universal de actuación de la adm se consagra en la ley de la Jurisdicción Contencioso adm de 27 Diciembre de 1956. Este control universal implica

: A)

inexistencia de actos políticos de la Adm contemplados en el art 2 ley de la jurisdicción. García Enterria de acuerdo con el propio tenor del art 103 y 24 consagra el derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales sin que pueda producirse indefensión

. B)

Imposibilidad de que una ley pueda excluir del control jurisdiccional ningún ausnto; art 40 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa precepto que se ha derogado por la C. La sentencia del T. C. 81/1983 ha declarado incnal la inexistencia de recurso contra la sentencia del T. De defensa de la competencia.
C) Control de los Ts. Sobre la actuación adm alcanza la verificación del sometimiento de la adm a los fines que la justifican. Lo que implica el control de la adecuación de los agentes administrativos a los fines para los que recibieron poderes concretos. Supone: reducir la discrecionalidad adm a sus justos términos; la recepción, ya realizada en la C republicana 1931, de la doctrina del consejo de E francés de la desviación de poder.
D) En los procesos contencioso-adm han de regir las garantías del art 24.Así: el Dº del recurrente a una decisión sobre el fondo de lo pedido. STC; Dº a un proceso regular; prohibíéndose la indefensión STC; con efectiva contradicción procesal
STC; proceso sin dilaciones indebidas STC.

La residenciabilidad judicial de la adm no acaba con la posición privilegiada de la adm frente a los recurrentes particulares. Titulo cnal discutible, supone:
A)

Poder de autotutela declarativa o potestad de la adm para emitir declaraciones o decisiones que crean o modifican situaciones jurídicas subjetivas sin concurso judicial y con independencia de la actitud del sujeto destinatario de las mismas. Ley 30/1992 art 57.1 los actos de las adm publicas sujetos al Dº adm se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Art 95 las adm publicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento a la ejecución de los actos adm, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley o cuando la C o la ley fijan la intervención de los tribunales. Art 111.2 a) la ejecución ocasionará perjuicios de imposible o difícil reparación; b) que la impugnación se funde en alguna de las causas de nulidad de pleno Dº del art 62.


B)privilegios jurisdiccionales
:

Dos tipos

1º exenciones frente a la actividad judicial. Prohibición de interdictos posesorios frente a la adm. Ej: impedir unas obras nuevas , atribución por la ley de la jurisdicción su art 103, la propia adm de la ejecución de una sentencia judicial en el caso de que la adm resulte condenada. 2 privilegios procesales:
carácter revisor del proceso contencioso adm, modo que no es posible una actividad meramente declarativa de los tribunales respecto de la adm; necesaria formalización de recursos ante la propia adm con carácter previo al planteamiento del proceso contencioso, salvo que no haya autoridad jerárquicamente superior; la interposición de recursos no suspende, la eficacia de los actos administrativos impugnados; la interposición de recursos no es posible sin que el demandante haya cumplido con la obligación que la adm le impuso; la aplicación generaliza de la regla de la preclusión procesal a la mayoría de los trámites de la impugnación: si se deja pasar los plazos se pierde el tramite ,se extingue el Dº o interés que se trata de defender.

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