Comentario de texto decreto de desamortización de Mendizábal

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Desamortización de Mendizábal

Clasificación y análisis

Es un texto económico, de tipo minuta, es decir, un escrito razonado de la ley que se pretende aprobar. Su autor es Juan Álvarez Mendizábal, presidente progresista que fue elegido por la Regente Mº Cristina  de Borbón. Fue publicado en La Gaceta de Madrid el 21 de Febrero de 1836 y su destinatario es la Mº  Cristina de Borbón.

Mendizábal pretende vender la masa de bienes del Estado, dar garantía positiva a la deuda nacional mediante una desamortización, vivificar la riqueza muerta, crear nuevos y fuertes vínculos que se identifican con el trono de Isabel, minorar la fuerte suma de la deuda pública y fundar una copiosa familia de propietarios, partidarios de Isabel II.

El problema histórico es la aprobación y realización de la primera gran desamortización eclesiástica, lo cual significaba el comienzo del desmantelamiento del Antiguo Régimen ante el empuje de las fuerzas liberales progresistas, y también el desmantelamiento del poder de la Iglesia que apoyaba a los carlistas. Es la instauración de una nueva sociedad basada en la libre propiedad y el fin de otra que se basaba en privilegios, como el de la amortización y vinculación de las tierras.

Términos

Deuda nacional:


Suma del déficit acumulado año tras año. Cuando en el presupuesto de un año los gastos superan a los ingresos se dice que hay déficit, y la diferencia, si así lo aprueban las Cortes, se cubre con préstamos que el Estado pide a los intermediarios financieros o a particulares emitiendo o vendiendo “papel deuda” a cambio de dinero. Estos empréstitos obtenidos por el Estado para hacer frente a los gastos se llaman “deuda pública”. El Estado se endeuda, por medio del crédito, con los habitantes del país (deuda interna) o con otros Estados (deuda exterior).

Riqueza muerta:


Se refiere a las propiedades de la nobleza o el clero, también de los ayuntamientos, y que no se pueden vender, sirviendo para su sostenimiento. El calificativo de “muerta” es porque están fuera del mercado y por tanto no contribuyen al enriquecimiento de la nacíón.

Isabel II:


Hija mayor de Fernando VII, tenía tres años cuando su padre murió, el cual tuvo que derogar la Ley Sálica borbónica para que pudiese reinar, provocando las guerras carlistas. Su reinado efectivo fue entre 1843-1868, pues tuvo que exiliarse. Intervino constantemente en la vida política, apoyando siempre a los grupos políticos más conservadores. Su imagen personal e institucional sufríó un constante deterioro hasta su derrocamiento.

Contexto histórico

Fernando VII quiso garantizar la descendencia en su hija, eliminando la ley sálica y restableciendo la línea sucesoria de las Partidas, favorable a la sucesión femenina. Los carlistas protestaron y frente a ellos se formó un sector de absolutistas moderados que se apoyó en la reina, única posibilidad de cambio. El 29 de Septiembre de 1833 moría Fernando VII, y se iniciaba la regencia de María
Cristina de Borbón, que reina durante 1833 y 1840 (durante la minoría de edad de su hija Isabel). Ella no era liberal, pero ante la mala situación llamó a Martínez de la Rosa, liberal, que consigue ayuda extranjera mediante la Cuádruple Alianza y hace tímidas medidas reformistas. Pero su carácter conservador se manifestó cuando promulgó el Estatuto Real.

Poco a poco se manifestaron las dos alas del liberalismo, la moderada y la progresista. La falta de fondos, los errores tácticos en la guerra y las incursiones carlistas provocaron agitación en las calles y la opinión pública se fue apartando de Martínez de la Rosa, al tiempo que crecía el apoyo a los progresistas. Finalmente, en el verano de 1835 estalló una insurrección que obligó a la regente a entregar el gobierno a los progresistas.

El nuevo jefe de gobierno, Mendizábal, aprobó medidas encaminadas a desmantelar el sistema legal de Antiguo Régimen, dando libertad de imprenta, supresión de conventos y el decreto de desamortización de los bienes del clero regular. Está política le enfrentó a los moderados y a la regente, que forzó la dimisión de Mendizábal, cuyo intento desencadenó una insurrección progresista, que culminó con la sublevación de la Guardia Real, en el Palacio de la Granja, obligando a María Cristina a entregar el gobierno a los progresistas y a restablecer la Constitución de 1812.

El nuevo gobierno, encabezado por José María de Calatrava, continuó la labor de demolición del absolutismo. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1837, un intento de contentar por igual a progresistas y moderados. Proclamaba la soberanía nacional y los derechos individuales pero manténía un poder ejecutivo fuerte y unas Cortes bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio censitario y un Senado de designación real.

Durante tres años, María Cristina eligió jefes de gobierno moderados, pero en 1840 las medidas reaccionarias del gobierno provocaron una nueva insurrección, que acabó forzando la dimisión de María Cristina, que optó por exiliarse, sustituida ahora por el general Espartero.

Comentario del contenido

La revolución liberal trajo consigo una serie de cambios legales que transformaron el campo hacia una agricultura capitalista. El primero fue la supresión definitiva de la vinculación de las tierras, tanto civiles como eclesiásticas. El segundo fue la abolición del régimen jurisdiccional. El tercero fue un decreto de libertad de cercamiento de tierras, de comercialización de las cosechas y de fijación de precios, implantando así el libre mercado en el sector agrario. El cuarto fue la supresión del diezmo, aunque la Iglesia recibiría a cambio la ayuda del Estado a través del presupuesto público.

Pero la medida más llamativa fue la desamortización de las tierras de la Iglesia y de los concejos, provocada por la enorme deuda acumulada. El primer decreto fue el de Godoy en 1798 y afectó solo a los bienes de algunas instituciones benéficas de la Iglesia. Después hubo varios intentos, durante la Guerra de la Independencia y en el Trienio Constitucional, que quedaron frustrados al restablecerse el absolutismo.

A partir de 1833 la desamortización se hizo ineludible. La guerra carlista obligó a buscar recursos, la deuda iba subiendo cada vez más y se difundíó un clima anticlerical, por el apoyo de los frailes al carlismo.

En Febrero de 1836 se publicó la desamortización de los bienes del clero regular, la llamada desamortización eclesiástica de Mendizábal. Aunque al principio solo afectaba a los conventos, durante la regencia de Espartero, se incorporaron las tierras del clero secular. El proceso duraría hasta 1845, cuando las ventas fueron detenidas por el Gobierno moderado de Narváez. Se había desamortizado el 62% de las tierras de la Iglesia.

Pero Mendizábal no solo quería amortizar la deuda, también buscaba convertir las tierras en propiedad privada y transferirlas a compradores enriquecidos que, al tiempo, se verían comprometidos a apoyar al bando cristino. Por eso establecíó un método de compra que permitía pagar con títulos de deuda, que estaban despreciados en el mercado. Como se admitían por su valor nominal, las compras resultaron un negocio redondo para los especuladores, además, solo se pagaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado. El tamaño de los lotes y la corrupción en las subastas impedían a los campesinos adquirir propiedades. El resultado fue que se amortizó solo una parte de la deuda prevista y que una enorme masa de bienes raíces pasó a manos de las clases dirigentes.

La desamortización de Mendizábal fue un proceso perjudicial para los intereses del Estado. Podría haberse llevado adelante con más rendimientos para el Estado, o aprovechando para repartir la tierra entre el campesinado, iniciando así un proceso de reforma agraria. Algunos diputados sugirieron que el Estado arrendara las tierras a los campesinos y dedicara la renta a pagar la Deuda, lo que garantizaría los pagos, satisfaría a las peticiones campesinas y serviría para crear una masa adicta a Isabel II. Pero Mendizábal solo buscada beneficiar a quienes, como él mismo, pertenecían a la élite financiera y comercial.

Las consecuencias de la desamortización fueron: el desmantelamiento de la propiedad de la Iglesia y de sus fuentes de riquezas; aunque no resolvíó el problema de la deuda, contribuyó a atenuarlo; contra lo que se pretendía, no contribuyó a aumentar la producción agraria, pues los nuevos propietarios se limitaron a seguir cobrando las rentas sin introducir mejoras; y por último, se reforzó la estructura de la propiedad agraria, pues las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a manos de los terratenientes locales y la alta burguésía.

Durante el Bienio Progresista, se aprobó la llamada desamortización de Madoz. Por ella se ponían en venta todas las tierras restantes de la Iglesia y las de propios y baldíos, es decir, las de los ayuntamientos. Esta vez el proceso fue más rápido y se amortizó mucha más deuda, puesto que solo se admitieron pagos en metálico. Pero una vez más, las tierras fueron a parar a manos de los inversores y antiguos terratenientes. Además, la desaparición de las tierras concejiles perjudicó a los campesinos.

En conjunto, el proceso desamortizador contribuyó claramente al cambio hacia una sociedad burguesa. Significó el traspaso de una enorme masa de tierras a los nuevos propietarios y la fusión de la antigua aristocracia feudal con la burguésía urbana para crear la nueva élite terrateniente, bloque oligárquico dominante en el Siglo XIX. De ahí la frustración del campesinado y las capas bajas urbanas.

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