Bienes comunales

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La segunda ley de reforma agraria, del ministro de Hacienda Pascual Madoz, progresista, se llamó “Ley de Desamortización General” o civil. La desamortización de 1855 afectó a los bienes del clero secular (el Estado se hacía cargo del mantenimiento del culto) y sobre todo de los municipios (bienes de propios, aunque se venden casi todos los bienes: comunales, propios, báldios). Socialmente esta desamortización tiene consecuencias mas graves que la de Mendizábal (arrendadores de propios y usufructuadores de los comunales). Contribuirá decisivamente a desplazar brazos del campo hacia la industria. Ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los pueblos (bienes de propios y bienes comunes). Hubo dos diferencias claras respecto de la desamortización de Mendizábal: el dinero recaudado se dedicó a la extensión de la red ferroviaria, y no fue el Estado quien se quedó con los fondos, sino los ayuntamientos. La beneficiaria fue, de nuevo, la burguésía con dinero, si bien la participación de pequeños propietarios de los pueblos fue superior a la de la reforma de Mendizábal. El pequeño campesinado, en cambio, perdíó el disfrute de los antiguos bienes comunes, y con ello sus condiciones de vida empeoraron. A finales del siglo la agricultura cerealística seguía predominando, aunque fueron ganando importancia los cultivos de vid, el olivar y los cítricos. Otras medidas: reformas financieras y Ley General de Ferrocarriles La política económica progresista tuvo como eje principal la desamortización, que hemos analizado, y una serie de leyes para atraer capitales extranjeros, relanzar la actividad crediticia de los bancos y fomentar el ferrocarril, símbolo de la industrialización y el progreso: Ley de Ferrocarriles de 1855, Ley Bancaria de 1856 y creación del Banco de España en ese mismo año. El primer trazado ferroviario español en la península (en la isla de Cuba fue anterior) fue la línea Barcelona-Mataró, de 1848. 

La segunda ley de reforma agraria, del ministro de Hacienda Pascual Madoz, progresista, se llamó “Ley de Desamortización General” o civil. La desamortización de 1855 afectó a los bienes del clero secular (el Estado se hacía cargo del mantenimiento del culto) y sobre todo de los municipios (bienes de propios, aunque se venden casi todos los bienes: comunales, propios, báldios). Socialmente esta desamortización tiene consecuencias mas graves que la de Mendizábal (arrendadores de propios y usufructuadores de los comunales). Contribuirá decisivamente a desplazar brazos del campo hacia la industria. Ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los pueblos (bienes de propios y bienes comunes). Hubo dos diferencias claras respecto de la desamortización de Mendizábal: el dinero recaudado se dedicó a la extensión de la red ferroviaria, y no fue el Estado quien se quedó con los fondos, sino los ayuntamientos. La beneficiaria fue, de nuevo, la burguésía con dinero, si bien la participación de pequeños propietarios de los pueblos fue superior a la de la reforma de Mendizábal. El pequeño campesinado, en cambio, perdíó el disfrute de los antiguos bienes comunes, y con ello sus condiciones de vida empeoraron. A finales del siglo la agricultura cerealística seguía predominando, aunque fueron ganando importancia los cultivos de vid, el olivar y los cítricos. Otras medidas: reformas financieras y Ley General de Ferrocarriles La política económica progresista tuvo como eje principal la desamortización, que hemos analizado, y una serie de leyes para atraer capitales extranjeros, relanzar la actividad crediticia de los bancos y fomentar el ferrocarril, símbolo de la industrialización y el progreso: Ley de Ferrocarriles de 1855, Ley Bancaria de 1856 y creación del Banco de España en ese mismo año. El primer trazado ferroviario español en la península (en la isla de Cuba fue anterior) fue la línea Barcelona-Mataró, de 1848. 



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