Apuntes derecho constitucional II funciones del gobierno

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Rey Función arbitradora y moderadora


El rey“arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, comporta neutralidad política ni el Rey puede nombrar y destituir libremente a los Ministros, porque debe hacerlo a propuesta de un Presidente del Gobierno, previamente investido de la confianza del Congreso ni puede negar la sanción a las leyes con un poder de veto absoluto, sino que la sanción es un acto debido ni puede decidir la guerra y la paz, ni puede hacer los tratados, porque exige  autorización parlamentaria Función moderadora.- la magistratura de influencia que al Monarca corresponde ejercer en relación con el Gobierno, y que se concreta en los derechos del Rey a ser consultado, a animar y a advertir.De "presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno".
Ahora bien, ese derecho del Rey a ser informado por el Gobierno se concreta también en otros procedimientos, como el despacho que regularmente mantiene con el Presidente , o clos Ministros (en particular, con los de Exteriores y Defensa). Los otros derechos carácterísticos de esta magistratura de influencia (el de estimular y advertir) convierten al Rey en consejero del Gobierno.B) La función arbitral del Rey.- el arbitraje en la CE se caracteriza por la neutralidad política del arbitro y por la menor extensión de sus poderes,se trata de un arbitraje al servicio, no de una política del Jefe del Estado, que por definición está excluida, sino del buen funcionamiento de una forma de gobierno parlamentaria, que únicamente precisa la intervención arbitral de un poder neutral, cuando no sea capaz de autorregularse, es decir, cuando falta una mayoría política o en los supuestos en que el funcionamiento de las instituciones está alterado o amenazado por causas extraordinarias.

La principal facultad de significado arbitral que la CE confía al Rey es la de proponer candidato a Presidente del Gobierno (art.
62.D). Mejor dicho, esta facultad tendrá ese significado arbitral, cuando falte un partido o una coalición mayoritarios en el Congreso de los Diputados. Entonces, pero sólo entonces, esa facultad implicará que el Rey tiene que escoger la solución más apropiada para formar el Gobierno, ejerciendo una responsabilidad que es carácterística de los Jefes de Estado en los regíMenes parlamentarios. Pero este arbitraje del Monarca no está previsto para hacer prevalecer la preferencia política del Rey, sino la del Congreso de los Diputados, más concretamente, la preferencia de la mayoría simple de los Diputados.

Por lo que se refiere al poder de disolución de las Cortes Generales, hay que distinguir el supuesto de disolución automática, la  disolución funcional, a que hace referencia el art. 99.5 de la CE, y la disolución gubernamental del art. 115. 1 CE. La segunda se encuadra en la función arbitral o al menos es consecuencia de ella, por su estrecha vinculación con el poder de proponer candidato a Presidente del Gobierno, ya que si el Congreso no acepta ninguno de los candidatos propuestos, el Rey debe decretar la disolución, una vez pasados dos meses desde la primera votación de investidura. En cambio, literalmente, no parece que el art. 115 de la CE sea instrumental para el arbitraje del Jefe del Estado, básicamente porque la disolución tiene que ser propuesta por el Presidente del Gobierno, y porque la redacción de este artículo da la impresión de pretender limitar (o suprimir) la discrecionalidad del Rey y considerarle vinculado por dicha propuesta al decir, mediante un tiempo futuro que puede indicar imperatividad, "que (la disolución) será decretada por el Rey". Pese a ello, un sector doctrinal considera que la función arbitral del Rey fundamenta su derecho a rechazar la disolución. Esta pugna de interpretaciones no puede solventarse mediante la sola invocación del criterio literal, por lo que se impone la necesidad de considerar el problema, a la vista de otros preceptos de la CE, y en su contexto político.  La disolución del art. 115 de la CE está concebida prioritariamente al servicio de los intereses del Gobierno y que por consiguiente, normalmente, estos deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. Así lo enseña además el modelo británico, que ha inspirado este precepto, porque aunque la disolución sea jurídicamente en el Reino Unido una prerrogativa regia y no un acto debido, en la practica, ninguna disolución pedida por un Primer de un Gobierno mayoritario o minoritario, ha sido denegada desde la gran reforma electoral de 1832. La experiencia española de 1978 se ha ajustado también a este criterio.

Sin embargo, el art. 115.2 de la CE dispone que "la propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura". Limitación que está dirigida a garantizar el derecho de la oposición a cambiar el Gobierno, mediante una votación parlamentaria. A la vista de esa finalidad, parece insuficiente una interpretación literal de este precepto, que sólo entienda vedada la disolución desde el momento en que haya sido presentada la moción de censura en el Registro del Congreso de los Diputados.

Parece en efecto dudoso que fuera legítima desde el punto de vista constitucional, una disolución preventiva o de combate, decretada el día anterior, o bien pocas horas antes de que se presente una moción de censura, previamente anunciada.

En todo caso, parece razonable admitir que la propuesta del Presidente, en un supuesto límite como el contemplado, no podría tener el mismo carácter vinculante, ni suprimir todo margen de decisión del Jefe del Estado para arbitrar entre los intereses del Gobierno y los de la oposición, ponderando las circunstancias del caso.

Por último, se ha señalado que la función arbitral del art. 56.L de la CE, también puede ejercerse mediante mensajes públicos del Rey, que si bien no están expresamente contemplados en la Constitución, sin duda lo están implícitamente, porque el Jefe del Estado debe expresarse con ocasión del ejercicio de sus funciones, y hay que interpretar que es titular de un "poder de exteriorización" (según lo denomina la doctrina italiana), que es inherente a todos los sujetos públicos. No obstante, hay que reconocer que si las instituciones funcionan regularmente, no será precisa la intervención arbitral del Rey y que, consiguientemente, será excepcional que sus discursos o mensajes tengan ese significado.

4) La más alta representación del estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica.

Se trata de dos competencias que tienen distinta naturaleza: jurídica la primera; política y simbólica la segunda. Que el Rey sea el principal representante internacional del Estado, corresponde con un criterio general del Derecho Internacional, que se concreta en la Constitución mediante los siguientes poderes del Monarca: el de legación activa y pasiva (art. 63.1 CE), el de manifestar el consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados (art. 63.2 CE) y el de declarar la guerra v hacer la paz (art. 63.3 CE). Estos poderes no están al servicio de una política exterior del Rey, sino de la política exterior del Estado, que el Gobierno debe dirigir, conforme al art. 97 de la CE, y el Parlamento autorizar, en el caso de los principales tratados y de la declaración de guerra (art. 63 y 94 CE).

Por otro lado, la especial referencia a la función internacional del Rey con las naciones de la comunidad histórica de España, no significa que la Constitución proporcione al Rey un apoderamiento jurídico adicional, o un "dominio reservado" en ese campo.
Lo que implica es el reconocimiento de la función simbólica de la Corona, como vínculo histórico con los pueblos que formaron parte de la Monarquía española y con los cuales la Constitución manifiesta una especial vocación de cooperar (por ejemplo, el art. 11. 3 CE), lo que actualmente tiene su mayor expresión institucional en las "cumbres" periódicas de Jefes de Estado de la Comunidad Iberoamericana.

5) El Rey como garante de la Constitución

 La función del Rey como garante de la Constitución se refleja en la fórmula del juramento que debe prestar al ser proclamado ante las Cortes Generales, de "guardar y hacer guardar la Constitución" (art. 6 1.1 CE). Esta función tiene dos significados complementarios. Por un lado, es una consecuencia de la vinculación de los poderes públicos a la Constitución, que proclama el art. 9.1 CE y de la cual el Jefe del Estado no está exceptuado. La exención de responsabilidad que le reconoce el artículo 56 tiene desde luego otro alcance, que consiste en limitar las consecuencias de los comportamientos antijurídicos del primer magistrado, pero no supone considerarlo legibus solutus, a salvo de la ley. Además, el principio de sujeción de los poderes públicos a la Constitución tiene en este caso una relevancia garantista especial, porque al Rey le compete realizar los principales actos del Estado, culminando, en cada caso, el procedimiento constitucional correspondiente (el legislativo, el de convocatoria del referéndum, el de celebración de tratados, etc). Por consiguiente, al Rey,  como órgano final del procedimiento constitucional, le corresponde garantizar la regularidad formal de los mismos e impedir los actos que lo vulneren, al menos en sus aspectos esenciales: así, por ejemplo, una ley que no hubiera sido sometida a votación en una de las dos Cámaras, la convocatoria de un referéndum sin la autorización del Congreso, o la proclamación de un Estado de excepción sin ese mismo requisito.

Esto no supone considerar al Rey como tutor de la regularidad formal de los actos o de las normas en todos sus detalles, ni mucho menos como órgano encargado del control preventivo de la legalidad o de la constitucionalidad de su contenido, que son tareas de la jurisdicción (ordinaria o constitucional) competente. Pero la función de garantía de la Constitución por el Jefe del Estado, así delimitada, no deja de ser capital, porque permite impedir que los atentados más graves contra la Constitución puedan beneficiarse ni siquiera de apariencia jurídica.
El Rey viene configurado como garante de la Constitución por su posición en relación con las Fuerzas Armadas, que tienen encomendadas en el art. 8 de la CE la defensa del ordenamiento constitucional. Es evidente que esta misión no está confiada a las Fuerzas Armadas, como institución autónoma, sino como organización estatal, dependiente y subordinada a los órganos constitucionales. En consecuencia, la utilización de las Fuerzas militares para la defensa política de la Constitución, deberá realizarse bajo la autoridad del gobierno, a quien corresponde dirigirlas, y del Rey, a quien compete su mando supremo, conforme al art. 62 h) de la CE.

También es evidente que dicha utilización representa una hipótesis que, en principio, debe encauzarse a través de los procedimientos del artículo 116 CE. Pero si la crisis fuera de tal naturaleza que impidiera el funcionamiento de los órganos constitucionales que pueden poner en marcha esos procedimientos, entonces corresponderá al Rey dictar las órdenes necesarias a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su misión. Esas órdenes, además, pueden prescindir del refrendo si el Gobierno estuviera incomunicado, o secuestrado, como ocurríó el 23 de Febrero de 1981, lo que se justifica no sólo por el estado de necesidad que concurríó en aquella situación, sino también por la especial naturaleza del mando supremo sobre las Fuerzas Armadas que corresponde al Rey. Se trata de un mando que merece los calificativos de eminente (lo que no significa que sea meramente honorífico, sino que sobresale sobre los demás) e indirecto, porque se ejerce a través de los otros órganos de mando de las Fuerzas Armadas. Estos órganos son, en primer lugar, el Gobierno, a quien corresponde el mando político sobre estas Fuerzas, es decir, el poder de disponer el uso de las mismas, como lo exige la lógica del régimen parlamentario y lo establece claramente el art. 97 de la CE, al encomendarle la dirección de la defensa del Estado.

Asimismo, se trata del mando técnico-militar, que se ejerce por profesionales, jerárquicamente organizados en una cadena de mandos subordinada al Gobierno. La Jefatura del Rey es de distinta naturaleza y no se confunde con ninguno de estos dos mandos, aunque se ejerza a través de ellos. Se trata de una jefatura institucional, que tiene, por un lado, carácter civil, porque corresponde al Rey como Jefe del Estado, y su ejercicio está regulado por las normas constitucionales, que exigen a estos efectos el refrendo ministerial. Pero al mismo tiempo se trata de una Jefatura que el Rey, o por lo menos el actual Monarca, ejerce con rango o empleo militar: es el máximo oficial de las Fuerzas Armadas.

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