Que es antonimia en el ordenamiento jurídico

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TEMA 3 APLICACIÓN Y EFICACIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS

3.1 La aplicación de las normas jurídicas


Consiste en otorgar a un determinado caso la solución que en Derecho corresponda (Principio de legalidad). Para la aplicación de las normas, primero habrá que determinar los hechos que han originado la controversia; buscar la norma aplicable a la controversia que se dé; y asignar al caso de las consecuencias previstas en la norma.

El ordenamiento jurídico está compuesto por un gran conjunto de normas que pretenden regular la realidad social, señalando los cauces por los que debe discurrir el comportamiento ordenado de los hombres. La función de aplicador del derecho consiste en señalar a la sociedad el criterio o norma que debe ser empleado como cauce para una situación concreta. Por ende, las normas jur tienen una función esencial que desarrollan en la vida social y que debe ser medida con criterios de efectividad.

Como primer y principal problema a la hora de aplicar las normas jurídicas está el identificar las normas que resultan aplicables a un determinado caso concreto. Así, hay un problema de identificación de las normas aplicables. Junto a él, surgen otros dos problemas: el problema general de la averiguación del sentido y alcance de los preceptos aplicables, y el problema de adaptar el mandato contenido en las normas aplicables a las circunstancias concretas del caso planteado.

Todo este conjunto de problemas se conocen con el nombre de calificación, integración e interpretación de las normas jurídicas.


    *Calificación
Planteada
la necesidad de encontrar las normas reguladoras de una determinada situación, se debe indagar en el ordenamiento hasta hallar las normas pertinentes y para facilitar esta tarea se utilizan una serie de claves, que se encuentran en el ord y deben ser coherentes.

El conjunto de normas vinculadas a una situación social típica componen una institución, unas instituciones que elaboran conceptos que son utilizados como instrumentos para la búsqueda de normas reguladoras de una determinada situación.

Por un lado hay una situación cuyas reglas jurídicas han de ser buscadas; por otro se encuentra el ordenamiento estructurado sobre la base de las instituciones. Se trata de buscar el punto de relación entre el ordenamiento y la realidad social, para ello el aplicador del derecho debe decidir en qué categoría de instituciones se debe integrar la situación planteada.
Esa labor se conoce con el nombre de calificación, la búsqueda de la norma aplicable, que se dan cuando hay lagunas, vacíos normativos.

La calificación no suele ser problemática, si el legislador ha regulado una determinada situación social, creando la institución adecuada y definíéndola con los rasgos de la situación, el aplicador del derecho no encontrará grandes problemas para acotar el conjunto de normas reguladoras de esa situación. La tarea se ve facilitada porque le mismo nombre jurídico de las instituciones suele coincidir con el nombre que se da a la situación planteada en la vida ordinaria. Sin embargo, con cierta frecuencia el aplicador del derecho no encuentra una institución perfectamente adecuada, puesto que el legislador no se adapta a las nuevas necesidades sociales, por lo que el aplicador del derecho debe buscar soluciones sobre las instituciones jurídicas existentes, adaptando la situación con la institución más compatible; es lo que se conoce como analogía.

También se producen problemas cuando la institución ha quedado anticuada y por ello habrá que tratar el sentido de las normas, los principios generales del derecho, el cometido de la interpretación.

* El principio iura novit curia

Es lógico que se afirme que los tribunales (curia) tienen el deber de conocer el ordenamiento jurídico.
Iura novit curia significa que los jueces deben conocer el ordenamiento con el fin de resolver los asuntos que se les sean planteen en el ejercicio de su función jurisdiccional y sin que los abogados deban facilitar al juez la información
acerca de las normas aplicables al caso.
Sería inadmisible que los órganos constitucionalmente encargados de aplicar el ordenamiento jurídico para resolver los conflictos concretos no conozcan las normas jurídicas. Por ello, se impone a los jueces y tribunales dictar sentencias aplicando el ordenamiento jurídico, en base al sistema de fuentes establecido. En el art. 1.7 CC se dice que, desde la codificación, los jueces quedan obligados a dictar sentencias conforme al sistema de fuentes legalmente establecido.





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