Administración consultiva

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TEMA2 -LOS MOVIMIENTOS COMPETENCIALES ENTRE Órganos:


T2-Concentración Y Desconcentración



Hay concentración cuando las facultades de decisión se reúnen en los órganos superiores de la administración o cuando ese conjunto de facultades se encuentra a cargo de los órganos directivos de las entidades descentralizadas. Entraña una típica inorgánica en el marco del propio ente público.La desconcentración consiste en el traspaso de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las normas le atribuyan como propia a un órgano administrativo en otro órgano de la misma administración publica jerárquicamente dependiente. Pretende descargar/aliviar a los órganos centrales de competencia. Art 12.2 LRJ-PAC.

Existe desconcentración funcional (en el seno de un mismo departamento, en sentido descendente) y territorial (atendiendo a la constitución de órganos periféricos).

T2-Delegación (ART.13 LRJ-PAC)


Es la traslación por un órgano superior a otro de nivel inferior del ejercicio de una competencia, reteniendo el delegante la titularidad de la misma.

Aspecto subjetivo


Los órganos de las diferentes AAPP podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependiente, o de las entidades de derecho publico vinculadas o dependientes de aquellas.

Aspecto objetivo


Todas las competencias son delegables menos:

. Los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del Estado, presidencia del gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas de las CC AA

. La adopción de disposiciones de carácter general (o sea de reglamentos)

. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

. Las competencias que se ejerzan por delegación (subdelegación)

. Las materias en que así se determinen por norma con rango de Ley.

Aspecto formal


. La delegación y su revocación deben publicarse en el Boletín.

. Las resoluciones dictadas por el órgano delegado harán constar que se adoptan por delegación

Efectos:


. Se traslada el ejercicio de la competencia al órgano delegado, de manera que el delegante no podrá ejercerla salvo que la revoque o la avoque.

. La traslación es indefinida, aunque puede limitarse a un periodo determinado o la producción de una condición extintiva (téngase en cuenta que la delegación opera entre órganos, no entre personas físicas).

. Es revocable unilateralmente por el órgano delegante, en todo o en parte de las potestades delgadas.

. Los actos dictados en ejercicio de la delegación se tienen a todos los efectos como dictados por el órgano delegante (quien retiene la titularidad de la competencia).


T2-Avocación (ART 14 LRJ-PAC)


Es la traslación del ejercicio de la competencia para resolver un asunto determinado desde le órgano titular de la misma a un órgano superior acordada por este ultimo.

Opera entre órganos de una misma Administración.-Dentro de la línea jerárquica, con la máxima amplitud.-Excepcionalmente, en caso de que un órgano ostente una competencia por delegación, pero la misma haya sido conferida por un órgano que no sea superior jerárquico suyo. Entonces avocara el delegante.Tiene carácter singular…. “podrán avocar para si el conocimiento de un asunto”, luego no cabe avocar categorías generales de asuntos.La decisión de avocar se adopta, caso por caso, mediante acuerdo motivado que debe notificarse a los interesados en el procedimiento si los hubiere.

T2-Sustitución

Es la traslación temporal de la facultad de ejercicio de todas o parte de las competencias de un ente público a otro, impuesta como consecuencia de la falta de ejercicio de estos o de otras circunstancias anormales.

Sustitución por subrogación


Un ente publico pretende asegurar el cumplimiento de las obligaciones que las Leyes imponen a los entes inferiores y que los mismos no observan (art 60 LRBRL y art 155 CE)

Sustitución por disolución


Ante el incumplimiento generalizado de sus obligaciones por parte de un ente publico, el ente superior disuelve el órgano de gobierno, confiando a otro el ejercicio provisional de sus funciones (art 61 LRBRL).

Suplencia (art 17 LRJ- PAC). Sustitución personal y temporal en la titularidad d un  órgano en casos de vacante, ausencia o enfermedad. No se traslada la competencia, pues quien se “mueve” es el titular del órgano.

T2-ENCOMIENDA DE Gestión (art 15 LRJ-PAC)


Se traslada de un órgano a otro el ejercicio de una potestad no en sus aspectos jurídicos, sino materiales, por razones de eficacia o ausencia de medios técnicos idóneos.Opera en relación con potestades más complejas cuyo ejercicio no se agota en la emisión de un acto jurídico (como la sancionadora o la autorización). Sino que precisa de actividades de orden material, técnico o físico (servicios públicos como la asistencia sanitaria, la enseñanza o la construcción de vías).

Subjetivamente


Puede realizarse entre todo tipo de órganos y entes públicos pero no a favor de personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho privado.

Objetivamente


Comprende la realización de actividades de carácter material técnico o de servicios, no jurídico (que retiene el encomendante).

T2- Delegación DE FIRMA (ART 16 LRJ-PAC)


Los titulares de los órganos administrativos podrán en materia de su propia competencia, delegar la firma de su resoluciones y actos administrativos a los titulares de os órganos o unidades administrativas que de ellos dependan.Es una mera colaboración física entre le titular de un órgano y sus subordinados que consiste en asumir la carga de estampar la firma.No implica traslada de la titularidad de la competencia ni de su ejercicio.-Esta prohibida la delegación de firma en los mismo supuestos en que esta vedada la delegación interorganica (art 13.2 LRJ-PAC).- No precisa la publicación para su validez. Basta con que se haga constar la autoridad de procedencia en las resoluciones y actos que se firmen.

TEMA2 -LOS MOVIMIENTOS COMPETENCIALES ENTRE PERSONAS Jurídicas

T2-Centralización Y Descentralización

La centralización es una forma de organización pública en la que la Administración del Estado asume la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de interés general, atribuyéndose todas las potestades y funciones necesarias para ello. En este sistema las posibles divisiones del territorio que se pudieran efectuar, son simple circunscripciones periféricas sujetas a la autoridad central por vínculos de jerarquía.

La descentralización es un supuesto de transferencia intersubjetiva de competencias, s decir que tiene lugar entre persona jurídico- publicas. Se realiza a través de normas jurídicas. Los entes descentralizados pasan a ser titulares de tales competencias.

A) Territorial Con un trasvase masivo de competencias del Estado a las CCAA, mediante los Estatuto de Autonomía

B) Funcional


Mediante la creación de un ente institucional con personalidad jurídica propia (ej. AENA, RENFE, Loterías y Apuesta del Estado, AEMET, BOE, etc.)

T2-Delegación INTERSUBJETIVA OPERA ENTRE



- Entre el Estado y las CCAA, mediante las denominadas Leyes de delegación (art 150.2 CE)

- Entre el Estado y las CCAA en los Entes Locales (tema 10)

- Entre el ente político primario ej. Ministro, consejero de la CA de un determinado novel territorial y las entidades instrumentales dependientes del mismo (DA 13º, ap.4 LOFAGE)

- De lo entes territoriales en las Corporaciones de Derecho Publico, que constituye la forma normal de ejercicio por estas ultimas de sus competencias. (Ej. Colegio profesiones de los abogados).

T2-Cooperación

Depositado un articulo doctrinal en el servicio de reprografía.

El alumno debe resumirlo y saber diferenciar los conceptos de coordinación y cooperación, así como estudiar las técnicas más comunes de ambos.


TEMA3-LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


T3-LA ADMNISTRACION Periférica


Es la administración territorial o desconcentrada  del Estado.

Heredera del modelo francés de dominación territorial mediante la división uniforme y racional del territorio en unidades físicas (en departamentos) y de la autoridad asentada en cada uno de ellos con directa independencia del gobierno (prefectos).

En 1833 se produce la división del territorio en provincias y se crea la figura del Gobernador Civil para el mantenimiento del orden público, el control de los entes y autoridades locales y la gestión de los procesos electorales.

Cantonalización de la administración periférica en los siglos XIX y XX.

Impacto del proceso autonómico: aparición del Delegado del Gobierno (art.154 CE); adelgazamiento competencial del estado y recomposición  del mapa de servicios provinciales.

LOFAGE: se potencia al Delegado del Gobierno como figura de gestión y coordinación y los Subdelegados  sustituyen a los Gobernadores Civiles.

T3-DELEGADOS DEL GOBIERNO

Art.154 CE y art 22.1 LOFAGE representan al gobierno en el territorio de las CCAA y ejercen la dirección y supervisión  de todos los servicios AGE y sus organismos públicos situados en su territorio. Es alto rango (tiene rango de subsecretario)  nombrado y separado libremente por el consejo de ministros a propuesta del presidente del gobierno, estando vinculado funcionalmente a los distintos ministerios.Existen 17 delegados de gobierno, mas uno en Ceuta y otro en Melilla, teniendo sede en la localidad donde radique el consejo de gobierno.


FUNCIONES

A) Representan al gobierno en el territorio de cada unidad

-Formular a los Ministerios propuestas sobre los objetivos contenidos en los planes y programas e informa sobre la gestión de servicios.

-Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos fundamentales  a través de los subdelegados  y de las FFyCC de seguridad del estado.

-Ejercer las potestades sancionadoras, expropiatorias y otras que le confíen las normas.

-Velar por el cumplimiento de las competencias  atribuidas al estado y de la correcta aplicación de la normativa, pudiendo promover recursos

B) Dirigir la administración del estado en el territorio autonómico

-Dirigir los servicios de la delegación del gobierno.

-Nombrar a los subdelegados del gobierno, dirigiendo y coordinando su actividad

-Dirigir los servicios territoriales ministeriales directamente o a través de los subdelegados

C) Coordinar la administración periférica del estado con la propia de las comunidades autónomas y de las entidades locales.

Art. 29 LOFAGE Y RD 617/1997

Antiguos gobernadores civiles son el segundo escalafónorgánico de función representativa y coordinadora general de la administraciónperiférica, después del delegado de gobierno, de quien dependen.

Tiene su sede en la capital de cada provincia, salvo en las CCAA uniprovinciales, donde sus funciones son asumidas por el delegado del gobierno.

Nombrados por el delegado del gobierno por el procedimiento de libre designación  entre funcionarios  de carrera (A1).

Delegado de gobierno = rango de subdirector  general

FUNCIONES

-Dirigir los servicios territoriales de la AGE integrados en la delegación del gobierno e impulsa, supervisa e inspecciona  tales servicios.

-Relaciones de coordinación, cooperación y colaboración  con los órganos territoriales de las CCAA con sede en su territorio provincial y con las ELL.

-Donde no radique la sede de las delegaciones, asumir la protección de los derechos y libertades fundamentales y la protección de la seguridad.


TEMA4-LA Administración CONSULTIVA


T4-EL CONSEJO DE ESTADO

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno.

Hasta la época de constitucionalidad, el Consejo de Estado era el órgano de asesoramiento del monarca, cuyas competencias e importancia dependían de la voluntad del propio monarca o de sus validos.

La CE de 1812 consagró el Consejo de Estado con funciones consultivas dentro de una organización política regida por el principio de división de poderes. En 1845, fiel al modelo napoleónico, pasó a ejercer también funciones contenciosas  o jurisdiccionales, que perdíó de modo definitivo en 1904.

En la actualidad, se regula en el art 107 CE y en la Ley Orgánica 3/1980, que lo configuran como un órgano consultivo (como autonomía orgánica y funcional) en relación con materias en que es preceptivo el dictamen y en cualquier asunto que estime oportuno el gobierno.

Integran el Consejo de Estado en pleno el presidente, los consejeros permanentes -en numero igual al de secciones-, los consejeros natos -es decir, aquellos que lo son por razón del cargo que desempeñan-, los electivos y el secretario general.

Componen la Comisión de Permanente el presidente, los consejeros permanentes y el secretario general.

La Comisión de Estudios está presidida por el presidente del consejo de estado e integrada por dos consejeros permanentes, dos natos y dos electivos, designados por el pleno a propuesta del presidente, así como por el secretario general.

El consejo de estado se organiza en ocho secciones  para preparar el despacho de los asuntos que son competencia de la Comisión Permanente.

La función principal es la de emitir un dictamen a petición de la autoridad consultante.
El dictamen es un documento en el que el Consejo de Estado expresa su criterio sobre las cuestiones  que le han sido consultadas.

Las consultas son preceptivas o facultativas. Son preceptivas las consultas en que así lo establezca la LOCE u otra norma de rango de ley.
Son facultativas todas las demás.

La relación de consultas preceptivas se contiene en los art. 21 y 22 LOCE y en otras normas de rango legal como la ley 30/1992 (art.102).

El proyecto del dictamen lo prepara uno de los letrados adscritos a la sección, se debate en la misma y se aprueba, en su caso, por el consejero presidente. De ahí se eleva su aprobación a la Comisión Permanente y posteriormente al pleno, de ser competencia del mismo.


T4-CONSEJOS CONSULTIVOS Autonómicos

El art. 107 CE no impide que el consejo de estado extienda su actuación al territorio autonómico, pero tampoco lo impone, lo que le ha posibilitado el surgimiento de homólogos territoriales en las CCAA.

Son órganos colegiados cuyos integrantes son elegidos en algunos casos por el gobierno, en otros por el ejecutivo y otra por el parlamento reflejando la clara  tendencia de convertir el Consejo en un asilo de ex presidentes autonómicos y políticos (ley 6/2007 de 21 de Diciembre, reguladora del consejo consultivo de Madrid)    

Sustituyen al consejo de estado en cuanto al control de la legalidad de los actos de la administración autonómica y local, emitiendo dictamen en los expedientes sobre revisión de oficio de actos y disposiciones, recursos extraordinarios de revisión, responsabilidad patrimonial de la administración, nulidad y extinción de concesiones  administrativas.

No puede darse la doble intervención del Consejo de Estado y del Consejo General Autonómico.

T4-CONSEJOS Económicos

Tiene su origen en el aumento de las esferas de intervención económica de la Administración Pública y la complejidad de sus tareas.

Son órganos de composición  numerosa en los que se integra representantes de grupos y categorías económicas y sociales designados a través de elección o nombramiento sindical.

El art. 131 CE contempla un Consejo Económico referido básicamente a la función planificadora, pero la ley 21/1991, de 17 de Junio, ha creado un consejo económico y social (CES) en el sentido clásico, con funciones de consulta no vinculantes ni tampoco preceptiva, salvo la emisión de dictáMenes sobre anteproyectos de ley del Estado y proyectos de reales decretos legislativos (PGE) cuando "se considere por el gobierno".

El CES dispone de una organización compleja (y costoso) con representantes del gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, que las CCAA han imitado dotándose de un consejo propio con escasas diferencias.

TEMA5-LAS Administración DE LAS COMUNIDADES Autónomas


T5-ESTRUCTURA GENERAL

Mimetismo con la organización estatal:

Las CCAA poseen una importante estructura administrativa, subordinada a su consejo de gobierno, que guarda una extrema similitud con la administración estatal, que fue transfiriendo competencias mediante la traslación de unidades, funcionarios, inmuebles y cuyo modelo han asumido fielmente.

Estructura departamentalizada y jerárquica separada en una organización central, otra periférica y un aparato de entes institucionales.

Organización administrativa:

A) Administración centralizada:

-Los consejeros, además de miembros del Consejo de Gobierno, son jefes de una organización especializada, la consejería (cuya estructura es semejante).

-La estructura interna de las consejerías guarda semejanza con los ministerios, se conforman de forma piramidal y jerárquica, estando integradas por órganos políticos y meramente administrativos.

-Las CCAA suelen prever la figura del vice-consejero o (equiparable al subsecretario estatal) un secretario general técnico como órgano de asesoramiento; direcciones generales como órganos sectoriales básicos y unidades administrativas en tres vías: servicios, secciones y negociados.

B) Administración periférica: se compone de servicios aislados, de base y competencia provincial dependientes de las Consejerías.

T5-Régimen Jurídico DE LA Administración Autonómica

-Forma parte de  una organización global con personalidad jurídica única (CA) y actúa en el tráfico como tal sujeto único.

-se le aplica el Derecho Administrativo tanto a su estructura como a su funcionamiento, siendo aplicables los principios básicos de la legislación  estatal sobre la materia (art. 149. 1. 18ª CE)

-En algunas materias la regulación debe ser uniforme (procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial) y en otras la regulación se limita a lo básico (contratos y concesiones  administrativa, función publica...)

-En las restantes materias las CCA disponen de plena libertad de creación normativa.

TEMA7-LA ADMINISTRACIÓN LOCAL


T7-La provincia

Elementos de la estructura provincial

La Población y el territorio, que son la suma de los de todos sus municipios (art. 141 CE). Cualquier alteración de los límites provinciales requiere Ley Orgánica, ya que la provincia es circunscripción electoral en las elecciones al Congreso y al Senado.

La organización es otro elemento, constituida por la Diputación Provincial, que comprende:

-Pleno de la Diputación Provincial, que es el máximo órgano de gobierno integrado por un número de Diputados proporcional al número de residentes en la provincia, que oscila entre 25  y 5, ejerciendo dos tipos de competencia:

·Como órgano representativo superior de la provincia es titular de potestades normativas (organización, aprobación de ordenanzas y planes provinciales y de control sobre los restantes órganos (aprobación de las presupuestos y de las cuentas, moción de censura al Presidente…).

·Como órgano con competencias decisorias en materia organizada (RPT, retribuciones), financiera (gastos, enajenación de patrimonio) y procesal (conflictos de competencia, acciones administrativas y judiciales.

-Presidente de la Diputación, siendo elegido entre sus miembros por mayoría absoluta en primera votación y simple en segunda, pudiendo ser candidato cualquier Diputado Provincial. Puede ser destituido por moción de censura o si se rechaza una cuestión de confianza. Sus competencias son:

·Cabeza del Pleno de la Diputación.

·Máxima representación de la provincia como ente local.

 ·Jefe del ejecutivo provincial (dirige el gobierno y administración provinciales).    

 ·Se le reconocen competencias residuales.

-Los vicepresidentes son nombrados y removidos libremente por el Presidente, a quien sustituyen en los casos de vacante, ausencia y enfermedad.

-La Junta de Gobierno, compuesta del Presidente y los Diputados nombrados poréste en número no superior a 1/3 del número legal de miembros, asiste al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y ejerce competencias delegadas.

-Comisiones informativas, como órganos de preparación del trabajo.

Competencias-
Asegura la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal: ·Presta asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad gestoría y económica. ·Presta servicios públicos supramunicipales y supracomarcales. ·Confecciona un plan anual de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.-Participa en la coordinación de la Administración local con la Administración autonómica y la Administración estatal.-Restantes competencias atribuidas por las Leyes estables y autonómicas reguladoras de los distintos sectores de acción pública.-Competencias delegadas y gestión ordinaria de competencias autonómicas 8servicios) mediante la encomienda de gestión.


T7- RegíMenes provinciales especiales

El primero es el de las Comunidades Autónomas uniprovinciales, en las que desaparece la Diputación Provincial y sus óranos quedan sub-unidos en la organización autonómica, al igual que sus competencias, que son asumidas por la Comunidad Autónoma.

En segundo lugar las Provincias o Territorios Históricos del País Vasco (tema 8).

En tercer lugar, las Islas Baleares, cuyo ente provincial fue sustituido por las instituciones centrales de la Comunidad Autónoma, con la particularidad de encontrarse fuertemente descentralizada. En cada isla existe un Consejo Insular como órgano de gobierno, administración y representación en cada isla, integrado por Consejeros electos. Ejerce un extenso bloque de competencias.

Por último, las Islas Canarias, que además de Comunidad Autónoma que agrupa a dos provincias, dispone de los Cabildos Insulares, compuesto por un número variable de Consejeros elegidos por los ciudadanos. Ostenta las competencias que la Ley atribuye a las Diputaciones, además de otras transferidas, delegadas o encomendadas por la Comunidad. Existen dos Mancomunidades Provinciales Interinsulares como ente asociativo y representativo de los Cabildos de cada provincia sin competencias materiales propias.

T7-Otras entidades locales

El concejo abierto es una peculiaridad de pequeños municipios (menos de 100 hab.) y en otros en que lo aconseje su localización  geográfica o la mejor gestión de los intereses municipales, consistente en que los vecinos se reúnen en Asamblea y deliberan y toman las decisiones que en régimen común corresponden al Ayuntamiento en Pleno.Las áreas metropolitanas, integradas por municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de servicios y obras. Se crean por Ley autonómica.Los Municipios de Gran Población, que superen 250.000 habitantes, sean capitales de provincia, autonómicas o sede de instituciones autonómicas, así como superiores a 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, si en este caso lo decide el Parlamento.


T7- El municipio

Elementos de la estructura municipal

-La población: constituida por el colectivo de personas físicas que mantienen un vínculo con el municipio consistente en la residencia en él (vecindad). No obstante, el municipio extiende sus competencias a la totalidad de personas que se encuentren en su territorio, por cualquier razón o título.

La vecindad viene determinada por la inscripción en el Padrón municipal, que es un registro donde constan los vecinos, siendo obligatoria la inscripción para todas las personas que viven en España, con independencia de su nacionalidad y su capacidad de obrar.

-Territorio o término municipal, que debe pertenecer íntegramente a una sola provincia y que es susceptible de alteraciones (incorporación, fusión o segregación), conforme a la normativa autonómica y, supletoriamente, la Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora del Régimen Local (LRBRL), que establecen tramites como la audiencia a los municipios afectados y el dictamen del Consejo de Estado, información pública y puesta en conocimiento de la Administración del Estado.

-Organización, constituida por el Ayuntamiento como órgano colegiado de carácter electivo al que corresponde el gobierno y administración municipal:

 ·Pleno, constituido por los Concejales (uno de ellos asume la Alcaldía), en número variable, elegidos por el sistema de representación proporcional sobre la base de listas cerradas y bloqueadas presentadas por los partidos.

Ejerce potestades normativas (aprobación inicial de planes de ordenación urbana, ordenanzas, Reglamento orgánico del Ayuntamiento) y de control de los restantes órganos (presupuestos, moción al Alcalde, fiscalización).

El pleno también adopta otra serie de decisiones:

·En materia organizativa: personal, participación en organizaciones supramunicipales, alteraciones del término.

 ·En materia financiera: determinación de los tributos municipales, disposición de gastos.

·En materia procesal: conflictos de competencia con otras Administraciones Públicas y ejercicio de acciones administrativas y judiciales en materia de su competencia.

-Alcalde o Presidente del Ayuntamiento, pues emana y forma parte del mismo, siendo elegido por y entre los Concejales. Pueden ser candidatos quienes hubieren encabezado las listas electorales, necesitando mayoría absoluta en primera votación para ser electo y, de no obtenerla, el que encabece la lista más votada. En caso de empate, se resuelve por sorteo.


Puede ser destituido por moción de censura, que será aprobada por mayoría absoluta que incluirá el nombre del concejal-candidato, o cuando sea rechazada una cuestión de confianza, vinculada a los presupuestos, al reglamento orgánico, ordenanzas fiscales o instrumentos de planeamiento.

Ostenta la máxima representación del Municipio (expresa su voluntad; firma bandos; jefatura superior del personal) y dirige el gobierno y la administración municipal (dirige e inspecciona los servicios y obras del Ayuntamiento; dispone de los gastos y ordena los pagos; ejerce la potestad sancionadora; otorga licencias y ostenta una competencia residual).

-Junta de Gobierno Local, que debe existir en los municipios con más de 5.000 habitantes y en aquellos que lo disponga el Reglamento orgánico y lo acuerde el Pleno. Se compone del Alcalde, de 1/3 de los concejales, nombrados y separados libremente por él. Su cometido es asistir al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y ejercer las que sean delegadas.

-Comisiones informativas, que preparan el trabajo del Pleno (estudio, informe o consulta de los asuntos sometidos al Pleno) y realiza un seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta y los concejales.

-Comisiones especiales: Comisión Especial de Cuentas (elabora un informe anual sobre las cuentas antes de su elevación al Pleno) y Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (en los “grandes municipios”).

*Competencias

Los principios que rigen las competencias del municipio son:

-Capacidad general para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pudiendo promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer sus necesidades.

-Relación de materias en relación con las cuales el Municipio ejercerá competencias en todo caso y conforme a la legislación estatal y autonómica.

-Relación de servicios de prestación obligatoria por los Ayuntamientos, diversificados sobre la base de su población (establecimiento de un parque público, limpieza de vías públicas, instalaciones deportivas; control de alimentos y bebidas; protección civil, protección del medio ambiente; transporte urbano, etc.)

Existen diferentes niveles de atribución de competencias, que pueden ser competencias propias, ejercidas en régimen de autonomía o de forma cooperativa o coordinada, o competencias delegadas.


TEMA9-LA ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA:


T9-CORPORACIONES SECTORIALES DE BASE PRIVADA:


T9-COLEGIOS PROFESIONALES

Regulados por la ley 2/1974 de 13 de Febrero, modificada en varias ocasiones en 1978 y 1997.

Las profesiones tituladas de nivel universitario, tienen reconocido su propio colegio profesional. También han aparecido colegios que quieren agrupar sectores que no se corresponden con una especial titulación para justificar su existencia, se les ha reconocido indebidamente la necesidad de superar una serie de pruebas que se convocan de forma irregular. La ley de colegios profesionales, exige que la creación de los colegios se haga por ley, nadie puede ejercer las profesiones sin estar debidamente colegiados.

La admisión es una actividad conocida como reglada que implica que se comprobarán si existe una serie de requisitos y exigen que estos requisitos sean una titulación académica.

En estas, aparecen dos tipos de funciones:

1-Representan los intereses de la profesión y tienen un interés general. Entre las que destaca la función de información, consulta y colaboración con la administración. La administración puede delegarles la ordenación del ejercicio d ela profesión. Cada norma o profesión colegiado debe elaborar un estatuto general aprobado por RD en el que se concretará los derechos y deberes fundamentales de los colegiados en relación con el ejercicio de la profesión. Se establecerán las normas básicas d eorganización d elos colegios, régimen de actividad, financiero, sistema de cuotas, la relación entre el colegio y la administración. También se pueden fijar baremos de actividad orientativos y de mínimos.


2.El ejercicio profesional se rige por el principio de libre competencia

La organización tiene varios niveles:

3.En ocasiones se pueden celebrar convenios entre colegios

Para la incorporación a un colegio profesional, hace falta el domicilio profesional. Aunque se pertenezca a un colegio de abogados de un territorio, se puede ejercer en todo el territorio nacional. Por ejemplo un abogado colegiado en el colegio de abogados de Madrid, puede ejercer en todo el territorio nacional, por ejemplo si ejerce en Murcia, basta con notificar al colegio de abogados de Murcia que se va a actuar en su territorio.

Los órganos del colegio son:

-Asamblea del órgano colegial: formado por todos los colegiados.

-Junta de gobierno: se integra por los vocales elegidos por los afiliados.

-Varios cargos unipersonales: decano y secretario por ej.

 4.Lo que han previsto los estatutos de autonomía donde se establece los consejos superiores de colegios profesionales. Este segundo nivel tiene carácter de corporación de derecho público y solo se ha creado en algunas comunidades, generalmente en pluriprovinciales como Andalucía.

 5.A nivel nacional, los colegios prevén la creación de los consejos generales. Este consejo general tiene también carácter de corporación de derecho público y tiene la afilación obligada de todos los colegios de la misma profesión y en su caso también por los consejos de los colegios correspondientes ,

La organización de los consejos generales, se establece en sus respectivos estatutos y sus órganos deben tener carácter electivo.

El presi debe ser elegido entre todos los decanos de España.


TEMA10-EL EMPLEO PÚBLICO


T10-Clases de empleados públicos

*introducción :

-personal de régimen común AAPP

-personal de las administraciones con régimen singular

-personal de otras organizaciones públicas con regulación especifica

*Empleados públicos

Funcionarios de carrera

Interinos

Personal eventual

Personal laboral :-fijo-por tiempo indefinido-temporal

*Funcionarios de carrera: (art. 9 de EBEP)

Son funcionarios de carrera quienes en virtud del nombramiento legal están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales de carácter permanente

Mantiene una relación jurídico-pública con la administración o estatutaria

Inamovilidad o permanencia salvo en los supuestos de extinción

Se les reserva el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses del estado y de las administraciones públicas.

*Funcionarios interinos (Art. 10 EBEP)

Por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:

-la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

-la ejecución de programas de carácter temporal.

-el exceso o acumulación de tareas por un plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses.

Limitación temporal frecuentemente olvidada (educación , sanidad, justicia….)

Atajo para el acceso a la condición de funcionario de carrera (oposición o concursos restringidos, DT 4º EBEP)


*Personal eventual  (art. 12 EBEP):

En virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.

Son personas vinculadas al titular de un cargo por razones de confianza o asesoramiento especial.

Son personas vinculadas al titular de un cargo por razones de confianza política o especial cuyo nombramiento y cese son libres. En todo caso cesan cuando lo hace el titular del cargo.

Nutren los gabinetes de los altos cargos alejados de la neutralidad y objetividad inherente  a los funcionarios.

Su condición no constituye merito para el acceso a la función pública, pues no han superado los tramites competitivos necesarios para adquirir el status del funcionario de carrera sin embargo se les aplica el régimen general de estos últimos.

*Personal directivo: (art. 13 EBEP)

No se trata de una categoría autónoma de empleado público, sino de personal de categoría singular que las normas de cada administración definirán

Puede pertenecer a algunas de las categorías anteriores o provenir de fuera del sector público.

No se trata de una categoría obligatoria si la LOFAGE ya la prevé.


TEMA13- EL DOMINIO PÚBLICO:


T13-la concesión demanial

El régimen de autorizaciones y concesiones se regula en los arts. 91-103 LPAP (supletorio del previsto en las diferentes normas sectoriales).

-Las autorizaciones se otorgan directamente a los solicitantes, salvo que su número esté limitado a priori. Las concesiones se otorgan, como regla general, en régimen de concurrencia competitiva, salvo que el solicitante sea otra AP, una entidad sin ánimo de lucro o una confesión religiosa.

-La posibilidad de transmisión se admite para las autorizaciones, siempre que en su otorgamiento no se hayan tenido en cuenta circunstancias personales. En cuanto a las concesiones, el art. 100 b) LPAP parece admitirla previa autorización de la Admin. Concedente.

-La duración de las autorizaciones es determinada, no pudiendo exceder de 4 años, incluidas prórrogas y las concesiones de 75 años.

-Las autorizaciones son revocables por razones de interés público, sin derecho a indemnización. Las concesiones pueden ser rescatadas, pero procederá una indemnización.

-Su obtención puede hallarse sujeta a una tasa o canon.

-La extinción se regula en el art. 100 LPAP.

T13-Mecanismos de protección (I)


1.TÉCNICAS DE GARANTÍA DE LA IDENTIDAD

-Inventario:

Durante mucho tiempo se presumíó que los bienes demaniales no precisaban de registro documental, por la notoriedad de su existencia, pero el art. 32.1 LPAP establece la obligación de inventariar los bienes y derechos. Los inventarios carecen de carácter constitutivo y eficacia jurídica frente a 3os, aunque constituyen un principio de prueba de posesión por el ente público y de su titularidad.

-Inmatriculación registral:

Obligación de inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos, ya sean demaniales o patrimoniales.

-Deslinde:

Potestad de fijar los límites de la propiedad inmueble en virtud de los poderes de autotutela, siguiendo un procedimiento administrativo (art. 50 LPAP), en aquellos casos en los que los límites sean imprecisos o existan indicios de usurpación. Tiene un alcance limitado, pues no sustituye a la acción reivindicatoria ni declara la propiedad del inmueble, sino que declara y constituye la posesión de la Admin. Sobre los bienes deslindados, salvo disposición legal en contrario.

T13-Mecanismos de protección (II)


1.TÉCNICAS DE GARANTÍA DE LA IDENTIDAD

 -Potestad de policía demanial.

No es una potestad genérica que permita a la Admin. Reaccionar de cualquier forma ante la agresión a sus bienes, sino que suele englobar potestades singulares de reacción y defensa de los bienes demaniales, incluidas la potestad sancionadora.

-Imposición de servidumbre.

La imposición de servidumbres sobre los predios colindantes puede consistir en un perímetro de protección que evite la realización de actividades que desnaturalicen el bien público, o en la protección del libre ejercicio de las funciones públicas correspondientes.

-Recuperación posesoria (sin título) y desahucio administrativo (hubo título jurídico legal)

Frente a la situación en que se hallan los particulares, cuya defensa frente al despojo de la posesión se realiza en vía judicial, la Admin., ostenta la potestad de repeler dichos despojos por si misma, bien en los casos de usurpaciones ilegales, en cualquier tiempo (interdictum proprium o recuperación de oficio, art. 55 LPAP) o cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o circunstancias que legitimaban su ocupación por 3os (desahucio administrativo, art. 58 LPAP)

T13-

Mecanismos de protección (III)

1.TÉCNICAS DE GARANTÍA DE INDISPONIBILIDAD


-Inexpropiabilidad, como correlato de su inalienabilidad, no pueden ser objeto de expropiación forzosa, que viene referida a la propiedad privada. En la práctica, sin embargo, no es infrecuente que recaiga sobre bienes demaniales, calificándose de mutación demanial por cambio de afectación.

 -
Inembargabilidad, los bienes de dominio público son inembargables (art. 132 CE) por lo que no pueden ser objeto de traba y enajenación forzosa para el pago de deudas, ya realice la ejecución un órgano judicial o administrativo.

En realidad no es un rasgo carácterístico de los bienes demaniales, sino un privilegio tradicional de la H.P. Aplicable a todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, lo cual fue objeto de críticas doctrinales hasta la STC 166/1998 declaró inconstitucional la regla en relación con los bienes patrimoniales “no afectados a un uso o servicio público”. Hoy se recoge en el art. 30.3 LPAP.


TEMA 16-LAS AGUAS TERRESTRES

T16-Sistemas de titularidad sobre las aguas

-cuestión primera del régimen jurídico de las aguas es la asignación de su titularidad. En principio, las soluciones son básicamente dos:

1. O bien las aguas siguen el régimen de la propiedad de los predios ribereños, de aquellos por los que discurren, con los que lindan o en cuyo subsuelo se encuentran (sistema de accesión).

2. O, por el contrario, el agua es una propiedad separada de la superficie substante o aledaña

-En este último supuesto cabe aún que las aguas puedan ser cosas comunes o res nullius de nadie, y por ello susceptibles de apropiación por cualquier particular, sea o no o ribereño, o bien insusceptibles de apropiación por estar definidas como públicas y reservadas, por tanto, a la colectividad, al Estado, que reglamenta y, en todo caso, asigna a unos y otros sujetos los diversos aprovechamientos de que las aguas son susceptibles.

-En el derecho romano las aguas eran cosas comunes, pertenecientes a todos los hombres y, por ende, susceptibles de apropiación por los particulares. Esta doble calificación, como cosas comunes y susceptibles de apropiación por los particulares, en las aguas terrestres, y en especial por los dueños de los terrenos sobre o bajo los que aquellas discurrían, y como aguas públicas las de los ríos navegables, no susceptibles, por tanto, de apropiación, va a pasar al derecho europeo para configurar un sistema, básicamente privado, en la asignación de titularidad de las aguas superficiales y de las subterráneas.

-En nuestros días y a medida que aumenta la valoración del agua como bien escaso y necesitado de protección, asistiremos a una imparable tendencia publificadora.

-En el derecho francés, el art. 538 CC napoleónico declaró únicamente de dominio público los ríos navegables y flotables. El criterio de la navegabilidad, que sigue siendo en Francia el criterio básico para distinguir las aguas públicas, se amplió por las leyes de 8 de Abril de 1910 y de 16 de Diciembre de 1964 a los supuestos en que la corriente sirve de alimentación a un río navegable o sea necesaria para el riego, los usos industriales, la alimentación de la población o la protección contra las inundaciones.

-Las restantes corrientes de aguas superficiales y de menor importancia siguen siendo en el derecho francés cosas comunes y directamente aprovechadas por el propietario de la superficie, si son aguas subterráneas, o el ribereño, si son superficiales.

- La publificación del sistema ha avanzado también por la configuración de regíMenes especiales para las aguas subterráneas; por el establecimiento de un régimen excepcional de concesiones para los aprovechamientos hidroeléctricos, que se imponen en todo caso a los ribereños previa indemnización; así como por la posibilidad de definir por decreto zonas especiales de actuación sobre aguas; y por las importantes facultades que la ley de 16 de Diciembre de 1964, sobre régimen y reparto de las aguas y lucha contra la contaminación, atribuye a la Administración, ampliando sus facultades policiales sobre el régimen de los vertidos.

-En el derecho italiano, la legislación decimonónica fue más lejos que el derecho francés en la publificacion de las aguas. El código de 1865 mantuvo la consideración de las aguas como res omnium comunis.


-consecuentemente, se calificaron como aguas demaniales o públicas únicamente los ríos y los torrentes, mientras los cursos menores estaban a disposición de los propietarios de los fundos ribereños, que podían usarlos libremente para el riego.

-Desde finales de siglo se produce la extensión del concepto de la demanialidad a un número siempre creciente de aguas menores, justificado en la posibilidad de utilización de las aguas para fines de interés general.

-esto produjo una mayor publificación de las aguas que refleja el art. 822 CC.
Éste considera aguas públicas los ríos, torrentes y las otras aguas definidas como públicas en las leyes.

-A resaltar también del derecho italiano la necesidad de que la demanialidad se materialice en un acto de clasificación administrativa de naturaleza solamente declarativa, no constitutiva; mientras tanto las aguas pueden ser utilizadas como privadas.

T16-la concesión de aguas públicas


-todos los usos privativos están sujetos a una explotación racional, pues “la ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de las aguas y el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegase”.


-Todas las concesiones están sujetas a determinadas condiciones generales, compatibles con las especiales en función del origen del agua o del tipo de aprovechamiento. Entre las generales destacan las siguientes:


1) Las concesiones se otorgan sin perjuicio de tercero y teniendo en cuenta la explotación racional conjunta de los recursos hidráulicos, sin que el título concesional garantice la disponibilidad de los caudales concedidos.


2) El aprovechamiento debe ser compatible con el respeto al medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos y demandas ambientales previstas en la planificación hidrológica.


3) Por el principio de adscripción del agua a los usos indicados en el título concesional, el caudal concedido no puede ser aplicado a usos distintos, ni en terrenos diferentes si se tratase de riegos.


4) Toda concesión se otorgará con carácter temporal y plazo no superior a 75 años. No obstante, cuando para la normal utilización de una concesión fuese absolutamente necesaria la realización de determinadas obras, cuyo coste no puede ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, éste podrá prorrogarse por el tiempo preciso con un límite máximo de 10 años y por una sola vez, siempre que dichas obras no se opongan al Plan Hidrológico correspondiente y  se acreditasen por el concesionario los perjuicios que se irrogarían en caso contrario.


5) Se sujeta a autorización administrativa la transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la constitución de graváMenes, así como toda modificación de las carácterísticas de la concesión.


-la revisión de las concesiones tiene lugar cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento, en casos de fuerza mayor a petición del concesionario y cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.


-La extinción de las concesiones tiene lugar por término del plazo, por expropiación forzosa del aprovechamiento, por renuncia expresa del concesionario y por caducidad.


TEMA17-Régimen JURÍDICO DE LAS COSTAS Y PUERTOS:


T17-Limitaciones y servidumbres

-para satisfacer determinadas necesidades públicas y, en todo caso, para profundizar en la protección física y jurídica de la zona marítimo-terrestre se

imponen determinadas limitaciones sobre los terrenos colindantes.

-Se trata de las servidumbres de protección, de tránsito y de acceso al mar, configurándose, además, una zona de influencia en la que se imponen

determinadas vinculaciones y criterios urbanísticos.

-La antigua servidumbre de vigilancia de litoral, que consistía en la obligación de dejar expedita una vía contigua a la línea de mayor pleamar, ordinariamente de 6 m, se ha sustituido por la servidumbre de tránsito. Esa servidumbre, establecida tanto a favor de las autoridades y funcionarios con competencias en la zona como del público en general, recae ahora sobre una “franja de 6 m a 20 en lugares de tránsito difícil o peligroso medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar”.

-Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios

especialmente protegidos. Sólo excepcionalmente podrá ser ocupada por obras a realizar en el dominio público terrestre, en cuyo caso la zona de servidumbre se sustituirá por otra nueva en condiciones análogas, en la forma en que se señale por la Administración del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos (art. 27)
.

-La servidumbre de paso, ahora denominada con más propiedad por el art. 28 de la Ley de Costas servidumbre de acceso público y gratuito al mar, recae sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimoterrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso, sin que se permitan obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar, salvo solución alternativa que lo garantice. Esta servidumbre no empece la expropiación de otros terrenos necesarios para la realización de otros accesos (art. 28)
.

-Novedad de la Ley de Costas de 1988 es el establecimiento de una servidumbre de protección, servidumbre negativa que impide en todos los predios sirvientes afectados por ella determinados usos y construcciones. Esta servidumbre recae sobre una zona de 100 m medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, zona que puede ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la CCAA y el ayuntamiento, hasta un máximo de otros 100 m.

-La ley distingue tres tipos de actividades a desarrollar por los particulares en dicha zona de protección:

1. Unas libremente permitidas, como los cultivos y plantaciones, las instalaciones deportivas descubiertas por las que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre.


2. Otras prohibidas, como la edificación de viviendas, la construcción de vías de transporte y áreas de servicio, destrucción de áridos, tendido de líneas eléctricas, vertido de residuos sólidos y la publicidad por carteles o medios acústicos o audiovisuales.

3. Por último, las actividades restantes están sujetas a autorización, pudiendo la Administración establecer las condiciones necesarias para la protección del dominio público (art. 25)
.

-No obstante la rigidez de la prohibición, las actividades constructivas de vía de transporte interurbanas y áreas de servicio, así como las del tendido de líneas eléctricas, podrán ser excepcionalmente y por razones de utilidad pública autorizadas por el Consejo de ministros.

-También es novedad de la Ley de Costas de 1988 la definición de una zona de influencia a determinar en los planes de ordenación territorial, de 500 m como mínimo, a partir del límite interior de la ribera del mar. En esta zona se imponen reservas del suelo para aparcamientos de vehículos en las zonas de playa y las construcciones evitarán la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúMenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación podrá ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo.

-Por último, bajo el concepto de otras limitaciones de la propiedad, el art. 29 de la Ley de Costas establece determinadas normas de protección de los áridos.

-La Disposición Transitoria tercera regula la aplicación de las normas sobre servidumbres de protección y de influencia en función de la clasificación urbanística de los terrenos a la entrada en vigor de la ley.

-En los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado y suelo urbanizable se aplicarán directamente las normas de la Ley de Costas.

-Para los terrenos clasificados de suelo urbanizable programado o apto para la urbanización se mantendrá el aprovechamiento urbanístico, aplicándose las siguientes reglas:

1. Si no cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, dicho plan deberá respetar íntegramente las disposiciones de la ley siempre que no se dé lugar a indemnización de acuerdo con la legislación urbanística.

2. Si cuentan con plan parcial aprobado definitivamente, se ejecutarán las determinaciones del plan respectivo, salvo que hubieran sido aprobados definitivamente después del uno de Enero de 1988 o cuya ejecución no se hubiera llevado a efecto en el plazo previsto por causas no imputables a la Administración.

-por último, los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la ley estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la altura de la servidumbre de protección será de 20 m. No obstante, se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la Disposiciones

Transitorias cuarta. Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no perjudique el dominio público marítimo-terrestre, según se establezca reglamentariamente.


TEMA 18-Régimen Jurídico DE LAS MINAS:


T18-Clasificación de sustancias minerales y efectos

El criterio central de la clasificación es el menor o mayor valor de las diversas sustancias, combinando con la importancia económica de la explotación. Conforme a la Ley 22/1973, de 21 de Junio, de Minas:

-Sección A), de las rocas: comprende yacimientos minerales y demás recursos geológicos cuyo aprovechamiento sea obtener fragmentos del tamaño y forma apropiados para su utilización en obras e infraestructura o construcción, así como otros yacimientos minerales de escasa importancia económica (valor anual de venta de sus productos inferior a 100 millones de ptas., menos de 10 empleados en la explotación…).

-Sección B), aguas y estructuras: comprende las aguas minerales y termales, los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas en la legislación minera (fundamentalmente escoriales) y las estructuras subterráneas.

-Sección C), minerales en general: comprende los yacimientos y recursos mineros no incluidos en las secciones anteriores, salvo los que tienen valor energético.

-Sección D), minerales energéticos: comprende el carbón y los minerales radioactivos, los recursos geotérmicos, las rocas bituminosas y cualesquiera otros yacimientos minerales o recursos geológicos que el Gobierno acuerde incluir en esta Sección.

También cabe hablar de una nueva clase de minerales: los hidrocarburos líquidos y gaseosos, que cuentan con una legislación especial.

La legislación minera, como ocurre con la legislación de aguas, excluye de la intervención administrativa los yacimientos mínimos que originan una extracción ocasional y de escasa importancia, siempre que la realice el propietario para su uso exclusivo y no exija la aplicación de la técnica minera.

Fuera de este supuesto, la manipulación de los materiales se sujeta a las reglas comunes:

-Es necesaria autorización o concesión, según los casos, para cualquier actividad extractiva. También se exige autorización para las transmisiones o graváMenes de derechos mineros.

-Las incompatibilidades entre aprovechamientos de distintas sustancias que coinciden en el mismo terreno se resuelven en favor de aquel que sea de mayor utilidad pública.

-Los que aprovechan los yacimientos deben indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a los dueños de los terrenos y a terceros.

-Los titulares de autorizaciones y concesiones mineras tienen derecho a las ocupaciones temporales de terrenos ajenos o apropiaciones definitivas de los mismos que se entiendan de utilidad pública a efectos de las labores mineras.

-Todas las autorizaciones y concesiones mineras obligan a sus titulares a mantener la actividad que en las mismas se establece, so pena de caducidad.

-Otras causas de caducidad son: renuncia aceptada por la Administración concedente; impago de los impuestos mineros; incumplimiento del plazo de comienzo de los trabajos e interrupciones sin permiso o causa suficiente; agotamiento de los recursos; expiración del plazo y, en su caso, de la prórroga.


TEMA20-LA Policía ADMINISTRATIVA

T20-Concepto:


Policía significa gobierno de la ciudad.

O. Mayer fue el gran constructor de la noción de policía, a la que definíó como la actividad del Estado orientada a defender, por los medios del poder de la autoridad, el buen orden de la cosa pública, contra las perturbaciones que los individuos puedan producirle. Hauriou lo definíó como una actividad de control y protección, y que conecto a la idea de orden público, que se definía como el respeto a la legalidad vigente y el respeto a los derechos y libertades fundamentales y al normal funcionamiento de las instituciones y servicios públicos, vinculados a la seguridad ciudadana, la tranquilidad de la calle y la salubridad pública.La policía puede ser definida como la actividad de ordenación y control de la actividad privada, para velar por el respeto a los derechos y libertades públicas fundamentales, y el cumplimiento de la legalidad vigente.

T20-Clases

a) Policía judicial y administrativa;
La judicial previene delitos y colabora con la justicia penal, la administrativa en cambio se orienta al mantenimiento del orden público.

B) Policía administrativa general y especial;

General

I) la policía de seguridad ciudadana, ii) la policía de orden público económico, iii) la policía de control de la legalidad administrativa vigente

- Especial

I) policía de bienes de dominio público, ii)policía de servicios públicos

T20-Principios de la actividad de policía

a)
Principio de legalidad, que exige una habilitación de normativa previa, en tanto en cuanto que el status libertatis del ciudadano lo limita el legislador b)
Principio de igualdad c)

Principio de proporcionalidad

T20-Técnicas de la acción de policía

a) Inspección;
Es la actividad material de los funcionarios. La concreción jurídica de su actividad se materializa en el acta de inspección.

B) Identificación de personas y productos;

deber de contar con el DNI, registrarse en los establecimientos hoteleros o en el Padrón, o estar en posesión del pasaporte para ciudadanos extranjeros.

C) Comunicación o declaración responsable

El ciudadano debe informar al inicio de una determinada actividad y que esta cumple con los requisitos establecidos en la normativa para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio.

D) Homologación

Supone la obligación de obtener debida certificación por la administración de que un producto, o un prototipo, cumple con los requisitos reglamentariamente exigidos.

E) Registros públicos

La inscripicion implica la necesidad de acreditar la existencia o cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación, y la actividad administrativa se limita a comprobar la existencia de los requisitos exigidos.

F) Orden

Implica un deber de obediencia, la imposición por la Administración de un deber de hacer o no hacer que el ciudadano viene obligado a obedecer.

G) El requerimiento

Se limita a recordad una obligación que ya pesa sobre el requerido.


TEMA21-EL FOMENTO:


Una de las muchas actuaciones que tiene la administración es la de fomentar determinadas actividades de los particulares que tienen fines de interés general, mediante el otorgamiento de incentivos diversos que pueden ser tanto honoríficos, como económicos o jurídicos: una condecoración militar, una subvención o una concesión de aguas, son ejemplo de estas medidas de fomento. Se explican las carácterísticas de los diferentes modelos de LA ACTIVIDAD DE FOMENTO ADMINISTRATIVO centrando la atención en la subvención.

T21-La subvención


Se pueden definir como las atribuciones patrimoniales a fondo perdido realizadas por una Administración a favor de un particular y destinadas a la financiación de una actividad de interés público.

Se trata de una donación dineraria, modal y finalista que cumple los siguientes requisitos:

*La entrega se realiza sin contraprestación directa de los beneficiarios

*La entrega está sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular

*El proyecto, la acción, conducta o situación financiada ha de tener por objeto el fomento de una actividad de utilidad público o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Regulación: Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones ,Caracteres comunes de las subvenciones

*Necesaria cobertura presupuestaria

*Carácter no lucrativo. Su importe total en ningún caso debe superar el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario

*No debe afectar a la situación de competencia en el mercado

Principios de las subvenciones

*Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación

*Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante

*Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos

El procedimiento de concurrencia competitiva cuenta con tres fases:

1) Iniciación (siempre de oficio), que se lleva a cabo mediante la aprobación y publicación de una convocatoria en la que constan los datos básicos de la subvención, los requisitos que han de cumplir los solicitantes y la documentación que deben acompañar, los criterios de valoración y los plazos.

2) Instrucción, que consiste en la evaluación y clasificación de las solicitudes, si bien la propuesta debe ser previamente informada por un órgano colegiado.

3) Terminación por resolución motivada (seis meses). Silencio negativo


TEMA26-LA EXPROPIACIÓN FORZOSA


T26-justiprecio


El problema principal de la expropiación forzosa es la determinación del precio que deba pagarse, que por ser de obligada aceptación para los sujetos de expropiación, debe sujetarse a un procedimiento legalmente determinado y por ello recibe la denominación de justiprecio , que alude a la finalidad de encontrar el precio justo. No obstante la ley de propiedad a cualquier acuerdo entre las partes y sólo si no se logra comienza el procedimiento de determinación de justiprecio.

-La correspondiente indemnización se contempla en el artículo 33 de la C.E. Como la principal garantía del expropiado, la LEF. El procedimiento de determinación del justiprecio debe hacerse en pieza separada para cada uno de los propietarios para la formula de bienes expropiados. Y comienza requiriendo al propietario para que formule una Hoja de Aprecio valorado el bien, que debe ser motivada y puede ser avalada por perito. Si la administración acepta la valoración se produce el acuerdo, en caso contrario, la Administración expropiante realiza su propia Hoja de Aprecio y la remite al propietario, que puede aceptarla (producíéndose el acuerdo) o rechazarla.

En este último caso el expediente pasa a un órgano colegiado de la Administración, denominado Jurado provincial de expropiación, que es el que fijará el justiprecio en vía administrativa.

Debe señalarse que un gran número de CCAA han creado sus propios Jurados de expropiación y su competencias se relacionan con las expropiaciones realizadas por la CCAA o por las Corporaciones locales, de modo que el Jurado provincial de expropiación ha quedado reglado a las expropiaciones estatales.

La resolución del jurado pone fin a la vía administrativa, es susceptible , por tanto de recurso, de reposición, con carácter facultativo y en todo, caso, de recurso contenciosos

administrativo, siendo los Tribunales de lo contencioso administrativo quienes fijarán definitivamente el justiprecio si se llega a estar vía jurisdiccional.

T28-LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS:


T28-la potestad sancionadora

-la protección del dominio público marítimo-terrestre se cierra con la atribución a la Administración de una poderosa potestad sancionadora cuya regulación está recogida en la Ley de Costas de 1988.

-La técnica empleada por la ley para describir las infracciones y su graduación se singulariza por establecer una primera enumeración de conductas ilegítimas, que se concretan después en supuestos considerados como faltas graves, calificándose las restantes conductas que no encajan en esta tipificación como faltas leves. De infracciones, en general, se califican las acciones u omisiones

que causen daños o menoscabo del demanio marítimo.

-En cuanto a la prescripción, las infracciones graves prescriben a los cuatro años, y por el transcurso de un año antes de su Comisión, las leves. No obstante, se declara imprescriptible la acción de reparación del daño causado.

-En la concepción de la autoría, la Ley de Costas amplía el concepto de autor para incluir en él, además de los titulares de las autorizaciones y concesiones cuando incumpliesen las condiciones de éstas, al promotor de la actividad, al empresario que la ejecuta y al técnico director de la misma.

-La ley considera también autores de las infracciones a los otorgantes de títulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la ley y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a terceros.

-Las sanciones previstas consisten en multas de cuantía ilimitada, pues se contempla la hipótesis de la multa de cuantía superior a los 100 millones Ptas a imponer por el Consejo de ministros y de 200 millones a imponer por CCAA en caso de vertidos industriales y contaminantes.

-Por último, la ley establece determinadas prevenciones sobre el procedimiento sancionador, admitíéndose la acción pública ante los órganos administrativos y los tribunales y articulándose un trámite de suspensión de las obras ilegales en curso de ejecución.

-La efectividad de la suspensión de la ejecución cuando se acuerde se condiciona a que el sancionado garantice su importe.

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