2republica

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Tras la dimisión de Primo de Rivera en 1930 los partidos republicanos se reunieron y firmaron el Pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a llevar a cabo una instauración de la república en España. Pacto al que meses más tarde se unieron el PSOE y la UGT. De esta manera, el 12 de abril de 1931 se convocaron unas elecciones que dieron a los republicanos la victoria. Así, el 14 de abril de 1931, se proclamó la II República, cambiando por tanto el régimen político.
La proclamación de la República permitió el acceso al poder del Gobierno Provisional, cuyo objetivo principal fue la convocatoria de elecciones generales a Cortes Constituyentes. Además, cabe destacar que este Gobierno Provisional estaba formado por todos los partidos importantes del republicanismo, sin dejar fuera ninguno.
Las acciones más inmediatas acometidas por el Gobierno Provisional fueron de tres tipos: sociales, militares y de política territorial y autonómica.
Se promulgó una legislación de carácter social: se prohibió la contratación de jornaleros fuera del municipio; se aprobó la jornada laboral de ocho horas; y la Ley de Jurados Mixtos amparó a los jornaleros y pequeños arrendatarios rurales mediante un decreto que impedía su desahucio.
Se reformó el ejército, atrasado técnicamente y abarrotado por la cantidad de mandos: La Ley de Retiro logró que unos 7500 oficiales abandonaran el ejército; se suprimió la Academia General de Zaragoza; se derogó la vieja Ley de Jurisdicciones; y se redujo el número de capitanías generales.
En cuanto a la cuestión autonómica el asunto más delicado fue la cuestión catalana, que se había proclamado Estado catalán. A la nueva legalidad republicana se adecuó la situación mediante la constitución de un gobierno provisional de Cataluña (la Generalitat).
Por otra parte, los primeros meses de gobierno estuvieron protagonizados por diferentes conflictos, tanto religiosos como huelguísticos (organizados por la CNT).
Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron el 28 de junio de 1931, siendo la victoria para la conjunción republicana y socialista, que contaban con la mayoría de los diputados de la cámara. La representación de los partidos conservadores fue muy escasa. Además, desde el punto de vista social, las Cortes incorporaron a la vida política a las nuevas clases medias urbanas.
El texto constitucional fue elaborado y aprobado el 9 de diciembre de 1931, siendo el objetivo de la Constitución construir un régimen político de carácter democrático, parlamentario, laico, moderno y descentralizado: España se definió como una república democrática de trabajadores de toda clase; se reconoció el derecho a votar de la mujer; y se regularon medidas de protección social y cultural de los ciudadanos. Además, se concedió prioridad a los derechos del Estado sobre los individuales.
En cuanto a la división de poderes, la Constitución privilegiaba el poder legislativo sobre los demás: Las Cortes constaban de una sola cámara, con capacidad de iniciativa legislativa; los gobiernos debían lograr la confianza del Parlamento; los conflictos entre poderes se confiaban a un Tribunal de Garantías Constitucionales; y apareció una nueva figura, la de Presidente de la República, de elección indirecta, que tenía capacidad de veto en la elección de los candidatos a presidentes del ejecutivo.
Con respecto a la política religiosa, el objetivo de la Constitución era lograr una sociedad secularizada: se aprobaron la libertad de cultos y el matrimonio civil; se prohibió ejercer la enseñanza a las congregaciones religiosas; y se suprimió la compañía de Jesús.
En la organización social, la Constitución consideraba la República como un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Circunstancia que abrió la posibilidad e elaborar estatutos de autonomía y de constituir regiones autónomas.
Además, cabe destacar una extensa serie de derechos individuales y un conjunto de derechos sociales: acceso a la seguridad social, salario mínimo, etc.
Se limitó el derecho a la propiedad, ya que era susceptible de expropiación forzosa por motivos de utilidad social, aunque siempre con indemnización. Algunos servicios de interés común fueron nacionalizados.
En el bienio reformista (1931 - 1933), aparte de la cuestión religiosa y militar, destacaron la reforma agraria y la puesta en práctica de las autonomías regionales. El problema central de este bienio fue que su programa se desarrolló en un momento de fuerte polarización social y de profundo antiparlamentarismo en el entorno europeo.
El presidente del gobierno fue Azaña (en octubre de 1931), siendo una de sus primeras acciones la aprobación en las Cortes de la Ley de Defensa de la República, una medida preventiva frente a cualquier posible ataque.


Una vez aprobada la Constitución, se acordó la continuidad de las Cortes y se elevó a la presidencia de la República a Alcalá Zamora.
La composición del gobierno de Azaña trataba una alianza entre los republicanos de izquierda y los socialistas, pero la oposición por los socialistas suponía apostar por una incorporación del socialismo reformista al gobierno de los radicales, lo que supuso la primera escisión de la vieja alianza republicana.
En cuanto a la Ley de Reforma Agraria (1932), se creó debido a la desigual distribución de la propiedad de la tierra. Esta ley consistía en expropiar los grandes latifundios mal explotados y repartir las tierras entre comunidades de campesinos. La expropiación se hacia con indemnización proporcional a la tierra poseída. Para esto, se creó la IRA (Instituto de Reforma Agraria). No obstante los resultados fueron limitados, debido a la escasez de presupuesto para indemnizar a los propietarios, la complejidad para llevar a cabo el proceso, la fuerte oposición social de las regiones latifundistas, la lentitud de la burocracia de la IRA y las propias contradicciones de la dirección política de la reforma. Esto, conllevó al aumento de la tensión social y a la conflictividad en el campo, provocada por la decepción de los campesinos.
Con respecto al Estado integral y las autonomías, la solución se recogió en la Constitución de 1931, en la que se reconocía la posibilidad de que algunas regiones pudieran elaborar sus estatutos de autonomía y organizar su propio gobierno, dentro de un Estado definido como integral, ni unitario ni federal.
Desde finales de 1932, la coalición azañista comenzó a sufrir la oposición parlamentaria del Partido radical de Lerroux, al que progresivamente se fueron agregando otras fuerzas de la derecha, monárquicas o católicas. Además, en la oposición política se encontraba la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), y la oposición social procedía tanto de organizaciones patronales industriales o agrarias, como del movimiento obrero y campesino. Con todo esto, en septiembre de 1933, éste otorgó la presidencia del gobierno a los radicales.
Con la subida de la derecha al poder se inicia el bienio contrarreformista, que va desde las elecciones de 1933 a las del Frente Popular en 1936, y que se caracterizó por una situación de bloqueo.
En las elecciones de noviembre de 1933 los partidos políticos que habían gobernado hasta ahora, republicanos de izquierda y socialistas, sufrieron una clara derrota, en parte debido al hecho de haber concurrido desunidos las elecciones.
Los primeros gobiernos del bienio derechista fueron ocupados por los radicales, con el apoyo de la CEDA. Su programa político consistió en rectificar o suspender algunas de las reformas del período de Azaña, sin proponer nuevas alternativas.
Ante el sesgo que estaba tomando el gobierno de los radicales, cada vez más pendiente de la estrategia de la CEDA, los socialistas radicalizaron sus posiciones, anunciando un movimiento general revolucionario si la CEDA era llamada al gobierno.
A principios de octubre de 1934, Lerroux confió tres ministerios a miembros de la CEDA, lo que condujo a los sucesos de octubre de 1934.
Los socialistas organizaron una convocatoria de insurrección el 5 d octubre, pero el eco obtenido fue muy desigual en España, en Asturias, donde la UGT y CNT actuaron unidas, tuvo lugar una auténtica insurrección de carácter armado.
Tras dichos sucesos, los partidos republicanos de izquierda se agruparon en dos grandes bloques políticos, Izquierda Republicana y Unión Republicana, y apostaron por un entendimiento con los socialistas, que desembocó finalmente en la alianza del Frente Popular.
Las últimas elecciones de la República tuvieron lugar el 16 de febrero de 1936.Se presentaron a ellas muchos partidos, pero agrupados en dos grades bloques políticos: el frente de contrarrevolución, nucleado en torno a la CEDA; y el Frente Popular, en el que participaron partidos republicanos de izquierda, regionalistas y socialistas y comunistas.
La victoria en estas elecciones fue para el Frente Popular.
El nuevo gobierno fue estrictamente republicano, sin participación de los socialistas. En general, el gobierno de Azaña, trató de restaurar la política del primer bienio, incluyendo una posición más favorable a la tramitación de los estatutos de autonomía del País Vasco y Galicia.
No obstante, las posiciones más radicales fueron ganando terreno en sus propuestas políticas. Los sindicatos UGT y CNT organizaron una importante movilización obrera y numerosas huelgas.
De esta manera, el punto de encuentro de esta polarización política y social fue la lucha callejera, que se convirtió en el escenario de una intensa violencia política. Además, los asesinatos políticos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo en julio de 1936 acabaron por acelerar la sublevación militar, con la que comenzó una larga guerra civil.
En resumen, los desafíos que tuvo que afrontar el nuevo régimen republicano fueron variados pero podemos destacar tres: la construcción de un poder civil fuerte; la reforma de la estructura económica y social avanzada y la organización territorial del Estado (integral compatible con autonomías regionales. Además, la coyuntura histórica era de crisis económica mundial y polarización política en Europa (fascismo y democracia).
La firme decisión tomada por poderosos grupos socieconómicos e importantes jefes militares de destruir la República mediante un golpe de fuerza para impedir el desarrollo de reformas que amenazaban sus intereses, fue el hecho que desencadeno la Guerra Civil.

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