Tema18b

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un contrato de compraventa la legitimación viene determinada por la cualidad de vendedor y comprador; en un desahucio por el de arrendador y arrendatario).
La legitimación es, pues, una relación jurídica material y, como tal, forma parte de la fundamentación de la pretensión, de tal suerte que, sin en el proceso se constata su ausencia, ha de originar una sentencia de fondo y con todos los efectos de la cosa juzgada (sin en un proceso de desahucio se comprueba que el arrendador en realidad no lo era, la sentencia será desestimatoria y nunca más ese supuesto arrendador podrá volver a promover el desahucio contra el arrendatario que ha sufrido el proceso.) Pero la carga procesal de determinar la legitimación, tanto activa como pasiva, incumbe
exclusivamente al actor. Si viniera a faltar alguna de ellas será el demandado quien, a través del planteamiento en el escrito de contestación a la demanda de la oportuna excepción de “falta de legitimación activa o pasiva”, podrá obtener una sentencia desestimatoria de la pretensión.
b) Objetivos. Los elementos objetivos de la pretensión vienen determinados por la petición, de un lado, y la fundamentación fáctica y jurídica, de otro.
La petición es la declaración de voluntad a la que se contrae la pretensión. Dicha declaración se suele plasmar en el “suplico” o “solicito” de los escritos de alegaciones de las partes y en él se individualiza la pretensión, permitiendo inferir su naturaleza (declarativa, constitutiva o de condena), a la vez que se
determina también el objeto del proceso sobre el que versará la actividad decisoria del Juez. Por esta razón, la petición establece los límites de la obligación de congruencia judicial, de tal modo que el órgano jurisdiccional no podrá otorgar, en su sentencia, más de lo pedido por el actor, ni menos de lo resistido por el demandado, ni cosa distinta a los solicitado por ambas partes en sus respectivas peticiones.
Pero la petición, por sí sola, no constituye el objeto del proceso, sino que precisa de una causa petendi
o fundamentación fáctica. Los jueces son enteramente dueños de la aplicación del Derecho y, por tanto, no están vinculados por las invocaciones jurídicas que efectúen las partes en sus escritos de alegaciones.
Por consiguiente, el objeto del proceso queda integrado en nuestro ordenamiento por la petición más la
fundamentación fáctica, con las propias peculiaridades de las distintas tipologías de procesos, es decir, así en el proceso civil, es la petición la que determina la congruencia (lógica). Por el contrario, en el proceso penal, el objeto procesal penal viene integrado por la fundamentación fáctica o hecho punible.
CLASES DE PRETENSIONES.
Las pretensiones pueden clasificarse en declarativas, de condena y constitutivas. En las pretensiones declarativas de lo que se trata es de obtener del Juez el reconocimiento o la declaración de preexistencia jurídica de un determinado derecho subjetivo o situación jurídica individualizada (que el
juez declare la existencia de una determinada servidumbre o la nulidad radical de un contrato por falta de concurrencia de sus elementos constitutivos). Las pretensiones de condena están dirigidas a la condena judicial del deudor al cumplimiento de una determinada prestación de dar, hacer o no hacer
(así, todas las reclamaciones de cantidad en las que se solicita la condena al pago de una suma dineraria, la petición de condena a la demolición de una obra, etc.) Las pretensiones constitutivas tienen por objeto conseguir la creación, modificación o anulación de un derecho o de una situación jurídica, limitándose al ámbito de la familia (declaraciones paterno filiales de estado civil o la
incapacidad), y en determinadas relaciones del Derecho mercantil (impugnaciones de acuerdos sociales, etc.), y en el Derecho público (impugnación de actos administrativos, reglamentos ilegales, etc.)


En el proceso civil tienen cabida todas y cada una de las referidas pretensiones, en tanto que en el proceso penal las pretensiones son siempre de condena
REQUISITOS FORMALES.
La pretensión ha de reflejarse en el escrito de alegaciones de las partes destinado a tal efecto. En la inmensa generalidad de los casos dicha declaración de voluntad es planteada por el actor en su escrito de demanda, pero excepcionalmente puede ocurrir que, frente a la demanda, el demandado no se limite
a contestarla, sino que formule, a su ver, una nueva pretensión contra el actor; dicha pretensión, que de formalizarse en el escrito de contestación a la demanda, se denomina reconvención y, mediante ella, pasa el demandado a asumir el rol de actor (A demanda a B en reclamación de cantidad; B contesta a la demanda y afirma que no sólo no debe nada a A, sino que además pide al Juez que condene a A al pago de otra cantidad). Pero, en otros procesos, el momento del ejercicio de acción y el de la interposición de la pretensión aparecen distanciados procedimentalmente (en Contencioso Administrativo y penal). En el proceso penal, la acción se ejercita en la querella y demás actos de iniciación del proceso y la pretensión se deduce en los escritos de calificación provisional o acta de acusación.
5 LA FUNCIÓN DEL PROCESO.
El proceso, como todo proceso heterocompositivo, está arbitrado para la solución definitiva e irrevocable, a través de la aplicación del derecho objetivo, de los conflictos intersubjetivos y sociales que en él se planteen. Esta es la función genérica del proceso. Pero, atendiendo a su relación con el objeto procesal, puede destacarse otra más específica: la de la satisfacción de las pretensiones y resistencia. La satisfacción procesal ha de ser jurídica, razonada, eventualmente completa, estable y práctica.
JURÍDICA
La primera nota que diferencia la satisfacción procesal es la de estar fundada en el derecho objetivo.La sentencia contendrá una declaración de hechos probados, los fundamentos de derecho y el fallo.
RAZONADA.
Pero la aplicación del derecho no puede efectuarse de una manera arbitraria. En el actual Estado de Derecho no sólo hay que cumplir con el deber de motivación, sino que también le está vedado al Juez seleccionar caprichosamente la norma aplicable. La satisfacción jurídica ha de ser razonada y
razonable. Para garantizar este requisito de la sentencia existen los medios de impugnación (el recurso de apelación por vicios in indicando) y, en última instancia, el recurso de amparo por infracción del derecho a la tutela.
COMPLETA.
Al actor el ordenamiento le garantiza la posibilidad de obtener una satisfacción completa de su pretensión. Los Jueces han de ser congruentes en las sentencias con las pretensiones que se les planteen. Si otorgaran una satisfacción parcial o incompleta la parte afectada habría experimentado un gravamen que le legitimará para la interposición del correspondiente recurso. El proceso no garantiza una satisfacción total de cualquier pretensión, sino tan sólo de aquellas que son legítimas. Lo que sí garantiza es la posibilidad de obtener una satisfacción completa si el actor logra demostrar que le asiste la razón jurídica en toda su integridad.
ESTABLE.
La satisfacción jurídica debe ser permanente e irrevocable; de lo contrario, la sentencia no tendría otro valor que el de un consejo y la insatisfacción podría reproducirse nmediatamente. Para dotar de “inmutabilidad” a la sentencia surge la institución de la “cosa juzgada”, es decir, que el demandante y
demandado no podrán litigar por la misma causa, pues es cosa juzgada.
PRÁCTICA.
Pero la satisfacción jurídica, finalmente, no puede ser platónica, sino real o práctica. Otro de los efectos positivos de la cosa juzgada es su ejecutoriedad y, por la misma, para llevar a cabo en su propios términos los fallos de los Tribunales existe el proceso de ejecución, ejecución forzosa o vía de
apremio. La potestad jurisdiccional no sólo consiste en juzgar, sino también en hacer ejecutar lo
juzgado (117.3 CE).